Conflicto mapuche

Denuncian que las tomas mapuches frenan inversiones por USD 50 millones en La Angostura

Propietarios se quejan por la "pasividad judicial" y acusan de complicidad a la municipalidad por no fiscalizar explotaciones comerciales ilegales dentro de predios tomados

domingo 16 de septiembre de 2018 - 12:26 pm

Surge un nuevo capítulo en la saga del conflicto territorial entre la comunidad indígena Paicil Antriao e inversores y propietarios de Villa La Angostura (VLA), supuesto enclave ancestral mapuche y refugio de descanso del presidente Mauricio Macri, la reina Máxima Zorreguieta y del turismo de alta gama.

Entre todos los destinos turísticos patagónicos, VLA es el que hoy concentra una mayor conflictividad, si se lo mide por el número de disputas patrimoniales que enfrentan los inversores privados. Aunque ninguno de esos pleitos se tradujo en agresiones explícitas incendiarias como en el caso RAM.

Según detalla el portal Infobae, hoy, una cotizada franja de 168 hectáreas en las áreas costeras y boscosas de los lagos Correntoso, sobre el cerro Belvedere, y del brazo norte del Nahuel Huapi son eje de denuncias y reivindicaciones cruzadas.

Existen más de una decena de predios tomados o en litigio y al menos una usurpación —la más reciente— efectuada de forma violenta por personas identificadas como ajenas a esa comunidad.

A raíz de esa incesante conflictividad se suspendieron diferentes proyectos inmobiliarios y turísticos de lujo. La inversión total en ese disputado rincón del Edén patagónico suponía unos USD 50 millones para la edificación de hosterías, un complejo de viviendas impulsado por Emanuel Ginóbili, un loteo premium de 86 hectáreas por parte de un fideicomiso junto a la proyección de un centro de convenciones con escuela de turismo internacional.

La aspiración de los inversionistas se enfoca en desarrollo de esa área casi virgen. También en romper con la estacionalidad turística y en arrebatarle a Bariloche una tajada del negocio de convenciones, con un centro boutique construido para tales fines, orientado al segmento europeo y estadounidense de altos ingresos.

Todo eso—argumentan los inversores— precipitaría el efecto derrame para una villa de montaña, cuya población estable de 16.000 habitantes se nutre mayoritariamente del turismo.

Desde la visión indígena, en contraposición, es la codicia de los inversores con la intrusión a sus “territorios comunitarios” la que no conoce límites. Por eso, las 51 familias mapuches, unas 200 personas—según apunta el werken de la comunidad Paicil Antriao, Florentino Nahuel—se han organizado para impedir que se vulneren lo que aseguran son sus dominios tradicionales. La lof ha consensuado una planificación territorial sui generis, denominada “del buen vivir” con parcelas asignadas a cada una de las familias, para que ellos y las futuras generaciones puedan desarrollarse en comunión con la naturaleza de acuerdo a su cosmovisión y modo de vida.

Desde hace años, los argumentos de unos y otros son los mismos. La justicia civil y penal tampoco dirime la disputa, imposibilitada por la ley 26.160, de relevamiento territorial, que prohíbe los desalojos.

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