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Judiciales

El juez Freiler está cada vez peor: tres testimonios lo hundieron más

Declararon ante la comisión de Acusación del Consejo de las Magistratura en el marco de cuatro denuncias contra el camarista

El empresario cuyos cheques pagaron parte de un lujoso automóvil para el suspendido camarista Eduardo Freiler negó hoy conocerlo personalmente y haber completado los datos consignados en los mismos.

Se trata de Raúl Alberto Mingini, a quien, sin embargo, el propio camarista había admitido a la prensa conocerlo por tratarse de “un amigo de bastantes años” con el que trabó relación, había dicho, en la ciudad de La Plata.

Mingini, quien tuvo intervención en una causa penal que pasó por las manos de Freiler en la sala I de la Cámara Federal penal porteña y de la que éste no se excusó, fue uno de los tres testigos escuchados por la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en cuatro denuncias contra Freiler, quien el martes 24 comenzará a ser juzgado por otra causa tramitada por el organismo y relacionada con las inconsistencias de su patrimonio.

Según indica el diario Clarín, el juicio será llevado a cabo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado por dos jueces, cuatro legisladores -dos radicales y otros dos del Frente para la Victoria- y un abogado del interior del país.

Freiler fracasó en su estrategia de tratar de posponer su juzgamiento y seguirá suspendido en su cargo hasta que se defina si es apartado del cargo por la causal de mal desempeño.

Mingini, dueño de la fábrica de pastas Establecimiento DF SA, la firma que libró los cheques con los que Freiler pagó parte de un automóvil en una concesionaria de Mar del Plata, dijo haber firmado esas órdenes de pago “en blanco y cruzados” a pedido de su amigo Amílcar Ricci pero sin saber que eran para el magistrado.

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Ricci también declaró ante la comisión y admitió haberle pedido los cheques a Mingini para Freiler y haber completado los datos que en ellos aparecen consignados.

Este testigo sí dijo ser amigo de Freiler, quien le dio una autorización -cédula azul- para conducir otro vehículo de su propiedad. Dijo que había ido a un campo de Freiler en Necochea y que es ingeniero agrónomo.

Ricci, que dijo ser socio de Mingini en un campo en Santiago del Estero, habría trabajado, además, para la consultora Dientz Consulting, del tercer testigo escuchado en la jornada en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de Guillermo Martin, quien admitió haber pagado cerca de 120 mil pesos para invitar a Freiler a dos competiciones de autos deportivos en el interior del país porque es su amigo.

Mingini admitió haber comprado acreencias hipotecadas en juicios, tal como ocurrió en el caso en el que intervino Freiler como camarista y él había adquirido una propiedad en esas condiciones.

Se trató de una resonante causa por lavado de dinero del narcotráfico seguida en la década del 90 a supuestos testaferros del cártel mexicano de Juárez y a la que el testigo se refirió como “causa Ducler”, en alusión al recientemente fallecido financista que estuvo involucrado en ella.

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Goyeneche, la fiscal que investigó a Urribarri: “Estoy convencida de que el jurado va a echarme”

La funcionaria reconoció que el Jury de Enjuiciamiento va desplazarla de su cargo en las próximas horas. Vinculó la embestida en su contra a que investigó “a los poderoso cuando tenían poder”

La fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, aseguró que está “convencida” de que el jurado va a echarla.

“No porque tenga un pálpito definitivo, sino porque lo han demostrado hace ya meses y sé que esto va a terminar así”, argumentó en Radioinforme 3 la fiscal que investigó al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri.

“Mi primer pecado fue generar el debate que desencadenó el juicio contra Uribarri“, expresó.

“Por una sentencia que salió el día de ayer (por este miércoles), en pleno feriado, se decidió no hacer caso al la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la nación, que establecía que debían tratar el amparo que yo había interpuesto planteando la ilegalidad de mi jury”, aseveró la fiscal.

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La fiscal fue suspendida de su cargo en diciembre. “Luego recusé a varios de los jurados por su manifiesta parcialidad. Tenían una tendencia a destituirme como parte de un plan de impunidad de la provincia”, aseveró.

Vale recordar que el jury se le impone a Goyeneche argumentando que entre los investigados en los hechos de corrupción aparecía un amigo de su esposo.

“Lo que se viene es la destitución. Nosotros investigamos a los poderosos cuando tenían poder”, aseguró en diálogo con Infobae.

Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.

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Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En las últimas semanas, se reavivaron las sospechas alrededor del rol que tuvo el cortesano en la demanda que Nación que le realizó a la provincia de Córdoba por un impuesto vial que había creado

Una década atrás, en 2012, cuando José Manuel de la Sota era gobernador de Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner oficiaba de Presidenta, Nación avanzó con una denuncia contra un impuesto interno que había lanzado la provincia, con el fin de recaudar por cada carga de combustible que se hiciera en su territorio.

La causa llegó a los escritorios de la Corte Suprema en 2012, y recién en 2016 fue declarada abstracta, frustrando así los reclamos de Nación.

Pero ¿qué pasó entre 2012 y 2016, tratándose de un juicio tan relevante?

Córdoba había dictado la ley 10.081 a través de la cual creaba una tasa sobre los combustibles líquidos y gas natural comprimido. La ley indicaba que se creara la “Tasa Vial Provincial”, destinada a “retribuir la prestación de los servicios que demande mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley N° 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la provincia de Córdoba”.

De esa manera, creaba un impuesto que le generaba cuantiosos fondos a la Provincia. Ese impuesto era, a la vista de los constitucionalistas, ilegal, ya que las provincias no pueden crear gravámenes, además de afectar directamente el funcionamiento del sector empresario. En aquél entonces fue un verdadero escándalo.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional inició un juicio ante la jurisdicción originaria de la Corte, pidiendo que se declarar inconstitucional al impuesto, ya que el mismo violaba la coparticipación federal.

El expediente en la Corte tenía el número 291/2012 y los abogados del Estado Nacional eran Sergio Acevedo y Ricardo Yamone; mientras que del lado de la provincia estaba Alberto García Lema. La demanda se inició en noviembre del 2012 y el 17 de diciembre de ese año se pidió una medida cautelar para que se suspendiera el cobro del impuesto.

Los registros públicos aún dan fe de que la causa circuló por los despachos de los jueces de la Corte. En aquel momento, los entonces jueces Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Fayt suscribieron la propuesta de suspender la aplicación de esa tasa. Si bien Lorenzetti no firmaba, había mayoría para suspender el impuesto cordobés. Sin embargo, lo que parecía salir cómodamente, terminó dilatándose por un pedido de Juan Carlos Maqueda, quien pidió la causa y la retuvo durante más de un año en su despacho.

Durante el 2013, 2014 y 2015, el expediente fue demorado -la vocalía de Maqueda lo tuvo durante el 2014 y 2015- y, finalmente, en julio del 2016 se declaró abstracto porque la tasa fue derogada, ya que se había logrado un principio de acuerdo entre Córdoba y Nación, con Mauricio Macri ya en el Ejecutivo. “Maqueda paró el expediente hasta que cambió el Gobierno Nacional”, recuerdan quienes estuvieron en los pasillos de Tribunales en aquel entonces.

Otras fuentes consultada por este medio, dan un paso más y acusan: “La suspensión de la cautelar por influencia de Maqueda es un hecho incuestionable”. Esta información la corroboran tanto jueces consultados por el tema, como el equipo que participó en la defensa de la postura del Estado Nacional.

Pero en los pasillos de Tribunales comenzó a circular una versión que complica el futuro del cortesano apuntado: “Hay un señor que sólo maneja la mano izquierda, de origen cordobés, que visitaba permanentemente a Maqueda por esos años y, cada mes, se aseguraba que la causa siguiera siendo dilatada”.

Los comentarios dejaron de ser por lo bajo, y en la Corte miran con preocupación los movimientos de las últimas semanas, que incluyen búsquedas concretas de pruebas para avanzar en una denuncia formal contra el juez Maqueda.

“Hay abogados empujando el tema”, reconocieron a este medio.

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Detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Lola Chomnalez

Se trata de un hombre de 39 años que tiene antecedentes por delitos por lesiones personales en 2003 y de violación en 2009.

A casi ocho años del femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente de 15 años que fue asesinada en una playa de Uruguay mientras se encontraba de vacaciones durante diciembre del 2014, la policía del departamento de Rocha detuvo este jueves al principal sospechoso por el crimen.

El director de Comunicación de la Fiscalía de Uruguay, Javier Benech, confirmó la información a TN: “Es una noticia que está en pleno desarrollo y yo tengo que hablar con la fiscal de Rocha y ella en pocos minutos me transmitió que efectivamente hay una persona detenida y estamos hablando del presunto autor del homicidio, obviamente hay que profundizar en la investigación, faltaba encontrar al autor”.

El hombre en cuestión presenta en su haber antecedes penales por lesiones personales en 2003 y por violación en 2009, según informó Telemundo. Al momento, hay un único detenido por encubrimiento del caso. Se trata de Ángel Moreira, apodado “El Cachila” y la Justicia estima que hay más involucrados en el caso que aún no está resuelto.

El femicidio de Lola Chomnalez se produjo a fines de diciembre del 2014. La adolescente había llegado a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de ese mismo año, un balneario en el este del departamento de Rocha donde se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, específicamente entre Valizas y Aguas Dulces.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo

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