Política

Caso Gils Carbó: allanan la Procuración por la sospechada compra de un edificio

En el operativo se llevaron registros informáticos del organismo que dirige Alejandra Gils Carbó; el inmueble se pagó $43.850.000 y hubo comisiones por $7.700.000

miércoles 12 de abril de 2017 - 5:59 pm

El juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento en cuatro sedes de la Procuración General de la Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó. El propósito fue obtener las computadoras del subdirector de Compras de la Procuración, Guillermo Bellingi, que se encuentra bajo investigación por la compra de un edificio.

La inmobiliaria que participó de la operación fue Jaureguiberry Asesores, que había sido contratada por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, y que habría subcontratado a Juan Thill para que intercediera en la operación.

La operación generó a Jaureguiberry una comisión a favor por casi 8 millones de pesos que compartió con Thill, quien, según publicó el portal Infobae, es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se hizo la compra.

La Justicia investiga cómo se pagaron 8 millones de pesos en la adquisición del inmueble y se abonó una subcomisión de 3 millones de pesos a un productor de seguros. También indagan si estos agentes inmobiliarios tienen algún tipo de vínculo con Héctor Alonso, el exmarido de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó.

Procuración General

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que el Ministerio Público Fiscal no pagó ninguna comisión a una inmobiliaria para la compra de un edificio.

Lo hizo al defenderse de una acusación en su contra por la compra del edificio de la calle Perón 667 de esta capital, sede de la Procuración, operación en la que según una denuncia periodística se habría pagado una millonaria comisión al ex marido de Gils Carbó.

A su vez, la procuradora Gils Carbó ordenó iniciar una investigación administrativa para esclarecer bajo qué circunstancias se produjo la compra de un inmueble por la que fue denunciada. También dispuso la suspensión de un funcionario que habría estado vinculado a la operación inmobiliaria.

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