Caso Ciccone

Caso Ciccone: revelan el pedido de Vandenbroele para hablar de Boudou y Brito

El Gobierno rechazó pagarle al presunto testaferro del ex vicepresidente del kirchnerismo; mañana comienza el juicio oral

lunes 2 de octubre de 2017 - 5:26 am

Alejandro Vandenbroele tasó su arrepentimiento: pidió US$ 1 millón, y más protección para él y su familia, pero ante la negativa oficial se tomó unos días y comunicó que quería romper su silencio igual, siempre que le dieran garantías.

Sin embargo, una filtración interesada abortó ese acercamiento, según indica el diario La Nación.

Las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno.

El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou.

Ese primer mensaje fue elocuente: Vandenbroele viajó desde Mendoza, está en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos.

Las versiones comienzan entonces a mostrar matices, aunque comparten la esencia. Desde el Gobierno afirman que Vandenbroele llegó más lejos.

Que dijo que estaba cansado de ser “mantenido por Brito, que le pasaba una mensualidad”, en alusión al banquero Jorge Brito, y que pedía “un millón de dólares para dar el paso”.

Junto al potencial arrepentido sostienen que no aludió a Brito, sino a “los dueños de la plata”, y evitaron precisar cifras, sino que Vandenbroele sí pidió que le dieran garantías “de seguridad, para que no lo maten, y de que podrá mantener una cierta posición económica”, indicaron. Pero reafirmaron que no buscaba “un beneficio económico”.

Bullrich se reunió a solas con Cobas. Pero rechazó pagarle a Vandenbroele. “No vamos a hacer «la gran Galeano»”, indicó, en alusión al entonces juez federal de la causa AMIA Juan José Galeano, que le pagó US$ 400.000 a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a Carlos Telleldín para que declarara como testigo y terminó destituido y acusado.

La ministra dio otros tres pasos. Alertó a los jefes del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia, y al juez federal a cargo del “caso Ciccone”, Ariel Lijo, que replicó que Vandenbroele fuera de inmediato a su juzgado, mensaje que le comunicó a la abogada del potencial arrepentido.

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