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Judiciales

Stolbizer denunció a CFK por ocultar tres departamentos que la vinculan con Báez

Se trata de un terreno adquirido por Néstor Kirchner el 30/6/1982 sobre el cual se construyeron el local y los departamentos, se detalla en la denuncia

La diputada del GEN Margarita Stolbizer presentaró hoy ante los jueces federales Claudio Bonadio y Julian Ercolini más información sobre tres inmuebles que pertenecerían a la ex presidenta Cristiana Fernández y reforzarían lazos con el empresario Lázaro Báez

La abogada de la diputada, Silvina Martínez, en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur, aseguró que se detectaron “diferentes inmuebles que pertenecían a la sucesión de Néstor Kirchner y que, en virtud de la cesión que realizara la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, hoy se encuentran a nombre de Florencia y Máximo Kirchner”.

En ese sentido, apuntó a “la existencia de tres departamentos de Río Gallegos pertenecientes a la familia Kirchner, los cuales se han ocultado en el expediente sucesorio judicial, como así también en las respectivas declaraciones ante los organismos tributarios”.

stolbizer

El texto agregó que “tampoco constan los mismos en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción de Cristina Fernández de Kirchner”. “Lo cierto es que únicamente se declaró un local ubicado en la planta baja del inmueble sito en la calle Alcorta 99 (esquina Chacabuco) pero no los 3 departamentos que se ubican sobre el mismo. Se trata de un terreno adquirido por Néstor Kirchner el 30/6/1982 sobre el cual se construyeron el local y los departamentos”, detalló.

Tras señalar que las propiedad tenía una valuación fiscal de 54.718 pesos, añadió que “estos departamentos fueron alquilados por diferentes empresas de Lázaro Báez hasta fines 2015”.

La presentación planteó además que “entre los inmuebles declarados por la familia Kirchner, solo dos se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, uno en la calle Juncal 2166 piso 5 de 160 metros cuadrados adquirido por Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 1980”.

lazaro baez

Ese “inmueble fue alquilado durante los últimos años a Francisco Martin Santamaría, un joven de 26 años domiciliado en Rio Gallegos y empleado de la empresa Idea SA (cuyos dueños son Osvaldo Sanfelice y su esposa), compañía que administra los hoteles de la familia Kirchner”, remarcó.

“El inquilino del departamento de propiedad de la familia Kirchner es el hijo de Ariel Santamaría, ex asesor del secretario de Obras Publicas José López quien, junto a su mujer Claudia Risolia, y a través de la empresa MULTIDEAS SRL recibió fondos públicos para organizar stands en la feria de ciencia y tecnología Tecnópolis”, explicó a su vez la abogada Martínez.

En tanto, el escrito señaló que “el otro inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, calle Uruguay 1306 piso 5 fue alquilado hasta fines del 2015 a un directivo del Grupo Indalo”, a quien identificó como “Mauro Sánchez”.

Judiciales

Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Judiciales

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Judiciales

Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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