Política

Empleados públicos: los ministerios deberán informar el desempeño y los sueldos

Una norma ordenó crear la primera base de datos integrada de la historia. La medida la administrará el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra

martes 30 de mayo de 2017 - 7:11 am

La obsesión de Mauricio Macri por reducir el gasto y reordenar las erogaciones con fondos públicos condujo a un hecho inédito.

Por primera vez en la historia, el Gobierno confeccionará una gigantesca base de datos en la que constarán en detalle el perfil, el salario, la afiliación gremial y el compromiso con el trabajo de cada uno de los empleados del sector público nacional, que reúne a 740.000 empleados.

Según indica el diario La Nación, la medida la administrará el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.

El objetivo de la norma es más ambicioso, ya que contempla sumar a las provincias y a los municipios, de manera que las nuevas medidas tienen el potencial de alcanzar a unos cuatro millones de trabajadores.

Con esa cifra, el Estado es el mayor empleador del país. Así surge del decreto 365, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y ordena la creación de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP).

La norma lleva las firmas de Macri; de Ibarra (algo así como el gerente de recursos humanos del Estado); del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La búsqueda para sumar información con respecto a los recursos humanos en el sector público se origina en una carencia. Hoy no existen estadísticas confiables sobre ese punto.

Por ejemplo, es imposible conseguir números que permitan explicar cuál fue el ausentismo en una fecha determinada o bajo qué modalidad están contratados los empleados públicos.

Los ministerios serán los encargados de facilitarle la información a Ibarra. Tienen tres meses. Quienes no lo hagan pagarán el precio del incumplimiento con sanciones incómodas.

Entre ellas, no podrán contratar personal, acceder a modificaciones presupuestarias (el mecanismo previsto para redireccionar partidas de una cartera a otra) y hasta frenar los pagos a cierto tipo de trabajadores.

Aunque el objetivo es alcanzar a toda la administración pública, el primer paso contemplará al personal civil y a los trabajadores de organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional, que suman 210.000 personas en el entorno de Presidencia y de los ministerios, principalmente.

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