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Judiciales

Investigan abusos sexuales en colegio donde estudió Macri: ocurrieron hace 40 años

Son al menos 22 los alumnos que resultaron víctimas de los sacerdotes del Cardenal Newman; por el momento sólo una de las víctimas hizo pública su denuncia; estos días Irlanda abrió una investigación

Por Mariana GARCÍA (Télam).- Al menos 22 ex alumnos del colegio Cardenal Newman reconocieron haber sufrido abusos por parte de los sacerdotes de la institución, según una de las víctimas, y el caso ya originó una investigación de la policía de Irlanda, donde funciona la sede central de la congregación “Christian Brothers”, que está a cargo de la escuela.

Esta semana, la Oficina de Servicios de Protección de la Guardia Cívica (GNPSB, por su sigla en inglés) le envió un mail a Rufino Varela, el único ex alumno que hasta ahora contó públicamente los abusos que sufrió en el colegio. En ese correo, un agente le adelanta que la oficina de minoridad (TUSLA), abrió una investigación para conocer la responsabilidad de los Christian Brothers tanto en los abusos como en el encubrimiento por parte de la escuela.

En ese colegio estudiaron el presidente Mauricio Macri; los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; el asesor presidencial José Torello; el ex ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; el ex titular de Sbasa Juan Pablo Piccardo, y el empresario Nicolás Caputo, entre otros.

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Según pudo saber Télam, los abusos ocurrieron hace más de 40 años, y las víctimas tienen hoy entre 50 y 60 años. De todos ellos, el único que los hizo públicos fue Varela, de 52 años, quien en diciembre del año pasado en un reportaje con el diario La Nación denunció que fue víctima de un abuso cometido por Finnlugh Mac Conastair, un capellán irlandés al que todos llamaban “padre Alfredo”.

El pasado 10 de abril, en una carta pública, el hermano Hugo Cáceres, superior regional de la congregación de los Christian Brothers de América Latina, pidió perdón a “todas las víctimas” del colegio, dando por hecho que Varela no había sido el único.

Para entonces, el Newman, uno de los colegios más exclusivos de la Argentina, era una olla a presión dividida entre quienes apoyaban a Varela y los que le reprochaban haber lavado los trapos sucios fuera de casa.

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El 14 de marzo pasado, Varela había decidido reencontrarse después de 40 años con muchos de sus ex compañeros y se sumó a un asado en una parroquia de Virreyes. Creía que el llamado del papa Francisco para pedirle perdón en nombre de la Iglesia podía haber calmado los ánimos entre sus ex compañeros.

Pero haberse convertido en una de las pocas víctimas de abuso sexual en recibir un llamado del mismísimo Papa no hizo más que profundizar las divisiones. Varela escuchó primero recriminaciones, pero poco a poco otros se animaron a contar lo que les había pasado y así supo que la lista era extensa.

De su camada suman al menos 11 los casos de abuso, y en todo el colegio ya se contabilizan 22, según los datos que maneja Varela.

En el mail que Varela recibió la semana pasada, la policía de Irlanda le pide que “acerque el contacto de otras víctimas y también de los abusadores que podrían seguir vivos”.

Ubicado en San Isidro, el Newman es uno de los pocos colegios que sigue siendo sólo para varones.

Poco tiempo después de que se conociera la carta del titular de los Christian Brothers, otro grupo de ex alumnos envió un correo al colegio exigiendo explicaciones. Entre otras cosas, pedían crear una comisión para investigar los abusos y “repudiar la falta de denuncia pública por parte del Colegio Newman sobre el ilícito ocurrido décadas atrás”. La carta lleva la firma de muchos ex alumnos de familias con varias generaciones educadas en la institución.

newmanHasta ahora, el colegio se limitó a ofrecer disculpas públicas y sólo lo hizo después de que Varela decidiera contar lo que le había ocurrido.

Varela contó a Télam que a lo largo de 2016 se reunió en cuatro oportunidades con Alberto Olivero, director del Newman, y una vez con el sacerdote John Burke, ex rector del colegio cuando ocurrieron los abusos denunciados. Todas las veces reclamó lo mismo: un pedido público de perdón.

La intervención de la policía de Irlanda abre un nuevo capítulo centrado esta vez en John “Brother” Burke, quien actualmente vive en ese país y estuvo a cargo del colegio durante 18 años.

Los Christian Brothers abrieron su primera escuela en 1802 en Dublin, y desde entonces llegaron a abrir unos 200 establecimientos en todo el mundo. Sin embargo, los casos de pedofilia llevaron a una crisis a la congregación: al menos 400 sacerdotes en Irlanda y otros 280 en Australia fueron condenados por abuso sexual de menores en dos de los mayores casos conocidos hasta ahora.

Aunque desde hace varios años el Newman está a cargo de un laico, la congregación sigue manejando los principios del colegio, y en octubre del año pasado Burke viajó especialmente para la cena anual de camaradería.

Judiciales

Narcotráfico: Servini acusó a Soria y Garrigós de Rébori de ser “cómplices”

El ministro de Justicia y la directora del Servicio Penitenciario Federal María Laura Garrigós de Rébori fueron acusados por la magistrada federal en el marco de una causa iniciada por sospechas de venta de drogas

Novedades desde el mundo judicial: María Servini denunció penalmente al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la directora del Servicio Penitenciario Federal, la dirigente de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori por obstruir el avance de una investigación de narcotráfico en el penal de Devoto.

Además, la jueza federal los acusó de actuar como “cómplices” de los delincuentes que manejan el negocio desde la cárcel.

Según indica la periodista Lucía Salinas en Clarín, la protagonista asegura que “solo se encontró con impedimentos” a la hora de avanzar en una investigación sobre el manejo de los narcos dentro de los penales federales que dependen de Garrigós de Rébori.

Martín Soria

La investigación que derivó en la denuncia contra los funcionarios arrancó en marzo del año pasado cuando la jueza pidió que el Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal realice “discretas tareas investigativas a fin de corroborar si en la cárcel de Devoto se estarían llevando a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes”.

María Laura Garrigós de Rébori

El espacio mencionado fue disuelto por Garrigós de Rébori en junio de 2020. En el escrito a Servini la funcionaria K explicó que a la fecha “no se había creado una División que la suplantara o contara con las facultades legales y/o reglamentarias para dar cumplimiento a lo solicitado”.

“No vemos ninguna gestión”: Lorenzetti apuntó contra Martín Soria por falta de diálogo

Esta decisión la tomó el gobierno de Alberto Fernández después de denunciar a la gestión macrista por el presunto uso de ese departamento para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y ex funcionarios K detenidos por corrupción.

Martín Soria acusó a la Corte Suprema de “extorsionar” al Gobierno nacional

 

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La fiscal Cecilia Goyeneche acude a la Corte Suprema para no ser destituida tras investigar a Urribarri

La funcionaria había reconocido que el Jury de Enjuiciamiento va a desplazarla de su cargo en las próximas horas. Vinculó la embestida en su contra a que investigó “a los poderosos cuando tenían poder”

La fiscal entrerriana Cecilia Goyeneche le pidió a la Corte Suprema su “urgente intervención” para evitar ser destituida de su cargo por el Jury de Enjuiciamiento que la colocó en el banquillo de los acusados. La solicitud se hizo a través de un escrito que presentó ante el máximo tribunal.

“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”, expresaron los abogados que representan a la fiscal.

En el escrito, la defensa de Goyeneche advirtió que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.

“Todo ello, pese a que la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (del miércoles pasado) no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto por la Corte, y rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo “mi día en la Corte”, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”, prosiguió el escrito.

El argumento de los letrados de Goyeneche destaca que la resolución del Superior Tribunal entrerriano “le dará al propio tribunal la oportunidad para afirmar falaz y erróneamente que, una vez que el Jury haya hecho efectiva mi destitución (lo cual es inminente), se habrá tornado “abstracto” un pronunciamiento sobre el fondo en la acción de amparo, impidiendo a la suscripta acceder a una tutela judicial oportuna y efectiva, en los términos de la sentencia” de la Corte nacional.

La fiscal anticorrupción destacó que el suyo sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”.

La presunción de la fiscal de su posible salida ya había sido manifestada anteriormente a emitirse el expreso pedido a la Corte. “No porque tenga un pálpito definitivo, sino porque lo han demostrado hace ya meses y sé que esto va a terminar así”, había argumentado en Radioinforme 3.

En ese sentido, expresaba: “Mi primer pecado fue generar el debate que desencadenó el juicio contra Uribarri“. Y agregaba: “Por una sentencia que salió el día de ayer (por este miércoles), en pleno feriado, se decidió no hacer caso al la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la nación, que establecía que debían tratar el amparo que yo había interpuesto planteando la ilegalidad de mi jury”.

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La fiscal fue suspendida de su cargo en diciembre. “Luego recusé a varios de los jurados por su manifiesta parcialidad. Tenían una tendencia a destituirme como parte de un plan de impunidad de la provincia”, aseveró.

Vale recordar que el jury se le impone a Goyeneche argumentando que entre los investigados en los hechos de corrupción aparecía un amigo de su esposo.

“Lo que se viene es la destitución. Nosotros investigamos a los poderosos cuando tenían poder”, aseguró en diálogo con Infobae.

Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc.

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Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

En las últimas semanas, se reavivaron las sospechas alrededor del rol que tuvo el cortesano en la demanda que Nación que le realizó a la provincia de Córdoba por un impuesto vial que había creado

Una década atrás, en 2012, cuando José Manuel de la Sota era gobernador de Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner oficiaba de Presidenta, Nación avanzó con una denuncia contra un impuesto interno que había lanzado la provincia, con el fin de recaudar por cada carga de combustible que se hiciera en su territorio.

La causa llegó a los escritorios de la Corte Suprema en 2012, y recién en 2016 fue declarada abstracta, frustrando así los reclamos de Nación.

Pero ¿qué pasó entre 2012 y 2016, tratándose de un juicio tan relevante?

Córdoba había dictado la ley 10.081 a través de la cual creaba una tasa sobre los combustibles líquidos y gas natural comprimido. La ley indicaba que se creara la “Tasa Vial Provincial”, destinada a “retribuir la prestación de los servicios que demande mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley N° 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la provincia de Córdoba”.

De esa manera, creaba un impuesto que le generaba cuantiosos fondos a la Provincia. Ese impuesto era, a la vista de los constitucionalistas, ilegal, ya que las provincias no pueden crear gravámenes, además de afectar directamente el funcionamiento del sector empresario. En aquél entonces fue un verdadero escándalo.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional inició un juicio ante la jurisdicción originaria de la Corte, pidiendo que se declarar inconstitucional al impuesto, ya que el mismo violaba la coparticipación federal.

El expediente en la Corte tenía el número 291/2012 y los abogados del Estado Nacional eran Sergio Acevedo y Ricardo Yamone; mientras que del lado de la provincia estaba Alberto García Lema. La demanda se inició en noviembre del 2012 y el 17 de diciembre de ese año se pidió una medida cautelar para que se suspendiera el cobro del impuesto.

Los registros públicos aún dan fe de que la causa circuló por los despachos de los jueces de la Corte. En aquel momento, los entonces jueces Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carlos Fayt suscribieron la propuesta de suspender la aplicación de esa tasa. Si bien Lorenzetti no firmaba, había mayoría para suspender el impuesto cordobés. Sin embargo, lo que parecía salir cómodamente, terminó dilatándose por un pedido de Juan Carlos Maqueda, quien pidió la causa y la retuvo durante más de un año en su despacho.

Durante el 2013, 2014 y 2015, el expediente fue demorado -la vocalía de Maqueda lo tuvo durante el 2014 y 2015- y, finalmente, en julio del 2016 se declaró abstracto porque la tasa fue derogada, ya que se había logrado un principio de acuerdo entre Córdoba y Nación, con Mauricio Macri ya en el Ejecutivo. “Maqueda paró el expediente hasta que cambió el Gobierno Nacional”, recuerdan quienes estuvieron en los pasillos de Tribunales en aquel entonces.

Otras fuentes consultada por este medio, dan un paso más y acusan: “La suspensión de la cautelar por influencia de Maqueda es un hecho incuestionable”. Esta información la corroboran tanto jueces consultados por el tema, como el equipo que participó en la defensa de la postura del Estado Nacional.

Pero en los pasillos de Tribunales comenzó a circular una versión que complica el futuro del cortesano apuntado: “Hay un señor que sólo maneja la mano izquierda, de origen cordobés, que visitaba permanentemente a Maqueda por esos años y, cada mes, se aseguraba que la causa siguiera siendo dilatada”.

Los comentarios dejaron de ser por lo bajo, y en la Corte miran con preocupación los movimientos de las últimas semanas, que incluyen búsquedas concretas de pruebas para avanzar en una denuncia formal contra el juez Maqueda.

“Hay abogados empujando el tema”, reconocieron a este medio.

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