Corrupción K

Plan Qunita: Aníbal Fernández va a tribunales para no ser detenido

Una fiscal lo acusa por insolvencia fraudulenta. Vendió dos autos cuando estaba inhibido por la Justicia

lunes 11 de diciembre de 2017 - 5:52 am

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se presentará hoy ante la Justicia para intentar aclarar la venta de dos vehículos por la que fue denunciado penalmente por la fiscal Gabriela Baigún en el marco de la causa que se le sigue por presunto delito en el manejo del Plan Qunita y las inhibiciones que pesan sobre él y los otros acusados.

Al menos así se lo dijo al diario La Nación, que reveló ayer la acusación contra el ex funcionario kirchnerista. Los autos que habría vendido Fernández, de acuerdo con la denuncia, son un BMW y un Toyota, por un valor conjunto de un millón de pesos y después de que se decretara la inhibición de sus bienes. Ello podría considerarse como una “insolvencia fraudulenta” y la fiscal con esa figura podía pedir su detención.

La defensa esgrimida ante ese diario por Fernández fue reproducida ayer por la cuenta kirchnerista @CasaArgentinaAR de la red social twitter y retwitteado por el propio ex funcionario.

“Aníbal Fernández responde a un nuevo ataque judicial: ‘Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición’”, dice el mensaje.

Según indica el diario Clarín, Fernández admitió la venta de los dos vehículos por la que fue denunciado por Baigún.

La fiscal, la misma que intervendrá en el juicio oral que se realizará por este caso, seguramente a fines de 2018 o principios de 2019, según estimaron fuentes judiciales, denunció el jueves pasado las maniobras del ex funcionario en el mismo expediente en el que ella interviene.

Lo más probable es que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOCF1) se desprenda de esta nueva denuncia y la envíe a sorteo.

Fernández fue procesado por el juez Claudio Bonadio por un presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de millonarios fondos del Plan Qunita, un kit de elementos destinados a embarazadas de escasos recursos.

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