Caso Maldonado

Caso Maldonado: el Gobierno acusó a dos abogados de dar información falsa

En el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación

martes 5 de junio de 2018 - 7:18 pm

El Gobierno realizó una solicitud ante la Justicia Federal para que se investigue el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana durante la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

González Quintana y Cabaleiro a Chubut viajaron en septiembre de 2017 a Chubut asegurando ser representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), pero la APDH nacional elaboró un documento donde se confirma que no integran ni han integrado el organismo.En el pedido, que lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.

El fin último sería darle fundamento a una causa posterior en su contra por afectar seriamente la imagen del país en el exterior, generar enormes gastos operativos y actuar por fuera del mandato profesional entregando a la Justicia información no veraz. Los abogados podrían arriesgar onerosas multas, condenas y posiblemente la pérdidas de sus licencias.

Desde el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación, y los consideran directos responsables del documento que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en el cual se aseguraba que el artesano había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017.

El documento tiene como expectativa demostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y ética que rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país. El ministerio busca determinar, por ejemplo, si “el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias”, señala el pedido.

La situación de los abogados cordobeses no es fácil. De acuerdo a un oficio de la APDH nacional, Gonzalez Quintana no tiene ninguna historia en esa organización. “Del registro de Socios de la institución no surge la membresía del sr. Carlos María Gonzalez Quintana, a nuestra asociación, ni ha ejercido ni ejerce representación alguna ni expresa ni táctica de nuestra organización nacional”, indica el documento firmado por Gisela Cardozo, presidente de la APDH.

En este escenario, el Tribunal de Disciplina de Córdoba envió una notificación a la fiscal Avila en la cual se le detalla el proceso iniciado en contra de González Quintana por faltas a la profesión que saltaron a la vista en la investigación de la fiscalía. “(Se) inició un proceso disciplinario contra Carlos María González Quintana en función de la información recabada por la fiscalía federal en la que el abogado queda sospechado de haber ‘intervenido ante organismos internacionales de Derechos Humanos, invocando una inexistente representación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos'”, indica.

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