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Sociedad

El 2013 registró 455 casos de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión

Así lo registró la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), presidido por la ex diputada Silvina Giúdici. Siete de cada diez casos se vinculan a ataques, agresiones, amenazas, entre otros

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), que preside la ex diputada Silvana Giúdici, contabilizó durante el año pasado 455 casos de limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión en la Argentina.

Según registró la Fundación siete de cada diez de esas situaciones estuvieron vinculadas con ataques, agresiones, amenazas, hostigamientos judiciales o cárcel para los periodistas. [pullquote position=”right”]El 2013 registró 455 casos de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión[/pullquote]

LED explicó en un comunicado que la información recogida “proviene de los datos publicados por distintos medios del país y del exterior, las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y organismos oficiales, como así también de las presentaciones individuales, denuncias y/o información general que llega directamente a nuestra Fundación”.

De esas fuentes se desprendieron 455 casos de limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión que, a criterio de LED, “pueden considerarse como restricciones al derecho de acceso a la información o al pleno goce de las libertades de expresión, opinión o pensamiento”.

Al respecto, la Fundación tabuló los casos bajo las siguientes categorías y consignó la cantidad de casos que relevó durante el año anterior: 1- Ataques, agresiones físicas, amenazas o intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación: 77.
2- Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente: 22.
3- Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas: 122.
4- Amenazas o intimidaciones a Periodistas: 88.
5- Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura: 94.
6- Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación: 22.
7- Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina: 23.
8- Incumplimientos y/o aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales: 7.

Más allá de este primer capítulo, el Informe total de la Fundación incluye un segundo dedicado a analizar el uso de los recursos públicos destinados a la política comunicacional del Gobierno y un tercer tramo que señaló los incumplimientos y/o la aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En cuanto a la conclusión sobre el derecho a la información, el Informe que acompaña al relevamiento señaló que “el creciente número de casos reportados y la gravedad y complejidad de muchos de ellos ponen de manifiesto la etapa conflictiva por la que atraviesa la libertad de expresión y de prensa en la Argentina actual”.

Sociedad

Al grito de “basta de polenta”, piqueteros ingresaron al Ministerio de Desarrollo Social y destrozaron todo

La Policía Federal detuvo a tres manifestantes que estaban armados con palos y ocasionaron agresiones y destrozos.

Entre 20 y 50 manifestantes ingresaron por la fuerza al Ministerio de Desarrollo Social y protagonizaron incidentes en medio de una protesta. La Policía Federal detuvo a tres piqueteros que estaban armados con palos y agredieron al personal del establecimiento.

Las protestas son comandadas por diversas organizaciones sociales: una rama del Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MRP y el MTD de Aníbal Verón y el Frente de Organizaciones de Base, entre otras como el MTR Histórico.

Reclaman que “bajen los precios de la canasta alimenticia, que den trabajo a los desocupados y tierras para producir”, según informaron a la agencia Télam voceros de prensa de las agrupaciones movilizadas.

Las marchas tuvieron como epicentro el Ministerio de Desarrollo Social donde terminaron ocurriendo los desbordes. “Los tres detenidos son todos mayores de edad y se los acusa de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones: hay tres policías heridos, una es mujer, y varios empleados del ministerio resultaron con diversos golpes”, detallaron fuentes policiales a Infobae.

Interviene en la causa el Juzgado Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, que dispuso el traslado de los detenidos de 19, 48 y 56 años.

 

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Judiciales

El abogado de Mauricio Macri confirmó que la audiencia se suspendió por “un error grosero del juez”

Pablo Lanusse explicó que “el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”.

La audiencia en la que Mauricio Macri debía declarar en Dolores por presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan no se pudo completar y debió ser suspendida. Por el momento no hay fecha confirmada para una nueva indagatoria.

Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, le delegó la responsabilidad al juez Martín Bava a quien acusó de cometer un “error grosero”.  Dicha falla fue que no se solicitó el relevamiento del secreto de Inteligencia.

“Ha quedado en evidencia que el juez Bava tuvo una intención de querer procesarlo antes de las elecciones. Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar“, explicó el letrado.

Lanusse agregó: “No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”.

Según fuentes judiciales, el fiscal Juan Pablo Curi estuvo de acuerdo con el pedido de la defensa de Mauricio Macri, quienes afirmaron que en este contexto no podía declarar. El abogado Pablo Lanusse afirmó que el juez Bava reconoció el error y ordenó suspender la audiencia.

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Judiciales

Allanan la Obra Social del Poder Judicial de la Nación por malversación de fondos

La Corte Suprema ordenó la medida tras un lapidario informe sobre inversiones millonarias, sistemas obsoletos y descontrol

Novedades en el mundo judicial: efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal allanan la sede de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

La medida es por una causa por malversación de uso de elementos que tiene como principal acusado al director de la entidad, Aldo Tonón.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, quien pidió el allanamiento que fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, según informaron fuentes judiciales.

El objetivo de la medida es secuestrar documentación y computadoras que puedan ser útiles para el avance de la investigación.

La causa se inició a mediados de septiembre con la denuncia de un empleado de la obra social que dio cuenta de algunas irregularidades en el uso de elementos de la obra social que Tonón utilizaría con fines personales. El denunciante declaró en el expediente y se inició formalmente la investigación.

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