Caso Odebrecht

Piden embargos por mil millones en la causa de las coimas del soterramiento del Sarmiento

El fiscal repasó las evidencias recolectadas en la causa, en donde aparece como crucial las confesiones de Luiz Mameri, un arrepentido de Odebrecht que contó cómo se organizaron los pagos en la Argentina para obtener el soterramiento

miércoles 3 de octubre de 2018 - 7:32 pm

El fiscal Franco Picardi pidió hoy un embargo de mil millones de pesos para las empresas y personas investigadas en la causa Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. También pidió designar un veedor judicial sobre el consorcio que lleva adelante en la actualidad la ejecución de la obra (denominado G&S).

Se trata de la causa que salpica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su colaborador más cercano, Manuel Vázquez. En esta causa también se investiga a empresarios como Ángelo Calcaterra y Manuel Sánchez Caballero (de la ex IECSA), Marcelo Odebrecht y Jorge Rodríguez.

La licitación fue otorgada a la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento integrado por las empresas IECSA, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora y Ghella SPA. Según lo confesado en Estados Unidos, el Grupo Odebrecht pagó sobornos “a funcionarios públicos de Argentina” entre 2007 y 2014 por más de U$S 35 millones.

Ya en noviembre Picardi había pedido embargos preventivos pero el juez no había hecho lugar y dispuso las indagatorias. La Cámara Federal, sin embargo, llamó la atención al juez y apuró el dictado de medidas cautelares.

Con ese guiño, Picardi redobló hoy su pedido, en donde subió los montos de las sumas a embargar por las fluctuaciones del dólar: según informó Infobae, Picardi solicitó embargar por 67 millones de pesos a Comsa SA; por 201 millones de pesos a Ghella spa; y por 201 millones de pesos a la Constructora Norberto Odebrecht SA.

Más duro todavía fue con Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), la empresa que pertenecía a Calcaterra y que fue comprada por Marcelo Mindlin: “Si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos. Pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de Iecsa SA, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para Sacde SA y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma Iecsa SA, Ángel Calcaterra, por este concepto”.

Para Picardi los sobornos no se limitaron a Odebrecht, la firma brasileña que reconoció en su país que era una práctica habitual las coimas para hacer negocios en Latinoamérica. El fiscal sostuvo que “la evidencia reunida el objeto procesal queda circunscripto en el posible pago de sobornos por parte de las firmas Constructora Norberto Odebrecth S.A, IECSA S.A, GHELLA Societa Per Azione y COMSA S.A. a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para lograr la adjudicación y continuidad de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno” de la Línea Sarmiento, proceso administrativo posiblemente direccionado que benefició al Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por las mencionadas empresas.

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