Corrupción

“Cuadernos”: atrasos de empresas en planes anticorrupción

Juan Cruz Amirante, director de Kroll Argentina, habló de la aplicación de la nueva ley de Responsabilidad Penal Empresaria

miércoles 29 de agosto de 2018 - 10:26 pm

Coimas. Pagos ilegales. Retornos. Arrepentidos. Son todas palabras que en las últimas semanas se han escuchado reiteradas veces en los medios a raíz de la investigación sobre presuntas coimas que exfuncionarios del kirchnerismo cobraron a empresarios de, al menos hasta lo que se sabe por ahora, la obra pública y el transporte. La trama, con novedades a diario, es digna de ser inspiración para una serie atrapante, con oscuros negocios, reuniones secretas y traiciones.

Al ver todo esto, cabe hacer una pregunta ¿pudo haberse evitado semejante red de corrupción? La respuesta es sí, aunque quizás no con el modus operandi con el que hasta ahora se vinculan los poderes políticos y judiciales, sino con herramientas que proponen una nueva forma -o mejor dicho una forma más transparente- de hacer negocios. Una de ellas es la implementación de Planes de Integridad, que pese a que ya están reglamentados hace meses muchas compañías aún demoran su implementación plena. Desde marzo rige en nuestro país la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que establece sanciones en cabeza de las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; sobornos; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos.

“Si las empresas que están involucradas hubiesen tenido planes de integridad esto no hubiese sucedido. Si bien hasta ahora el empresariado veía que esto era la forma de conducir los negocios, tiene que entender que esto que no va más”, opina al respecto Juan Cruz Amirante, director de Kroll Argentina. El giro hacia la transparencia no es un fenómeno local. Al contrario. En muchos países como Brasil o Perú, las causas que investigan actos de corrupción entre empresas y el Estado están mucho más avanzadas.

Los planes de integridad estipulan controles internos de los procesos, el comportamiento de los empleados, los antecedentes de las potenciales incorporaciones, los proveedores, y en algunos casos hasta la evaluación de los potenciales clientes. “El empresariado tiene que entender que esto no es un gasto sino que es una inversión, que después se refleja en menores pérdidas por cuestiones como puede ser el fraude. Que también les permite licitar frente al Gobierno, y frente a las multinacionales que exigen planes de integridad. Si no se van a quedar fuera del mercado”, sostiene Amirante.

Para el especialista, los beneficios de una mayor transparencia son múltiples, y no solo para las empresas sino también para el conjunto de la sociedad. Explica que las compañías que no cuentan con planes de integridad son más propensas al fraude y que llegan a perder en promedio el equivalente al 5% de sus ventas por este tipo de delitos. Pero también los que pierden son los consumidores, porque el costo del fraude es traslado a los precios para sostener los márgenes altos. “Lamentablemente, el empresariado argentino quiere ganar y nunca perder, y traslada el precio del fraude al valor del producto, por lo que la sociedad termina pagando el precio de ese fraude”, asegura el ejecutivo de Kroll. Y dice sobre los planes de integridad: “Yo quiero verlo como una manera no sólo de transparentar negocios y de no ver las cosas lamentables que estamos viendo que están pasando, sino que también nos vamos a beneficiar como sociedad porque eso va a derivar en un costo de productos más eficiente; los márgenes de rentabilidad de empresas que tienen planes de integridad bien armados son mejores que los de las empresas que no los tienen. Porque estas últimas tienen mayor incidencia del fraude y necesitan ganar más dinero para cubrir las pérdidas”.

CONSECUENCIAS

Un cuestión no menor es que las nuevas generaciones demuestran una menor tolerancia hacia las empresas que tienen comportamientos cuestionables o directamente espurios. Cuando se sienten defraudados eligen inmediatamente otra alternativa, expresan su descontento en sus redes sociales. En pocas palabras “le hacen la cruz” a la marca. “Me parece fantástico que esto suceda. Creo que en algún punto los consumidores deben castigar a las empresas que se encuentren envueltas en estas cuestiones y no solamente la Justicia, porque estas cosas nos afectan a todos como sociedad”, opina Amirante.

Pero también cabe volver sobre la importancia de aplicar due diligence a los trabajadores de la organización y a los proveedores. En el primer caso porque, afirma Amirante, son “los empleados quienes cometen fraude y no las empresas”, y por eso hay que ser especialmente cuidadoso con los altos mandos. En el segundo, porque existe el riesgo de contagio reputacional si otra compañía con la que se trabaja se ve envuelta en un caso de corrupción.

En cuanto a la implementación de los planes de integridad en las organizaciones en el país, el director de Kroll considera que hay que tener en cuenta el momento “recesivo” que atraviesa el país. “Hoy lamentablemente el Gobierno está impulsando menos esta ley y estas políticas de transparencia. No porque no lo desee, sino porque tiene en cuenta que los márgenes han bajado mucho y no hay tanto dinero en la calle. Estamos en un contexto de crisis y evidentemente el Gobierno no quiere poner más presión sobre las empresas. Sin lugar a dudas hay empresas que lo están haciendo, que son proactivas, y que entienden que esto no es un gasto sino una inversión”, afirma. Asimismo, pone el foco sobre las pymes: “Si bien no están alcanzadas por la ley, para crecer tarde o temprano van a tener que adoptar planes de integridad porque las empresas grandes a las cuales aspiran proveer estipulan que deben tenerlos para contratarlas. Es un círculo virtuoso. Por una cuestión de continuidad de negocios, van a tener que hacerlo”.

Por último, Amirante reflexiona: “Nadie te obliga a conducir tu negocio de una manera que no es la correcta. Si no querés hacer algo ilegal, no lo hacés. No es una excusa decir que si no lo hacías te quedabas afuera del negocio. Si así, te vas a quedar afuera todas las veces que sea necesario. Pero no vas a tener que dar explicaciones en la Justicia. Esta es la única forma que podemos progresar como sociedad”.

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