Investigarán al juez federal Oyarbide por actuar por una llamada del Gobierno

El juez federal Norberto Oyarbide será investigado por el Consejo de la Magistratura por haber declarado que frenó un allanamiento -que él mismo había ordenado- como consecuencia de una llamada de un funcionario del Poder Ejecutivo.

No sólo fue acusado por todo el arco opositor, que pidió su juicio político: sus superiores de la Cámara Federal, en una reunión plenaria que celebraron ayer, decidieron mandarle al Consejo el sumario que estaban instruyendo, destinado a averiguar qué había pasado en ese allanamiento. La historia ya se había vuelto escandalosa cuando dos policías fueron acusados de haber pedido coimas durante aquel operativo para frenarlo.

La Cámara tomó su decisión después de que Oyarbide le informó, el lunes pasado, por escrito, que había levantado el allanamiento por una llamada del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini. “Tan confiable fuente”, según Oyarbide, le dio “tamaña información” que él entendió que no había más alternativa.

Oyarbide decidió entonces “ordenar el cese inmediato de todos los procedimientos”, explicó. No sólo el allanamiento en Mutual Propyme; también el resto de los previstos para ese día. Según relató el juez a sus superiores, Liuzzi lo llamó por teléfono y le dijo que los policías habían amedrentado con armas al personal de la empresa y que les estaban pidiendo dinero.

Ayer, en declaraciones públicas, Oyarbide dijo desconocer cómo se había enterado Liuzzi de lo que estaba pasando en el procedimiento. Las autoridades de Mutual Propyme tampoco dijeron haberle avisado.

Como consecuencia de este informe de Oyarbide, la Cámara resolvió enviar copia de todo su sumario al Consejo, el organismo encargado de investigar a los jueces ante posibles casos de mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones. La Cámara, no obstante, seguirá con el caso para determinar si hubo responsabilidad de parte de otros funcionarios por debajo del juez.

Según la oposición, Oyarbide hizo una confesión que es motivo suficiente para destituirlo. “Es gravísimo que mantenga comunicación directa con altos funcionarios del Poder Ejecutivo, y aún peor, que esto lo lleve a dejar sin efecto un allanamiento”, afirmó el diputado Manuel Garrido (UCR), que firmó junto con sus pares Mario Negri y José Cano el primer pedido de destitución contra Oyarbide, que ingresó ayer en el Consejo por este caso.

“Una vez más, se vulnera la división de poderes en nuestro país”, afirmó el senador Federico Pinedo (Pro). “Resulta altamente preocupante que un juez federal suspenda operativos por recibir llamadas de funcionarios del Gobierno y, por otro lado, que reconozca tener contacto con los mismos de manera informal.”

“Es un hecho gravísimo”, se sumó Sergio Massa, que también criticó la explicación de Oyarbide.