Acuerdo con el FMI

Argentina y el FMI: parecidos y diferencias con el caso Grecia

Según el propio organismo, sus medidas fueron responsables de la recesión en el país europeo y el aumento del desempleo

domingo 13 de mayo de 2018 - 10:14 am

El crédito “Stand by de alto acceso” que el ministro Dujovne empezó a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un antecedente que quema: Grecia.

La línea que la semana que viene empezará a negociarse a nivel técnico es muy similar al crédito “Stand by de acceso excepcional” que el organismo internacional -en tándem con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea- aplicó en Grecia, generando consecuencias muy severas para esta economía.

“La situación de Grecia era mas parecida a la Argentina del 2001 que a la actual, con un tipo de cambio fijo que no te permitía hacer política monetaria y un ratio de deuda muy importante. Hoy tenemos una deuda del sector publico del 30% del producto y los bancos están solventes”, explicó a La Política Online el director de Eco Go, Federico Furiase, quien si bien no cree que se repitan las mismas medidas que el FMI aplicó en Grecia, destacó que “está claro que la economía entró en una fase donde el gradualismo tiene menos margen y se va a hacer un ajuste más fuerte”.

Dentro de las recomendaciones que el economista imagina que el Fondo pueda pedir, destaca “el recorte de la obra publica, un cumplimiento de metas de déficit financiero además del primario, metas de agregados monetarios, una mayor apertura comercial y una suba del tipo de cambio para mejorar la cuenta corriente”.

Pero volviendo a Grecia, en el país helénico se aplicaron tres paquetes de “rescate” desde el 2010 a la fecha, que fueron liberando fondos a medida que se iban aprobando las revisiones que chequeaban el cumplimiento de las medidas acordadas.

Estas normativas consistían en los clásicos programas de ajuste que nuestro país supo aplicar a instancias de la misma entidad.

Entre ellas, se destacaron 13 recortes de jubilaciones durante estos 8 años, una baja nominal del salario mínimo del 20% (que en términos reales sería mayor por el efecto de la inflación) y la reducción de un tercio del gasto per cápita en salud, de acuerdo con datos de la OCDE.

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