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Judiciales

La Corte reclamó al Gobierno medidas “urgentes”

El máximo tribunal advierte sobre la falta de respuestas de los organismos públicos con respecto a la situación crítica de la frontera Norte del país

La Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió al Gobierno Nacional medidas concretas con respecto a la problemática del narcotráfico  y la situación de permeabilidad en la frontera norte del país.

En este sentido, sumado a los pedidos de la Iglesia y los jueces federales de Salta, Tucumán y Jujuy, se solicitó la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes, la habilitación de nuevas secretarías penales y el aumento de refuerzas de seguridad abocadas a la investigación sobre drogas. Hay un “crecimiento importante del narcotráfico”, afirmaron los jueces del Norte con respecto a la situación fronteriza. [pullquote position=”right”]La Corte Suprema reclamó medidas urgentes con respecto al narcotráfico en la frontera norte del país[/pullquote]

El día de ayer, el secretario de seguridad, Sergio Berni, había sostenido que “la lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera”. Además responsabilizó al Gobierno de Sante Fé por el aumento del tráfico de drogas en la ciudad de Rosario.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reclamó ayer que “en razón de la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas”.

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Judiciales

Revés para Cristina Kirchner: la Jueza Capuchetti rechazó investigar a la agrupación Revolución Federal

A pesar del pedido por parte de la defensa de la Vicepresidenta de investigar la relación entre el grupo y Sabag Montiel, la magistrada consideró que “no existen vínculos” que los unan.

La semana pasada, unos de los letrados a cargo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que investigue “el posible financiamiento y la organización por encima de los atacantes” de la Vicepresidenta. La ex mandataria y sus abogados están convencidos de que “existe una autoría política detrás de la tentativa de homicidio”.

Pero, la magistrada, no piensa lo mismo. A través de un fallo publicado hoy, Capuchetti  afirmó que “los hechos denunciados se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas” por el ataque.

El viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que los cuatro detenidos por el atentado a la actual presidenta del Senado sean trasladados a una unidad penal de máxima seguridad. Estos son Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Gabriel Carrizo y Agustina Díaz.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte están procesados por ser “coautores de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”. Agustina Díaz y Gabriel Carrizo quedaron implicados a partir de chats encontrados en los celulares. La jueza aún no resolvió si estos últimos dos serán procesados o no.

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Elevan a juicio oral la causa contra José Alperovich por abuso y violencia sexual

Los fiscales que evaluaron que, el ex gobernador de Tucumán, “sometió de forma violenta, ultrajante y degradante”, a su víctima por el “transcurso de un poco más de tres meses”.

El ex gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich finalmente será sometido a juicio oral, por abusar física y sexualmente de su sobrina y colaboradora. Los fiscales que llevaron a cabo la investigación, sostuvieron que, “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género”.

Así fue definido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, que realizó la investigación, en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta.

En tanto, en mayo pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado que ex senador del Frente de Todos, debía responder por tres hechos de “abuso sexual, dos de ellos cometidos en tentativa, y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal”.

En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, determinaron desde el equipo de la acusación.

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Tras la acusación, la defensa de Alperovich había planteado la nulidad, decisión que fue rechaza por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que en su lugar decidió la elevación a juicio oral. Quedando este a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, por lo que en el debate intervendrá el fiscal de juicio Sandro Abraldes.

Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, destaca la fiscalía en su pedido final de instrucción.

Según los funcionarios judiciales, los primeros abusos cometidos por el ex mandatario norteño, ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y persistieron hasta diciembre de 2018. Además, subrayaron el estado de cautividad que padecía la víctima y que estaba condicionada por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.

Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás”, manifiestan los fiscales.

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Vale recordar que todo inició cuando la propia sobrina de quien fuera legislador del oficialismo, lo denunció en 2019 por estos hechos, mientras se desempeñaba como asistente del senador y que se habrían producido en Tucumán y en Puerto Madero.

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En su alegato final, Cristina Fernández vinculó el atentado a la causa y puso el foco en las “mentiras” de los fiscales

La vicepresidenta comenzó su defensa criticando el accionar de los fiscales y elogiando a sus defensores

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, habló hoy en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez.

Cerca del mediodía, luego de que hablara el letrado Carlos Beraldi a las 9.30. La titular del Senado brindó una exposición de dos horas donde se la noto enfurecida por la acusación que pesa en su contra.

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“Una primera aclaración. Estoy ejerciendo el derecho que me concede el Código de Procedimiento Penal. Quiero hacer esta aclaración porque no puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa, cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal”, inició la exmandataria.

Luego se refirió a la exposición de sus letrados y consideró que “hicieron un buen trabajo” ya que “se desmontaron los alegatos y las increíbles mentiras de los fiscales Mola y Luciani. Quedaron a la luz del día las arbitrariedades”.

En ese sentido, pidió que se investigue a quienes llevaron adelante el juicio en su contra. “Voy a solicitar que se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con los testigos, las pericias, la documentación con la prueba obrante en el expediente y con el derecho”, sostuvo.

“Me trajeron de los pelos a este juicio”

En relación al juicio que se le inició en su contra, volvió a manifestar su inocencia. Entre sus argumentos, expuso una Constitución Nacional y dijo que “nada puede entrar en contradicción con esto”. Así, marcó que el artículo 1 habla del gobierno representativo, republicano y federal y que las acusaciones que se pueden hacer contra un presidente son mediante juicios políticos. “Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita”, afirmó.

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“La acusación dice que los tres gobiernos constitucionales fueron tres asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz a través de un interpósita persona que es una provincia, Santa Cruz”, agregó.

Luego dijo que Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos en 1987 y tres veces gobernador. “Lo hizo pensando que iba a ser Presidente para hacer eso en la provincia que había gobernado tres períodos. Es ilógico. Militamos toda una vida para 51 obras viales. ¿Por qué razón no hizo las 51 obras cuando fue gobernador? Si llegó a presidente de chiripa”, sostuvo.

“Estas obras fueron contratadas y licitadas en la provincia de Santa Cruz. Con un gobernador, ministros, un Congreso, con tribunal de cuentas, con presupuesto de Santa Cruz. Eran actos administrativos de la provincia de Santa Cruz”, agregó Cristina Kirchner.

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Al respecto, calificó como un “disparate” el debate que se instaló: “Están discutiendo Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron aprobados por el Parlamento. No tiene andamiaje constitucional lo que estamos discutiendo. Es un disparate”, dijo CFK.

Después, expresó: “Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traer de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo”.

“Yo quiero que se entienda esto. Porque es un disparate. Esto no ayuda, complica aun país, lo torna poco serio y al borde del ridículo”, cerró.

Su opinión sobre el atentado y el presunto vínculo con la causa

Durante su alegato, la vicemandataria también habló sobre el atentado que sufrió frente a su casa a manos de Fernando Sabag Montiel. Su referencia se dio tras denunciar el “armado” de causas en su contra en Comodoro Py.

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“Yo hasta el 1° de septiembre creí que era esto, pero a partir de ahí me di cuenta de que puede haber una cosa más. Es como que el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar ya en hacer cualquier cosa y yo no puedo olvidar que este año, este mismo despacho fue destruido literalmente durante más de 40 minutos de apedreadas sin que ninguna fuerza de seguridad de la Argentina, ni las nacionales ni las locales, lo impidiera”.

La fiscalía pidió condenarla a doce años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

La jornada del viernes fue la última del alegato de Cristina Kirchner para contradecir la acusación que la señala como “autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurre de manera real”.

En la audiencia anterior, el abogado defensor dijo: “Nosotros queremos que este juicio concluya, y que concluya como tiene que concluir: con el dictado de una absolución, porque es lo correcto”.

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