Deuda Correo Argentino

Correo Argentino: Michetti cerró por decreto la investigación administrativa contra el Gobierno

Este martes salió publicado en el Boletín Oficial la decisión de la vicepresidenta, una semana después de que el jefe de Estado se "excusara" de tomar decisiones sobre el tema; aún hay dos causas abiertas en la Justicia

martes 16 de octubre de 2018 - 1:29 pm

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, cerró hoy por decreto la investigación administrativa contra el Gobierno por presuntas irregularidades administrativas al aceptar una oferta del Correo Argentino, empresa de la familia Macri, para liquidar una deuda que arrastra desde 2001.

La segunda del presidente, Mauricio Macri, rechazó hoy una apelación que había presentado el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el caso se siga investigando ya que no se habían instrumentado todas las medidas de prueba que había solicitado. A pesar de este pedido, Michetti rechazó la apelación y explicó que así “queda agotada la vía administrativa”.

La semana pasada, el  presidente, Mauricio Macri, se había “excusado” de tomar decisiones al respecto del escándalo que se conoció en 2016 y que frenó el acuerdo al que el Gobierno había llegado con la empresa Correo Argentino.

Si bien se cerró la investigación administrativa, aún persisten en la Justicia dos causas, una en el fueron Comercial y otra en el Penal. En este último están imputados el presidente Mauricio Macri, y el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, por la aceptación de la controvertida oferta de pago.

Cómo nació el escándalo

En 2001, la empresa de la familia Macri dejó de pagarle al Estado el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A mediados de 2016, la compañía hizo una propuesta para cerrar la deuda: pagar $296 millones en 15 cuotas anuales (que vencían en el 2033) con un interés del 7% anual.

Si bien el gobierno de Macri, a través del ministerio de Comunicaciones, aceptó la propuesta, la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo por “abusivo y perjudicial” para el Estado. Según la fiscal, aceptar esa propuesta implicaba una quita del 98,2% de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones.

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