Deuda Correo Argentino

Imputaron penalmente a Laura Alonso por proteger a Macri en la causa del Correo

La fiscal federal Paloma Ochoa decidió abrir una causa penal contra la titular de la Oficina Anticorrupción por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia

martes 13 de noviembre de 2018 - 12:52 pm

La Oficina Anticorrupción, el organismo liderado por Laura Alonso, había quedado en el ojo de las críticas tras negar que el presidente, Mauricio Macri, hubiera cometido una falta ética en la causa del Correo Argentino.

Ahora, la Justicia decidió abrir una causa penal para investigar si Alonso, al desestimar una investigación interna contra el presidente, cometió los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La denuncia contra Alonso fue presentada inicialmente por diputados nacionales del Frente Renovador y la fiscal federal Paloma Ochoa dio curso a la investigación.

Ahora, la causa quedará a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.

Denuncia inicial

El 17 de octubre pasado, los diputados nacionales Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron a la Oficina Anticorrupción por haber dictado la resolución 2018-24 “cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades” a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.

Alonso, en el dictamen que realizó en octubre pasado, sostuvo que ninguno de los tres funcionario cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.

Asunto de fondo

Correo Argentino es una empresa que estuvo vinculada a la familia presidencial y que mantenía desde el 2001 una deuda con el estado por originalmente 296 millones de pesos por el canon por la privatización. El actual Gobierno llegó a un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda, pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso y pidió rechazarlo por “abusivo y perjudicial” para el Estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

Tras conocerse la decisión de la fiscal de la Cámara Comercial, se generó un importante revuelo mediático que obligó al gobierno a retirar la propuesta de cobro de la deuda.

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