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Judiciales

Un fiscal pidió a Oyarbide desarchivar causa contra mano derecha de Zannini por enriquecimiento ilícito

El planteo del fiscal Patricio Erves fue hecho ante el juez federal Norberto Oyarbide, a quien le pidió que “por una cuestión de decoro debería examinar la posibilidad de apartarse del trámite de la causa”

El fiscal federal Patricio Evers pidió hoy la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi.[pullquote position=”right”] Un fiscal pidió desarchivar causa contra mano derecha de Zannini por enriquecimiento ilícito[/pullquote]

Fuentes judiciales informaron a DyN que el planteo del fiscal fue hecho ante el juez federal Norberto Oyarbide, a quien le pidió que “atento a las particularidades que reviste el presente y que han tomado estado público en las últimas horas, entiendo que V.S., por una cuestión de decoro debería examinar la posibilidad de apartarse del trámite de la causa”.

Oyarbide reveló que el 19 de diciembre pasado frenó un allanamiento a la mutual Propyme luego de recibir un llamado de Liuzzi, quien le advirtió de presuntas irregularidades en el procedimiento.

Evers le pidió al juez “el desarchivo del mencionado expediente a los fines de que se reanude la investigación en relación al presunto incremento patrimonial injustificado de Carlos Emilio Liuzzi”.

Liuzzi fue denunciado en 2012 por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública pero el fiscal sólo pidió investigarlo por el segundo de los delitos porque la Oficina Anticorrupción sostuvo que no había irregularidades en sus declaraciones juradas.

Ahora, el fiscal citó una nota periodística que da cuenta de un aumento patrimonial del funcionario por lo que consideró que “resultaría oportuno desarchivar el expediente y reactualizar el análisis de los sucesos allí investigados a la luz de estos nuevos elementos”.

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Cumpleaños en la Quinta de Olivos: al menos tres invitados circularon con permisos truchos

Avanza la causa por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena estricta y se complica la situación de los invitados

La causa judicial por el cumpleaños de la Primera Dama celebrado el 14 de julio del año pasado en la Residencia de Olivos, cuando en el país regía la cuarentena estricta por la emergencia sanitaria, complica a varios de los invitados tras comprobarse que tenían permisos truchos o vencidos para circular.

Así se pudo verificar en el operativo que ordenó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a la Casa Militar de la Quinta de Olivos la semana pasada, cuando se descubrió que cinco de los procesados no contaban con los permisos correspondientes.

En enero de 2020, Alberto Fernández nombró por decreto a uno de sus hombres de confianza como director de la Residencia Presidencial. Se trata de Hugo Daniel Rodríguez, cuyas funciones lo habilitaban por 180 días, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2020. Su firma está en al menos tres de los permisos de circulación emitidos para los invitados a la polémica celebración. Estos certificaban que los beneficiarios trabajaban para la Unidad Presidencial, y por lo tanto son documentos que escapan a la lógica de la aplicación CUIDAR, el mecanismo que se desarrolló para el resto de la ciudadanía.

Una de las más complicadas es la ex modelo e íntima amiga de Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, cuya defensa estaba en manos de Juan Pablo Fioribello hasta hoy, cuando presentó la renuncia ante el juez Lino Mirabelli, quien compite por la causa con Sandra Arroyo Salgado. La situación de Pacchi se complica a días de presentarse ante los tribunales de Comodoro Py por primera vez, tras ser citada como testigo por la fiscal Alejandra Mangano para declarar por el otro escándalo que azotó a Olivos: la acusación que involucró a la actriz Florencia Peña.

Por otro lado, los que sí contaban con el permiso legítimo para circular en ese momento eran Stefanía Domínguez, Santiago Basavilbaso, Federico Abraham y Florencia Fernández Peruilh. Los otros cinco los tenían vencidos, o utilizaban los que emitía Rodríguez, según informó César Leonardo Gazzo Huck, subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Jefatura de Gabinete al juez Mirabelli.

 

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Condenaron a Marcos Teruel a 12 años de prisión por doble abuso sexual y le revocaron la domiciliaria

Sus dos amigos coimputados en una de las causas, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, fueron absueltos por el beneficio de la duda

La Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó este lunes a Marcos Lautaro Teruel, hijo del músico Mario Teruel, a 12 años de prisión por doble abuso sexual agravado.

Por otra parte, sus dos amigos coimputados en una de las causas, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, fueron absueltos por el beneficio de la duda.

La Sala que tomó la decisión está presidida por la jueza Carolina Sanguedolce, y por los vocales María Gabriela González y Pablo Farah.

En su resolución, los jueces rechazaron los pedidos de incompetencia y nulidad que había hecho la defensa y revocaron la prisión domiciliaria, por lo que solicitaron que Teruel sea trasladado de inmediato a la unidad penitenciaria local. El tribunal recomendó también al Servicio Penitenciario que Teruel sea sometido a un tratamiento psicológico.

En el momento de expresar sus últimas palabras, Teruel aprovechó para disculparse a las primera víctima y a su familia, cercana a la suya. “Simplemente pedir disculpas a todos los involucrados. Decirles que sea cual sea el resultado de esto voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo”, expresó.

Luego se disculpó con la segunda víctima. “Me gustaría que comprendan que jamás tuve la intención de abusarme de ella”, agregó. Y concluyó: “Y pedirle disculpas a mi familia por todo lo que les hecho sufrir. Agradecerles el sostén, en especial a mi vieja, que se quedó en casa llorando. Dios quiera que la pueda volver a abrazar dentro de poquito”.

Condena en dos causas

Teruel fue juzgado en dos causas distintas en este proceso penal. En la primera fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda, en tanto -en la que estaba acusado con los absueltos Rodríguez y Farfán- por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cuando la víctima tenía 19 años.

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El embajador argentino en Chile viajó al sur de ese país para defender a Facundo Jones Huala ante la Justicia

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encuentra cumpliendo una condena de 9 años de prisión en territorio chileno, y el embajador argentino asistió a una audiencia del juicio oral para pedir que le otorguen en beneficio de la libertad condicional

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, participó del proceso judicial en el que se juzga a Facundo Jones Huala por un episodio de violencia armada contra una propiedad privada en aquel país. En nombre del Gobierno, el diplomático pidió la libertad condicional del acusado, que se encuentra cumpliendo una condena de nueve años de prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue extraditado a Chile desde la Argentina en septiembre del 2018, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo encontró culpable de los delitos de incendio en propiedad y portación ilegal de armas, al interior del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, el 9 de enero de 2013.

Según reportó el diario local El Mercurio, tras la lectura de los alegatos Bielsa “refutó los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, que contemplaban los antecedentes de violencia encabezados por el líder mapuche.

Mientras tanto, desde Cancillería se ampararon en la normativa internacional vigente para argumentar que la actitud de Bielsa responde a la “asistencia consular” que se le da a “todo ciudadano”. “Es una actividad rutinaria, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares“, sostuvieron. Sin embargo, la propia página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que ahora conduce Santiago Cafiero,  advierte que los embajadores no poseen esa facultad.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, ordenó la “militarización” en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, zonas afectadas por la violencia de este conflicto entre el Estado y los mapuches. El nivel de tensión es tal, que el caso de Jones Huala es analizado a la luz de las leyes antiterroristas chilenas.

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