Política

Problemas para Gils Carbo: sospechas por la compra de otro edificio

Tras licitaciones desiertas y cambios en el pliego, se pagó 42 millones de pesos. El presupuesto era de 31 millones

miércoles 19 de julio de 2017 - 5:53 am

Los miembros de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabajan en un edificio ubicado en el número 545 de la calle Perú.

Su jefa es la fiscal Mónica Cuñarro. La DATIP depende de la Procuración General de la Nación (PGN), al mando de Alejandra Magdalena Gils Carbó.

¿La noticia? Que la esencia institucional de esa Dirección parece contradecirse con el modo con el que el Estado Nacional compró el inmueble en el que funciona ese organismo.

El proceso de esa adquisición fue objetado en puntos sensibles y llamativos por informes internos de asesores de Gils Carbó.

Según detalla el diario Clarín, son similares a los puntos críticos por los que la Procuradora deberá declarar como imputada en una causa judicial en la que se la investiga por delitos de corrupción en la posible compra irregular de otro edificio, el Petit Hotel de Perón 667, donde en el 2013 mudó la Procuración General de la Nación.

Las compras de los dos edificios se hicieron cuando la Justicia aun no investigaba a la primera operación, realizada entre 2012 y 2013.

La trama administrativa sobre la segunda adquisición de un inmueble, cuestionada por los especialistas de la PGN, se empezó a tramitar un año después.

El expediente de la PGN, que trató el tema con señalamientos a los modos con el que se estaba tramitando, está identificado con el nombre de A 9053/2014.

Su “iniciador” fue Aldo Formento, subdirector Adjunto de la Secretaría General de Administración. En ese momento, el ente se llamaba Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales. La última palabra se modificó después a “Penales”.

Los objetores remarcan la falta de idoneidad de quienes realizaron las dos licitaciones públicas que se necesitaron para comprar el edificio de la DATIP.

Se señalaron cambios de precios entre ambas licitaciones sin justificación alguna. La propiedad tuvo un costo final para el fisco de 42 millones de pesos. Pero el área de arquitectura de la PGN había señalado en un principio que una compra similar podía concretarse a partir de los 31 millones de pesos.

En los mismos escritos se alerta sobre una modificación del “objeto” de la licitación. E incluso un cambio de zona donde se había determinado que debía buscarse el inmueble para hacerlo más funcional al sistema judicial, sin que haya argumentos sobre ese salto geográfico notable.

Además, y sobre todo, en el expediente interno de la PGN sobre el este caso quedó expuesto que Gils Carbó había adjudicado en el presupuesto 1.266.000 pesos para pagar una comisión inmobiliaria.

Aun así, en el pliego de la licitación, la PGN había alertado en un texto en mayúsculas escrito dentro de un cuadro y en negrita, estas dos frases seguidas, una reemplazante de la otra: “EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN- NO RECONOCERÁ COMISIÓN INMOBILIARIA ALGUNA, NI COMISIÓN DE NINGÚN OTRO TIPO.

EN CASO EXCEPCIONAL EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN- RECONOCERÁ COMISIÓN INMOBILIARIA LA QUE DEBERÁ ESTAR EXPLICITADA EN LA OFERTA”.

La hipótesis de los investigadores, basada en abundantes pruebas documentales y testimonios, es que la licitación para la compra de ese edifico (el de Perón 667) fue dirigida para beneficiar un determinado vendedor, pero sobre todo también a dos gestores inmobiliarios que sabían de antemano quién ganaría la oferta.

Ambos cobraron más de 7,.7 millones de pesos por ese asesoramiento exitoso. Se lo repartieron en partes desiguales. Uno de los “gestores”, Eduardo Thill, era hermano de quien armó la licitación oficial, Daniel Bellingui.

En ese caso, Gils Carbó se defiende diciendo que ella no tuvo nada que ver con ese pago sospechoso, aceptó irregularidades pero deslindó responsabilidades en su funcionario.

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