Política

La Oficina Anticorrupción, contra Boudou: pidió que no cobre su pensión por vicepresidente

La entidad que presiden Laura Alonso le pidió a la Anses que excluya de esa pensión al economista debido a que está siendo investigado en la causa de corrupción Ciccone

viernes 20 de julio de 2018 - 7:08 pm

La Oficina Anticorrupción le solicitó este viernes a la Anses que no le otorgue a Amado Boudou la asignación mensual vitalicia que le correspondería por haber ocupado la Vicepresidencia de la Nación.

La decisión de la OA, surge luego de que Anses le haya solicitado, debido a su posición de querellante en varios expedientes judiciales que involucran a Boudou, un informe para decidir si correspondía otorgarle la asignación al ex vicepresidente teniendo en cuenta “los diversos procesamientos y acusaciones por hechos constitutivos de delitos contra la Administración Pública Nacional”.

En su presentación, la OA realizó un detalle de cada una de las causas penales que afronta el ex vicepresidente y remarcó el juicio oral y público que enfrenta por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, donde el organismo pidió al Tribunal Oral Federal 4 que lo condene a la pena de 5 años y medio de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

El organismo que conduce Laura Alonso entiende que, en caso de ser condenado, Boudou debería quedar excluido del beneficio en los términos del artículo 29 de la ley 24.018, de jubilaciones y pensiones, que se refiere a los casos funcionarios desplazados a través de un juicio político.

Ese artículo indica: “Se excluye del beneficio a quienes hubieran sido removidos en juicio político por mal desempeño, lo cual expresa una regla legal de mayor latitud, según la cual la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con la conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal, ya fuera por el Senado de la Nación, o por el Poder Judicial de la Nación, por la comisión de delitos”.

Según la OA, el juicio político debe argumentarse en “las causas de responsabilidad” que dan lugar a la remoción que no sólo aluden al “mal desempeño”, y también al “delito en el ejercicio de sus funciones” y a los “crímenes comunes”, con las consecuencias de destitución y inhabilitación para “ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.

La Oficina agregó que el beneficio que reclama Boudou es una “asignación, graciable y sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo”.

Y concluyó, entonces, que “resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”.

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