Sociedad

Gravísima denuncia contra Philip Morris por fraude

La firma vendría ejecutando desde hace años prácticas ilegales tendientes a falsear información contable, ocultar y/o simular pérdidas

lunes 10 de julio de 2017 - 5:48 am

En estas horas, el abogado Jay Clayton investiga una trama que involucra a una de las principales tabacaleras del mundo, Philip Morris International (PMI).

Según detalla el portal Tribuna de Periodistas, la firma ha sido denunciada por sobornos, extorsión, conspiración, fraude corporativo y colusión.

Para los más desprevenidos, Clayton es quien dirige la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la institución reguladora del mercado bursátil de EEUU.

Según una misiva enviada a este último por parte del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten —sobre la base de una denuncia que reposa en un juzgado de Buenos Aires— la empresa PMI, cuyas acciones cotizan en las principales bolsas del mundo, vendría ejecutando desde hace años prácticas ilegales tendientes a falsear información contable, ocultar y/o simular pérdidas “manipulando con sofisticadas metodologías el sistema de control de la compañía y defraudar a sus accionistas con prácticas fraudulentas, pudiendo incluso incurrir en lavado de dinero”.

La carta enviada por el abogado Kalbermatten a Clayton advierte su motivación en “la imperiosa necesidad de poner en conocimiento de la S.E.C, del Departamento de Justicia Norteamericano (D.O.J) y por su intermedio ante quien corresponda, que la empresa PMI” incurriría en prácticas ilícitas.

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Al mismo respecto, la misiva sostiene: “Resulta preciso revelar las macabras y repudiables prácticas de los deshonestos dirigentes de la empresa PMI en la República Argentina, y posiblemente en el resto del Mundo donde interactúa por sí o por subsidiarias, afiliadas o controlantes, filiales, sucursales o controladas, con el sano propósito de revelar detalles que permitan la inmediata e impostergable intervención de la S.E.C para evitar descalabros que hoy podrían evitarse, y como ya ha ocurrido con casos resonantes como los de la petrolera Enron, Parmalat y World.com entre muchas otras que luego mencionaremos por ser estos precedentes inevitablemente aplicables”.

¿En qué consiste la maniobra? Según explica el letrado, PMI habría avanzado en la creación de un sistema engañoso de control y trazabilidad de la producción de cigarrillos hecho “a medida”, con todo el know how de un modelo creado y patentado por empleados infieles de Philip Morris International denominado codentify, a efectos de “ocultar la real producción, tener un control acotado de las líneas de montaje y tributar menos impuestos internos, lo que le permitiría a las tabacaleras direccionar o manipular el monto total que por impuestos a los cigarrillos ingresan a las arcas del Estado de cada país donde funcionan u operan”.

El expediente en cuestión es el CFP 17766/2016 caratulado “Costa Marcelo y otros s/asociación ilícita” (Costa es el titular de la Subdirección General de Recaudación de la AFIP) y estaría vinculada a las maniobras fraudulentas con el denominado “Sistema de control y trazabilidad Codentify”, que incluso “podría involucrar a otra empresas subsidiarias del mismo grupo económico bajo su control, tales como Philip Morris Products S.A (en lo sucesivo PMP) y Philip Morris Latin America Services S.R.L. (PMLAS)”.

La carta asevera que dichos delitos, “cometidos impunemente por directivos locales de PMI, MP y PMP junto a funcionarios públicos de la República Argentina no solo han infringido el Código Penal de la República Argentina, sino también tratados internacionales en los cuales el país es parte, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementación, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –adoptada por Resolución Nro. 58/4 de la Asamblea de Naciones Unidas en el 2003, y aprobada por ley argentina Nro. 26.097–, la Convención sobre la lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, entre muchos otros”.

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