Opinión

Argentina ¿un país “de puertas abiertas”?

Ignacio Odriozola

Abogado (UBA). Investigador (RESAMA) y docente universitario (UBA)

La reciente detención de cuatro extranjeros en las cercanías del Congreso Nacional durante el debate del Presupuesto, reabrió el debate en la Argentina sobre la política migratoria a seguir; un repaso histórico

viernes 2 de noviembre de 2018 - 11:58 am

En el contexto del debate sobre el Presupuesto 2019, las protestas entorno al Congreso de la Nación dejaron un saldo de veintisiete personas detenidas. Cuatro de ellas no eran de nacionalidad argentina: dos eran venezolanas, una paraguaya y otra turca. El Gobierno propuso su “inmediata expulsión” y a partir de ello, tanto en la arena política como en los medios de comunicación, se restableció la discusión sobre la inmigración en nuestro país y la concatenación de asimilaciones que suelen acompañar este asunto: delincuencia, irregularidad, menos puestos de trabajo, fronteras porosas, etc.

En esta misma línea, el senador Miguel Ángel Pichetto no perdió oportunidad para hacer referencia a los “inmigrantes ilegales” y destacar la condición de Argentina como un país “totalmente generoso, estúpido e ingenuo”.

Antes de avanzar en la lectura de esta columna, a quien esté leyendo le propongo un primer desafío: que a partir de hoy, y para hablar con propiedad, evite implementar el término “ilegal” para referirse a las personas en general y a los inmigrantes en particular. La ilegalidad es la consecuencia de una conducta delictiva que lógicamente se aparta de lo legal y que conlleva una sanción. En otras palabras, las personas no son legales o ilegales, sino que sus actos lo son. Por ende, un migrante, por ejemplo, sin documentos, se encuentra “irregular”: no cometió un delito sino una falta administrativa que lo coloca en una situación que puede ser subsanada mediante su “regularización”.

Aclarado ello, continuemos con el segundo desafío: una pregunta que suele poner en jaque la percepción de las argentinas y los argentinos. ¿Cuál es el porcentaje de inmigrantes -sobre la población total- que vive en nuestro país? He llegado a oír respuestas de las más variadas e incluso algunas exorbitantes que aseguraban que en el país un sesenta por ciento de la población es extranjera.

Según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el porcentaje de inmigrantes que reside aquí tan sólo es de 4,9%, es decir, 2.164.524 de personas sobre el total de 44.271.041 de habitantes. Por cierto, un porcentaje muy por debajo de países como Suiza (29,5%), Australia (28,4%) o España (12,7%), por mencionar algunos.

En el imaginario colectivo, la idea de Argentina como un país “de puertas abiertas” se encuentra suficientemente arraigada. Esta consideración, si bien no es errada, cuanto menos podría resultar exagerada cuando examinamos la historia normativa de la inmigración en nuestro país, que podría distinguirse en tres etapas que acapararon, cada una de ellas, aunque con matices, los tres siglos que ha transitado la Argentina.

Durante el Siglo XIX, el primer decreto del Primer Triunvirato, firmado el 4 de septiembre de 1812, afirmaba en su artículo 1 que “el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de todos los derechos del hombre en sociedad”.

Esta moción se sostendría y, cuarenta años más tarde, sería respaldada por Juan Bautista Alberdi, padre fundador de la Constitución Nacional, que en 1852 escribió en su célebre libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina que (en América) “Gobernar es poblar”. La propuesta de poblar aquello que Alberdi denominó un desierto, nuestro territorio, también se condecía con el ideario del movimiento romántico -de romanticismo- que entendía a la población como sinónimo de crecimiento económico, de poderío militar y como una estrategia para fijar las fronteras difusas de un país joven.

Un año más tarde, el Preámbulo de la Constitución Nacional abriría sus puertas a “todos los hombres (y mujeres) del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, y establecería una serie de derechos, como la igualdad ante la ley, el trabajo o el debido proceso, que alcanzarían a cada uno de los habitantes, es decir, a quienes habitan nuestro país sin importar su nacionalidad y sin distinción alguna. Incluso más, en su artículo 20 equipararía en derechos civiles al inmigrante y al nacional.

Finalmente, en 1876, la Ley N° 817 sobre Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda, sería la primera en poner en funcionamiento la maquinaria estatal para lograr “colonizar” el país: transporte, comida, tierras y alojamiento a expensas de la nación.

No obstante, el Siglo XX se iniciaría con un giro hacia una visión restrictiva y prohibitiva de la inmigración, motivada en el incipiente crecimiento de los movimientos anarquistas provenientes de Europa. En 1902, se sancionaría la Ley N° 4144 de Residencia, que autorizaría a expulsar del país, sin garantías mínimas ni juicio previo, a cualquier extranjero cuya conducta comprometiera la seguridad nacional. Ocho años más tarde, la Ley N° 7029 de Defensa Social, prohibiría la entrada a los que tuvieran condenas por delitos comunes, a los anarquistas y, a modo de cheque en blanco, a “personas que profesan o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general; o contra las instituciones de la sociedad”.

El recrudecimiento normativo no impediría que en 1914 se alcanzara el porcentaje máximo histórico de inmigrantes en el país: 29,9% sobre el total de la población.

Hotel de los Inmigrantes, sitio que servía de morada temporaria para los recién llegados al país

Sin embargo, la línea de endurecimiento normativo y de facto se mantendría. Los sucesivos gobiernos -democráticos o dictatoriales- realizarían vía decreto distintos emparches a la ley vigente, tornando el ingreso o la permanencia en la Argentina cada vez más dificultosa: se exigirían convenios de trabajo, se avalaría la discreción selectiva del “prototipo” de migrante, se establecerían categorías con derechos fragmentados o se autorizaría sin rodeos el despido del inmigrante “trabajador ilegal” y sin indemnización.

En 1981, se implementaría el Decreto-ley 22.439, denominado Ley Videla, el hito más restrictivo en materia de política migratoria, que se encargó de reducir a la mínima expresión los derechos de este colectivo colocando a un gran número de inmigrantes en un estado de excepción. Sustentada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, permitió las razzias policiales y las detenciones sin autorización judicial previa, respaldó el allanamiento de hogares donde se sospechaba que podría haber un migrante irregular, obligó a funcionarios de establecimientos hospitalarios o educativos a denunciar al “indocumentado” y cercenó cualquier posibilidad de radicación de aquél que se hallaba irregular en el país.

Este Decreto-ley se mantuvo vigente y operativo durante tres períodos democráticos consecutivos y, de esa forma, el Siglo XXI recibiría al país con el mínimo histórico de inmigrantes: 4,2 % sobre el total de la población.

Sin embargo, en un contexto de mayor promoción de la integración regional sumado a los esfuerzos de la sociedad civil y a una solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2003, el Congreso de la Nación sancionaría por unanimidad la actual Ley N° 25.871 de Migraciones y con ella se daría inicio a una nueva oportunidad: reabrir las puertas del país.

Celebrada por la ONU, esta ley modelo introduciría el novedoso “derecho humano a migrar”, acompañado de una serie de derechos y garantías que igualan y no discriminan a la persona migrante del nacional, que garantizan acceso a derechos básicos sin importar la condición migratoria, que protegen la unidad familiar o que favorecen la regularización de aquellos que se encuentran en territorio argentino de manera irregular; en definitiva, esta ley apuntó a alinear la política migratoria con el mandato constitucional. Tal sería su repercusión, que la norma se transformó en faro para la región y sería replicada en otros países como Uruguay, Bolivia o Ecuador.

Hagamos una pausa.

Probablemente, quien esté leyendo esta nota se alarme y se pregunte si fue esta ley “benévola” la encargada de fomentar el “desbande” o la “alarma” que -nos quieren hacer creer- hoy atraviesa el país en materia migratoria. Desafiaré nuevamente su percepción: en el año 2010, digamos, seis años después de la entrada en vigor de dicha ley, el último censo registró un aumento de 0,3% de la población migrante respecto de 2001, es decir, alcanzó el 4,5% sobre el total de habitantes de la Argentina. Moraleja: una puerta abierta no implica necesariamente ingresar a la casa.

Pero el Siglo XXI continúa.

En enero de 2017, bajo el argumento de una “situación crítica”, el Gobierno actual, en línea con la historia de la normativa migratoria del país, modificó la mencionada ley a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 (DNU). Allí, entre otras cosas, estableció el Proceso Migratorio Especial Sumarísimo, acotando severamente los plazos para expulsar a migrantes del país y obstaculizando el derecho de defensa en juicio, ensanchó las causales que impiden ingresar o permanecer en el territorio y avaló la retención (eufemismo para el término detención) de inmigrantes por el plazo de 30 días, prorrogable por otros 30 días, para proceder en ese lapso a expulsar a la persona de la Argentina.

Definitivamente, el DNU representó una regresión al Siglo XX y un apoyo a la retórica política que prima en este desordenado mundo actual, que coloca al inmigrante, a la minoría, en el lugar de “responsable de todos los males”: pobreza, desempleo, crisis económica, y una larga lista de penurias.

Como mencionaba anteriormente, el debate sobre la inmigración en el país ha regresado. Así, luego de este breve recorrido histórico sobre la normativa migratoria, le propongo que volvamos sobre la pregunta inicial: Argentina ¿es un país “de puertas abiertas”?

Creería acertado decir que existe un largo trecho entre los dichos y los hechos. Las puertas han estado abiertas, sí, y en efecto hemos sido un verdadero país receptor de inmigrantes. Sin embargo, parecería que nunca logramos asumir -con excepción de pequeños fragmentos históricos-, ni desde un plano normativo ni desde un plano social, que la inmigración es parte constitutiva de la Argentina.

De manera sucesiva se han impuesto trabas, obstáculos y prohibiciones tendientes no sólo a vulnerar derechos constitucionalmente reconocidos a los habitantes del país sino a restringir el ingreso o a criminalizar a quienes residen en la Argentina. Aún a pesar de los avances logrados a inicios de Siglo XXI, la inercia y el equilibrio de un curso de acción sostenido parecería haber generado un modelo difícil de romper.

Entonces, no basta con repetir la muletilla “de puertas abiertas” para que ésta sea real si no se trabaja para que la sociedad, comenzando por las cúpulas políticas, máximas responsables de velar por el Estado de Derecho y la democracia, acepte que las puertas se abran.

En este llamado a la reflexión, podríamos empezar por acordar que las personas migrantes no pueden ser un argumento al alcance de la mano para desviar la atención de otros asuntos tan urgentes como importantes.

Seguidamente, si no es mucho pedir, sería prudente establecer de manera consensuada y con amplia participación, una política migratoria lineal con perspectiva en derechos humanos, acompañada de políticas públicas que fortalezcan el respeto y la tolerancia entre los habitantes, promuevan la interculturalidad y la integración social de los migrantes, y que acompañen -en definitiva- la voluntad de los constituyentes.

Tal vez así, la Argentina sea verdaderamente ese país que alguna vez quiso ser: “de puertas abiertas”.

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