Corrupción K

Investigan la gestión de Scioli en las autopistas

La AFIP detectó que se emitieron facturas truchas en AUBA SA entre 2013 y 2015 por un total de $ 3.526.374

lunes 29 de enero de 2018 - 5:26 am

La Justicia investiga la gestión de Daniel Scioli en AUBASA, la empresa que administra las autopistas de la provincia y que tiene como emblema la gestión de la Ruta 2 y de la Autopista La Plata – Buenos Aires, entre otras vías.

Según detalla el diario Clarín, en el expediente que lleva adelante la justicia platense, figura que entre 2013 y 2015, cuando el presidente de la empresa era el sciolista Gonzalo Atanasof, se usaron facturas truchas para simular servicios que no se brindaron.

Hay cinco empresas apuntadas que, según corroboró la AFIP, figuraban en la base de datos de facturas apócrifas -Base Apoc- de la entidad.

La Justicia apunta a la responsabilidad de Atanasof y podría encuadrarlo en los delitos de supuesto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. A cargo del caso están el juez de Garantías platense Fernando Mateos y la fiscal Virginia Bravo.

Las compañías apuntadas son Constructora Norteña SA, Distribuidora Vial SRL, Giudice, Mariano Martin, Materyale SA y Traico Loli. Entre todas, facturaron -según la Justicia de de manera irregular- un total de $ 3.526.374.

Los trabajos que debían realizar apuntaban a la reparación y el mantenimiento de la autopista La Plata – Buenos Aires, pero en los registros no se detectó que los hayan llevado adelante.

Según un informe que tiene la Justicia y que elaboró el departamento de legales de la actual gestión de AUBASA SA junto a la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia “no surge evidencia sobre la realización de los trabajos contratados, no se encuentran registros documentales por órdenes de compra o certificaciones, ni constancia de entrega de materiales por parte de los proveedores”.

Además, se detectó que ninguna de las empresas estaba registrada como proveedora de la Provincia de Buenos Aires, uno de los requisitos obligatorios para poder ser contratadas. Así, buscaban evadir los controles del régimen de contrataciones públicas.

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