Referéndum en Cataluña

España: el presidente Rajoy y un duro ultimátum a Cataluña

Dijo que la respuesta del Estado será firme si se viola la Constitución; la Corte prohibió la reunión del Parlamento

viernes 6 de octubre de 2017 - 6:11 am

En la cuenta regresiva hacia el mayor choque institucional de la historia española reciente, el presidente Mariano Rajoy lanzó ayer un ultimátum al bloque separatista que promete declarar la independencia de Cataluña el próximo lunes.

“Vuelvan a la legalidad a la mayor brevedad posible. Es la mejor solución y se evitarán males mayores”, advirtió Rajoy al inicio de un día que resultó un bombardeo de presiones para el presidente regional Carles Puigdemont y sus aliados.

A las palabras de Rajoy siguió un tajante fallo del Tribunal Constitucional (TC), la máxima autoridad judicial de España, que le ordena al Parlamento catalán suspender la sesión que los secesionistas convocaron para el lunes, en la que pretenden proclamar la fundación de la república catalana.

Entremedio se conocía que los dos mayores bancos catalanes -La Caixa y Sabadell- prevén mudar su sede social a otras regiones para detener la sangría que les provoca la crisis.

La orden del tribunal aclara que cualquier decisión que se alcance en la sesión del lunes será “radicalmente nula y sin valor ni efecto alguno”.

Situación delicada

Hasta el momento, Puigdemont y sus socios se regodearon en la desobediencia de las sentencias del Constitucional. Ahora la situación es más delicada.

Por un lado, al declararse nula la sesión, los diputados de los partidos opositores no asistirán.

Eso les dejaría una escenografía aciaga para su soñado acto fundacional de la república: un hemiciclo con casi la mitad de las bancas vacías.

Por otro, sospechan que esta vez el TC puede ser más duro. Los jueces tienen la facultad de tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de sus órdenes: desde la suspensión hasta la detención de funcionarios.

Rajoy ya dijo que no negociará con el gobierno catalán. Y que la respuesta del Estado será firme en caso de una violación flagrante de la Constitución que ponga en peligro la unidad de España.

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