Cortes

Acusan al kirchnerismo de estar en la organización de los piquetes

El gobierno porteño denunció ayer a 12 personas por intimidación pública y organización para cometer delitos, es decir, asociación ilícita

viernes 30 de junio de 2017 - 5:18 am

El gobierno porteño, en sintonía con la Casa Rosada, acusó ayer al kirchnerismo y a grupos piqueteros afines por los graves incidentes que anteayer provocaron la represión policial en la avenida 9 de Julio y denunció ante la justicia federal a los principales referentes de la protesta.

No alcanzó con el cambio de política del gobierno porteño, que ante la amenaza de disturbios y la falta de respuesta pasó de la pasividad a la acción.

Según indica el diario La Nación, ahora, la decisión política es ir a fondo. No habrá instancias de negociación con aquellos que busquen alterar el orden público, por lo menos con aquellos que tengan como fin el descontrol, según aseguran desde el gobierno porteño.

“En su mayoría son organizaciones muy cercanas al kirchnerismo”, dijo ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe comunal además destacó que varios de ellos trabajaron en el gobierno de Cristina Kirchner.

El gobierno porteño denunció ayer a 12 personas por intimidación pública y organización para cometer delitos, es decir, asociación ilícita.

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Los acusados son Alejandro “Coco” Garfagnini, líder de la Tupac, ex empleado del Ministerio De Desarrollo Social; Juan Pablo Odezaile, de la Corriente de Militancia Popular, ex subsecretario de capacitación popular del Ministerio de Desarrollo Social; Eduardo Montes, de Cooperativa Gráfica Patricios, integrante de La Cámpora -supuestamente cercano al diputado camporista Andrés Larroque- y ex empleado del Ministerio de Trabajo, y a Fernando Gómez, de JP Descamisados.

Además, los ocho detenidos de anteayer -siete mayores y un menor, entre ellos Maximiliano Godoy, que tiene antecedentes por un robo en grado de tentativa-, que ya recuperaron su libertad y que, según declararon, pertenecen a la agrupación Quebracho.

La investigación quedó en manos del juez federal Sergio Torres. Según informaron fuentes judiciales, el magistrado aún está esperando el sumario policial para avanzar con la pesquisa.

Desde la Casa de Gobierno y la sede de la Jefatura de Gobierno porteña también reclamaron a la Justicia celeridad y acción frente a este tipo de hechos.

Y se mostraron sorprendidos porque en este caso no se aplicó la ley de flagrancia que establece un procedimiento rápido que impide que liberen inmediatamente a los detenidos desde la comisaría, sino que tienen que hacerlo desde el juzgado.

“Hasta ahora los jueces no nos dieron mucho respaldo con este tipo de cuestiones. Fueron poco proclives a jugarse. Esperemos que eso cambie”, dijeron fuentes oficiales.

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