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Judiciales

Un fiscal de Jujuy pide llevar a juicio a Milagro Sala en una causa por tentativa de homicidio

La líder de Tupac Amaru está acusada de contratar sicarios para matar a un dirigente

El fiscal jujeño Diego Cussel, representante del Ministerio Publico de la Acusación, pidió elevar a juicio oral y público la causa en la que Milagro Sala está acusada por “tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria en carácter de coautor”.

Se investiga si la líder de la Tupac Amaru contrató sicarios para asesinar al dirigente Alberto “Beto” Cardozo en el barrio Azopardo, donde en octubre de 2007 se llevó a cabo un tiroteo en el que resultó gravemente herida una nena de 11 años.

Sala fue señalada en la declaración del cooperativista -ex prófugo- Rafael Páes, quien aseguró ante la Justicia que la líder de la dirigente kirchnerista, actualmente con prisión domiciliaria, lo mandó a él y a Fabián Ávila a matar al barrabrava, en ese entonces enfrentado a Sala.

Tras ese enfrentamiento, Cardozo presentó una denuncia en la que declaró que quisieron matarlo pero después quedó detenido, al igual que Ávila y Páes.

El 31 de agosto Sala volvió a su casa tras más de un año en la cárcel.

El 31 de agosto Sala volvió a su casa tras más de un año en la cárcel.

Páes, quien había sido señalado inicialmente como un “sicario” de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad, mientras que los demás permanecen con prisión preventiva.

En mayo de este año la Cámara de Apelaciones de Jujuy había ratificado el procesamiento de Milagro Sala.

Ahora el fiscal Cussel pidió la elevación a juicio oral.

“El juez Pablo Pullen Llermanos debe avalar el pedido. En ese caso es enviado a la Cámara de Juicio, del Tribunal Criminal, que es la que debe continuar el procedimiento y fijar fecha. Eso puede llevar varios meses más”, indicó el titular del Ministerio Público de acusación, Sergio Lello Sánchez.

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Fiesta VIP en Olivos: la fiscalía también aceptó el acuerdo económico de Fabiola Yáñez

La Primera Dama ofreció $1.400.000 que se suman al monto presentado por Alberto Fernández. Los fondos irán como donación al Instituto Malbrán y el expediente quedaría cancelado

Nuevo capítulo en el Olivos Gate: al juzgado de Lino Mirabelli ingresó el acuerdo económico de Fabiola Yáñez aprobado por la fiscalía.

De acuerdo a la periodista Lucía Salinas en Clarín, se aceptó su propuesta de reparación integral de $1.400.000 para cerrar definitivamente la causa sobre su fiesta de cumpleaños realizada cuando regía en el país una estricta cuarentena.

Un día antes también había sido aceptada la oferta de $1.600.000 del presidente Alberto Fernández. Los fondos irán como donación al Malbrán y el expediente quedaría cancelado.

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​Junto con la propuesta de compensación integral de Yáñez, los abogados también realizaron una propuesta por parte de tres de los invitados a la fiesta en Olivos: Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y Fernando Consagra. Las cifras que ofrecieron en nombre de cada uno van desde 220 a 250 mil pesos.

Se suspendió el jury contra Cecilia Goyeneche, la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

En caso de homologarse todos estos acuerdos, en base a lo ya realizado por el juzgado con una de las imputadas, terminarán todos sobreseídos, ya que con la reparación económica se considera extinguida la acción penal.

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Se suspendió el jury contra Cecilia Goyeneche, la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos debe definir el amparo presentado por la procuradora.

El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos suspendió la definición del jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. En los últimos días ya se había abierto la votación para definir si la procuradora adjunta era destituida de su cargo. El proceso se podría reanudar la semana próxima.

Cecilia Goyeneche impulsó distintas causas de corrupción, entre ellas la que terminó con la condena del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Tras recibir un jury en su contra, la fiscal afirmó que se trató de un “castigo” y habló de “adoctrimaniento” a los fiscales “para que no se investigue la corrupción”.

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El procurador general, Jorge Amílcar García, presentó un escrito solicitando que no se dicte un veredicto en el jury hasta que no esté resuelto el amparo presentado por Cecilia Goyeneche. Es estos momentos el texto está siendo evaluado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Los siete jurados que integran el jury tuvieron una reunión y no resolvieron la anulación de la votación, pero “sacaron de despacho” la causa. Por lo tanto, momentáneamente la emisión de votos se encuentra pausada. El próximo paso dependerá de lo que decida el Superior Tribunal de Justicia: si define a favor de Goyeneche se caerá el jury y sino el jurado votará la destitución.

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Juicios al Estado: ex panelistas de 6,7,8 reclaman indemnizaciones millonarias a RTA

En este caso los periodistas Carlos Barragán, Nora Veiras y Edgardo Mocca, reclaman una jugosa indemnización que se suma a las sentencias que deberá pagar la cadena estatal que dirige Rosario Lufrano.

Luego de darse a conocer que el ex integrante del programa ultra kirchnerista 6,7,8, Orlando Barone le ganó un juicio laboral a la TV Pública, por 15 millones de pesos, por considerarse despedido cuando el envío militante fue levantado.

Ahora salen a la luz otras demandas que encabezan otros siete periodistas, contra Radio Nacional, a la que le reclaman más de 110 millones de pesos. Al parecer los ex conductores, panelistas e invitados a 6,7,8, que también prestaban servicios en la emisora radial, se consideraron despedidos entre marzo y abril de 2016, cuando la gestión macrista cambió la programación y dejó de pagarles sus abultados salarios.

Es que durante el último año, cuatro jueces de primera instancia condenaron a Radio y Televisión Argentina (RTA), a pagar 60 millones de pesos a los periodistas Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, así como a los abogados y a los peritos contadores que participaron en esos juicios.

Cabe destacar que la empresa RTA, cuya presidenta es Rosario Lufrano, apeló las cuatro sentencias y ahora están bajo análisis en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Rosario Lufrano, presidente de Radio y Televisión Pública (RTV))

Por su parte, los periodistas y militantes kirchneristas Carlos Barragán, Nora Veiras y Hernán Brienza, también iniciaron acciones legales por 50 millones de pesos, pero aún no ha habido resolución por parte de los juzgados de primera instancia del Trabajo.

En su demanda judicial, Brienza aseguró que fue despedido por “motivación discriminatoria fundada en la ideología o filiación política”, ya que había sido invitado en reiteradas oportunidades al programa 6,7,8 y, “por tal razón, quedé identificado con el mismo aun cuando no fuera panelista”, sostuvo el periodista en el expediente judicial.

Sin embargo, Brienza no estuvo desocupado por mucho tiempo ya que fue designado por el gobierno de Alberto Fernández como director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), perteneciente al Ministerio del Interior.

La periodista Nora Veiras también denunció a RTA, aunque su demanda aun no fue tratada por el juzgado laboral y está en espera de resolución, aunque teniendo en cuenta los antecedentes de sus colegas tiene muchas posibilidades de hacerse con parte del dinero del erario público.

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