Aumento de tarifas

Los gobernadores apoyan baja de tarifas, pero las empresas provinciales no pagan la luz

Las distribuidoras provinciales de electricidad adeudan facturas millonarias a quienes la producen; sin embargo, muchos de los senadores están a favor de recortar gastos en las boletas

miércoles 30 de mayo de 2018 - 2:56 pm

El Senado debate hoy la ley que frena la suba del precio de las tarifas. Detrás de esta decisión existe una contienda política que preocupa a Mauricio Macri ya que de votarse a favor de la ley el estado deberá volver a otorgar miles millones en concepto de subsidios que debería volver a cubrir si se da marcha atrás con los aumentos. Pero no es el único cortocircuito entre los funcionarios nacionales y las representaciones provinciales, que impulsan la medida que discutirán hoy los legisladores.

Sucede que, mientras los representantes de los gobernadores en el Congreso reclaman la revisión de las subas y su regreso a los valores de fines del año pasado, las distribuidoras provinciales de energía le adeudan una factura millonaria a quienes producen la electricidad. En otros términos: quienes piden una baja en las boletas, no están pagando la luz.

Según indica La Nación, las distribuidoras provinciales les venden luz a los usuarios finales. Deben cobrarla y luego pagarle a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, un ente mixto con participación privada, pero bajo gestión estatal, que a su vez cancela la factura con los que producen la electricidad, un grupo compuesto por empresas diversas que van desde Yacyretá hasta Pampa Energía, entre muchas otras.

Hasta el 21 de mayo, las distribuidoras de todo el país le debían a Cammesa $14.477 millones. Entre los grandes deudores están las empresas que, en última instancia, responden a los gobernadores. SECHEEP, de Chaco, tiene un rojo de $2.454 millones, que equivale a 31,7 meses; EPE, de Córdoba, adeuda $2.509 millones, que representan 2,4 meses y DPE, de Corrientes, $2.571 millones (unos 40,8 meses).

La SPSE de Santa Cruz, en la órbita de la gobernadora Alicia Kirchner, debe $1.129 millones, equivalentes a 20,2 meses del servicio.

Emsa, de Misiones, y la DPE de Ushuaia también tienen números negativos.

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