Política

Como último gran gesto al sindicalismo, el Gobierno frena la reforma laboral

La estrategia del Ejecutivo es bajar la conflictividad social y sabe que el sindicalismo es un eje central para ello; en el mismo sentido fueron consensuados el bono de $5.000 y el cepo a los despidos

martes 13 de noviembre de 2018 - 11:49 am

Finalmente, y como era esperado, Dante Sica le ganó la pulseada interna a Jorge Triaca. El nuevo ministro de Producción y Trabajo busca monopolizar el poder y alinear una política de “consenso” con las centrales obreras. Se acerca fin de año y el Gobierno no quiere llegar a diciembre con un clima de conflictividad social, por lo cual ya puso en marcha un plan de “paz” con el sindicalismo.

Los primeros gestos fueron las intenciones de negociación tanto con el empresariado como con los principales dirigentes de la CGT. Fue así que se acordó un bono compensatorio de $5.000 para los trabajadores del sector privado, mientras que los del sector acordaron ayer un aumento y se contempla eventualmente un plus para planes sociales y jubilados.

A estas medidas se suma el freno a la reforma laboral, un tema candente que en este contexto de conflictividad social se hace complicado de llevar a cabo, pese a los continuos pedidos de las principales cámaras empresariales. Es quizás el gesto más fuerte del Gobierno hacia el sindicalismo para suavizar las relaciones.

En poco tiempo, Sica logró bajar la hostilidad con los gremios y por ello, se ganó una legítima buena posición en la mesa chica del Gobierno.

Esta nueva etapa tendrá su inicio formal hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia que ayer firmó Macri y que contiene dos capítulos: uno, el pago del bono no remunerativo en dos cuotas iguales de $2.500 con los salarios de noviembre y enero para todos los trabajadores del sector privado con excepción de los rurales y el personal doméstico, sometidos a convenios laborales específicos y para quienes se negociarán adicionales por separado.

El DNU habilitará la posibilidad de tomar el monto a cuenta de futuros incrementos en la actual ronda de paritarias o incluso de arreglos previos alcanzados de manera suplementaria a la negociación inicial de cada gremio con el sector empresario. Las compañías en situación crítica podrán pedirles a los sindicatos modificar el monto o los plazos de pago del bono en el ámbito de su convenio colectivo de trabajo.

El segundo capítulo del decreto será la creación de una nueva instancia administrativa, de cumplimiento obligatorio, previo a la ejecución de un despido por parte de las empresas. Diez días antes de concretar la cesantía el empleador deberá comunicarla al Ministerio de Producción y Trabajo que, a su vez, podrá formar una mesa de diálogo con el sindicato de la actividad y la compañía para explorar una solución alternativa. Se trata de un mecanismo que correrá en paralelo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, de constitución también obligatoria para los privados que encaran un proceso de despidos masivos, pero que regirá hasta el 31 de marzo.

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