Sociedad

El caso de la primera senadora trans en Uruguay

Michelle Suárez, de 33 años, milita en el Partido Comunista. Y fue redactora de la ley de matrimonio igualitario en su país

miércoles 11 de octubre de 2017 - 6:05 am

Por primera vez en la historia de Uruguay, una abogada transexual asumió hoy una banca en el Senado, dispuesta a luchar contra la discriminación de las personas por su orientación sexual.

Michelle Suárez, de 33 años, milita en el Partido Comunista (PCU), que integra la coalición gobernante Frente Amplio (FA), y además es asesora del colectivo “Ovejas Negras”, una organización social que defiende la diversidad sexual y promueve los derechos de las personas LGBT, en Uruguay.

La flamante legisladora fue además corredactora de la ley del Matrimonio Igualitario, que rige en Uruguay desde el año 2013 y reconoce el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Suárez fue elegida en las elecciones de 2014, pero no fue la primera persona trans en alcanzar de manera efectiva una banca en un Parlamento latinoamericano.

En diciembre de 2015 la venezolana Tamara Adrián fue elegida diputada para la Asamblea Nacional de Caracas como candidata de Voluntad Popular, cuyo líder Leopoldo López.

La uruguaya asumió sus funciones en reemplazo de Marcos Carámbula, su compañero en el Partido Comunista, que renunció a su banca en la Cámara Alta de Montevideo.

Suárez dijo que el hecho de asumir como legisladora es una señal de que Uruguay ha comenzado en forma lenta, pero sin pausa un proceso de sensibilización y evolución en su conciencia colectiva.

Suárez

“Siempre pienso que hoy soy aplaudida por decir, actuar y sentir las mismas cosas por las que antes fui hostigada, sancionada y perseguida”, comentó a medios locales.

Las normas de avanzada que fue aprobando Uruguay igualmente no son todavía sencillas de llevar a la práctica, dijo la senadora Suárez, quien fue crítica del funcionamiento de algunas instituciones burocráticas del país.

“Todo lo que tiene que ver con discriminación esdifícilde aplicar. Hasta hace poco no existía ningún caso siquiera que llegara a un presumario en la Justicia”, recordó Suárez.

En su opinión habrá que “rediseñar las instituciones existentes y aquellas que no cuentan con poderes y recursos reasignarlas a otros organismos como la Inspección General del Trabajo, tal vez con una norma que realmente proteja a una persona discriminada y cuyos derechosfundamentalesson menoscabados”.

Suárez sostiene que elproceso de inspección en casos de discriminación es extremadamente burocrático y demorado. “Y muchas veces no se llega a lo que el trabajador pretende. Igualmente es uno de los caminos para obtener las mayores evidencias o indicios y pueden servir como anclaje para cualquier reclamo judicial posterior”.

La senadora uruguaya completará el período legislativo hasta el 1° de marzo de 2020, cuando se renovará totalmente el Congreso, luego de las elecciones nacionales de octubre del 2019.

Fuente: Agencias

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