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Política

Represas patagónicas están frenadas, pero la Argentina ya paga intereses

El proyecto sufrió demoras por irregularidades heredadas del kirchnerismo. Hasta el momento, el Estado le pagó a China US$ 61 millones

Fue una de las últimas herencias que le legó el kirchnerismo al gobierno de Mauricio Macri. Antes de dejar el poder, la presidenta Cristina Kirchner dejó en marcha el contrato para construir las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, la iniciativa de infraestructura más ambiciosa de la década.

Pero la nueva administración se encontró con que el proyecto no contaba con un respaldo técnico suficiente, entre otras irregularidades. Y luego la Corte Suprema suspendió la iniciativa a pedido de dos ONG.

El resultado fue malo para el Estado: hasta el momento, la Argentina le pagó a China US$ 61 millones en intereses por un proyecto que casi no avanza, según detalla el diario La Nación de documentos oficiales.

De ese total, una porción menor se giró en el epílogo de la gestión kirchnerista (US$ 6,9 millones, el 27 de julio de 2015), pero la mayor parte corrió por cuenta de la actual administración (US$ 13,39 millones el 28 de enero de 2016, US$ 20,04 millones el 27 de julio pasado y US$ 20,88 millones en enero de este año).

Aunque el desembolso por los intereses es menor en relación con los US$ 4714 millones que costará el proyecto, si se lo compara con una situación del mundo privado, salvando las distancias, sería como tomar un crédito para instalar una nueva línea de producción, pero demorar la obra, cuando lo que se necesita es que esté en marcha rápidamente para que genere los fondos que permitan afrontar la deuda.

El Gobierno está al tanto de la situación. En dos ministerios involucrados dieron una respuesta similar: el contrato con China, uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, ya estaba en marcha cuando Macri llegó a la Casa Rosada. Romperlo tenía costos mayores.

Más aún: China ya giró US$ 850 millones para financiar la construcción de las centrales. Entre el 6 y el 7% del contrato ya fue girado a la UTE a cargo de la construcción, conformada por la cordobesa Electroingeniería (que fue muy cercana al kirchnerismo), la china Gezhouba Group y la local Hidrocuyo.

Allegados al consorcio explicaron que se trató de desembolsos para cubrir certificados menores de avance de obra. El crédito provino de un acuerdo entre el ex Ministerio de Economía y los bancos China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

Las centrales estuvieron a punto de trastabillar al principio del mandato de Macri. El 22 de diciembre de 2015, el Presidente se reunió con Cristine Mc Divitt, la viuda del empresario Douglas Tompkins, que había cedido tierras al Estado para la protección de la Patagonia.

Después de ese encuentro, Macri dudó de seguir con el proyecto. Ésa era la intención del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, que chocó con otros dos miembros del gabinete: su par de Energía, Juan José Aranguren, y la canciller Susana Malcorra.

El Gobierno revisó el proyecto y lo achicó. La potencia de la obra se bajó de 1740 MW a 1310 MW, pero entregando la misma cantidad de energía por año: 5100 Gw/h, entre otras cosas.

El Gobierno también debió renegociar las condiciones con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El contrato original contemplaba que el Estado garantizaba el financiamiento por el acuerdo con China, pero las centrales quedarían como propiedad provincial, algo que no ocurre en otros casos.

Capital Federal

Legislatura porteña: los tres proyectos que Larreta buscará aprobar antes que ingresen los nuevos diputados

Buscan que se apruebe la urbanización de Costa Salguero, el nuevo régimen de licencias de conducir y el Presupuesto 2022, que no promete grandes hazañas

Los próximos 2 y 9 de diciembre la legislatura porteña asistirá al debate de tres proyectos clave para el Gobierno de la Ciudad por su impacto político y social, que buscará aprobar antes del ingreso de los nuevos diputados a la Cámara el día 10.

El calendario prevé dos sesiones ordinarias para las fechas mencionadas y en el medio, el 7, es cuando jurarán los legisladores ingresantes cuyas funciones comenzarán oficialmente tres días más tarde. Con los resultados electorales, el oficialismo de Capital no pierde la mayoría de bancas, pero sí sus 38 se reducen a 34.

El proyecto que urge al Gobierno es un tema que despierta los más calientes cruces con la oposición. Se trata de la iniciativa de poblar los predios verdes de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte con edificios de lujo, así como 11 nuevas torres en diferentes barrios incluida la ex Ciudad Deportiva Boca y una “regularización” de obras ya terminadas. Es que el viernes pasado, tras casi siete horas de exposiciones, el oficialismo logró el dictamen de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto en aquellas propuestas. Mientras tanto, desde el Frente de Todos denunciaron que no sería posible tratarlas el próximo jueves porque los dictámenes se habían realizado fuera de plazo.

En la sesión del 9 se prevé tratar los cambios en el régimen de licencias de conducir, que entre otros puntos, inhabilitará a quienes superen los niveles de alcohol permitidos mientras circulan. Con el objetivo de su aprobación, en la jornada de hoy se reunieron los asesores de los diputados que integran las comisiones de Transporte y Tránsito, la comisión de Justicia y la comisión de Asuntos Constitucionales.

Por último, el mismo día se espera la aprobación del Presupuesto 2022, que no incluirá obras de gran envergadura porque, según argumenta el Gobierno, se trata de un presupuesto de “contingencia” por el recorte de coparticipación que se les aplicó en 2020. De acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo porteño la pérdida por quita de “copa” en 2022 rondará los $ 120.000 millones, el 13% de los recursos totales.

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Judiciales

Piden 8 años de prisión para Jaime y 4 para De Vido por la compra de trenes chatarra

La fiscal Gabriela Baigún pidió que los ex funcionarios kirchneristas cumplan condenas en la cárcel y además paguen millonarias cifras para resarcir al Estado por la compra de trenes en condiciones paupérrimas

En el marco de la causa por la compra de trenes “chatarra” durante el gobierno de Néstor Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió hoy que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusados por “administración fraudulenta y cohecho”, sean condenados a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Pide también que Jaime cargue con una multa de casi 16 millones de pesos.

La fiscal argumentó que, por un lado, el negocio con las ferroviarias de España y Portugal fue un fiasco en tanto los trenes que se adquirieron eran inútiles y su acondicionamiento en los talleres locales, como se había especulado, nunca se realizó. Por el otro, que Jaime cobró un soborno de casi un millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

Este último tampoco queda limpio en la causa, ya que Baigún pidió cinco años y ocho meses de cárcel, más un castigo civil por el que tendría que resarcir al Estado con una multa de 11 millones de pesos.

La fiscal sostuvo: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”.

Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

Para la representante del Ministerio Público, con la compra de coches en malas condiciones que no se ajustaban al sistema ferroviario argentino, ambos violaron las obligaciones del “buen administrador”.

Baigún asimismo investiga por enriquecimiento ilícito a Ricardo Jaime, que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza por estrago culposo después de la tragedia ferroviaria de Once. Antes había sido condenado por peculado e instigación al falso testimonio. Mientras que De Vido se encuentra libre, a la expectativa de una definición sobre la condena por el fatídico episodio en la estación de trenes aquel 22 de febrero de 2012.

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Política

Provincia de Buenos Aires: instituto estatal lanza colonia de vacaciones gratuita para los hijos de los funcionarios

El llamado a contratación está destinado a 85 personas, entre las que se encuentran agentes e hijos de agentes del OPDS. El monto estimado de la contratación asciende a 4.331.430 pesos

El despilfarro estatal continúa generando polémica en el ambiente de la política. En esta ocasión, sin ser la primera vez que ocupa el centro de la polémica, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible utilizará millones de pesos de las arcas públicas para montar una colonia de vacaciones destinada a hijos de funcionarios.

El llamado a contratación trascendió a partir de una investigación realizada por el sitio RealPolitik. Según la información publicada, el proyecto estaría previsto para 85 personas, entre agentes e hijos de agentes del OPDS y entrará en funcionamiento entre el 3 de enero y el 25 de febrero de 2022.

El monto estimado de la contratación asciende a 4.331.430 pesos, a un promedio de más de 2 millones de pesos mensuales. El servicio será dirigido a niños entre cuatro y doce años, divididos en grupos compuestos por un profesor y quince participantes mixtos por espacio, e incluirá actividades deportivas, recreativas y merienda.

No es la primera vez que el organismo que dirige Juan Brardinelli queda envuelto en una serie de polémicas económicas. En el último tiempo, fue acusado de haber “presentado una cuenta de almacenero” para incluir militantes kirchneristas de forma indiscriminada en el organismo.

En este sentido, fue duramente criticado no sólo por la superpoblación de empleados sino también por el pésimo ambiente laboral que se generó tras la masiva contratación. Escaso herramental de trabajo y oficinas sin las condiciones de higiene y oxigenación adecuadas fueron algunas de las causas que llevaron a los reclamos en contra de Brardinelli.

“Los militantes tienen que ir a parar a algún lado”, aseguró al respecto el especialista ambiental Juan Luis Peri en un reciente diálogo con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm): “El OPDS se transformó en una agrupación camporista, aprovechando el estado de la pandemia”.

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