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Política

Denuncian que una universidad pública usaba presupuesto para comprar Lebac

Según reveló un informe, existen serias irregularidades sobre el destino que la Universidad de la Defensa Nacional le dio a los fondos para trabajos académicos

Un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), realizado sobre la Universidad de la Defensa Nacional, que depende del ministerio de Defensa, arrojó severos cuestionamientos en la manera en que se utilizaron los fondos que deberían haber estado destinados para trabajos académicos pero que terminaron en la compra de LEBACS, es decir en la “timba financiera”.

La SIGEN también advierte sobre las presuntas irregularidades en la liquidación de vacaciones no gozadas correspondientes a autoridades superiores que renunciaron y después fueron recontratadas como monotributistas.

Otro descubrimiento fue la “errónea” liquidación de las cargas sociales de sus empleados “que llevaron a sucesivas declaraciones juradas rectificadas ante la AFIP” y el consiguiente “pago de intereses punitorios”; y hasta violaciones injustificadas de “mecanismos de compras” y la contratación de un banco de capitales privados para depositar el pago de haberes en vez del Banco Nación “como se debería haber implementado”.

Estos descubrimientos podrían terminar siendo investigados en la Justicia federal.

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Fuente Infobae

Política

Wado de Pedro criticó a la Justicia y afirmó que el veredicto contra Cristina “está cantado”

El ministro del Interior volvió a criticar a los jueces y fiscales que intervienen en la causa Vialidad y advirtió sobre el “deterioro del Poder Judicial”.

El Tribunal Oral Federal 2 fijó el 6 de diciembre como la fecha en que se conocerá la sentencia contra la vicepresidente, Cristina Kirchner, y el resto de los acusados en el marco de la causa de Vialidad. Desde la fiscalía se pidió una condena de 12 años de prisión contra CFK.

Previo a conocerse el veredicto, el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, habilitó para que Raúl Pavesi, Nelson Periotti y José Santibañes puedan hacer uso de su “última palabra” el próximo lunes a las 9:30, mientras que Juan Carlos Villafañe podrá hacerlo a la misma hora pero del martes.

A días de la sentencia, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, criticó a la Justicia y aseguró que el tribunal que juzga a la vicepresidenta tiene “una sentencia escrita hace rato”.  A su vez, agregó que la Vicepresidenta “viene diciendo hace rato que la sentencia está escrita hace rato, y también lo dicen algunos periodistas”. De Pedro, en ese punto, se preguntó “qué garantía tiene (Cristina Fernández) si Macri los invitó a su casa no sabemos cuántas veces”. En ese aspecto, consideró que se trata de un “fallo cantado”.

Wado de Pedro anunció que trabaja en un proyecto “para eliminar las legislativas”

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De esta manera, el ministro apuntó contra los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N°2. Ellos deberán determinar si Cristina Kirchner y los otros 12 acusados son absueltos o condenados y, en ese caso, por qué delitos y con qué penas. Los fundamentos de la sentencia se difundirán el año próximo.

Causa Vialidad | Cristina Kirchner habló antes de que se fije fecha para el veredicto: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

“Nos preocupa y le preocupa a gran parte de la sociedad el estado en el que está una parte del Poder Judicial. Cuando era consejero de la magistratura, Macri trasladó un tribunal completo a la justica de Buenos Aires. Hicieron barbaridades. Todos saben que la causa (por la causa Vialidad) es medio una payasada”, remarcó.

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Y concluyó: “Hay un estado de deterioro del Poder Judicial, lo venimos advirtiendo desde el famoso decreto de Macri que designó a dos jueces de la Corte Suprema”.

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Política

El Gobierno postergó hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo

Alberto Fernández tomó la decisión tras reunirse con Tolosa Paz, Pérsico y el “Gringo” Castro.

En medio de la tensión por los planes sociales, el presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico. Tras la reunión con la ministra de Desarrollo Social y el secretario de Economía Social, el mandatario resolvió postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo.

Además de posponer el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes, Alberto Fernández confirmó que la cuota de noviembre se pagará n los próximos días. Por su parte, los movimientos sociales se comprometieron a no llevar a cabo manifestaciones en las calles.

El encuentro se dio luego de una masiva protesta de organizaciones sociales en el Puente Pueyrredón. De la reunión también participó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. “El Presidente se comprometió frente a Emilio y el Gringo en que no habrá bajas”, confirmó un dirigente social a Clarín.

Interna en el oficialismo por los planes sociales: Grabois acusó a Tolosa Paz de “abuso de autoridad”

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Por otra parte, Victoria Tolosa Paz fue denunciada penalmente por Guillermo Marijuán en la causa Potenciar Trabajo. El fiscal entiende que las 3 mil bajas a beneficiarios del Potenciar que compraron dólares o hicieron compras excesivas por tarjeta, es insuficiente.

Había 2.800 personas fallecidas cobrando el beneficio social, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.

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Política

Interna en el oficialismo por los planes sociales: Grabois acusó a Tolosa Paz de “abuso de autoridad”

El dirigente criticó la decisión de la ministra de suspender el cobro del Potenciar Trabajo a quienes cometieron irregularidades, “es una canallada, va en contra de toda doctrina peronista”, sentenció.

La polémica por las irregularidades presentadas por algunos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que otorga el Gobierno nacional, sigue tomando repercusión, esta vez fue el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, quien criticó el accionar de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Es que el líder social sostuvo que debería haber un “reempadronamiento” y que el Gobierno tiene que empezar ajustando a “los de arriba” y no a los de “abajo”, luego de que la ministra anunciara que se le quitaría el plan a quienes figuren en el registro de AFIP por haber adquirido dólares o bienes.

“¿Porque compraron 200 dólares los van a suspender, con el argumento que en su lugar van a llevar a un indigente? Decir eso es una canallada. Es sacarle la mitad del sueldo a gente vulnerable en lugar de sacarle a los ricos. Va en contra de cualquier doctrina peronista”, sentenció el referente.

A lo que agregó: “Expulsar a gente vulnerable que vive en una villa, porque llega a los 120 mil pesos, pero no tienen obra social, ni estabilidad, es abuso de autoridad. Y si no hubo cambio de reglas y ahora van a hacer esto tendrían que estar presos Daniel Arroyo y Juan Zabaleta”.

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Por su parte, Tolosa Paz, que fue denunciada penalmente por el fiscal Guillermo Marijuán, que lleva adelante la investigación por este hecho, le respondió al líder del Frente Patria Grande, que “no cambiaron las reglas”, y aclaró que el informe de AFIP fue solicitado por su antecesor, Juan Zabaleta, y que los resultados están siendo cruzados ahora con la información del Ministerio.

“La transferencia del Potenciar Trabajo, Juan lo sabe bien, es hasta el monotributo A”, explicó la funcionaria, a lo que agregó que si están en una situación de crisis esos beneficiarios que compraron dólar ahorro se los podrá ayudar con otros programas de capacitación.

El conflicto entre los propios miembros del Frente de Todos, no solo se quedó en palabras, de hecho varias organizaciones sociales que responden al kirchnerismo, anunciaron que llevaran adelante marchas y cortes de calles en todo el país, durante la semana próxima, en reclamo de una solución para los beneficiarios.

Por su parte, la causa que lleva adelante la Justicia, contiene unos 250 mil titulares de planes sociales en investigación por haber adquirido propiedades, dólares o poseer otro tipo de beneficios que son incompatibles con el subsidio.

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