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Política General

De Vido le pagó al socio de Bulgheroni un precio “extra” por el gas en barco

Era para asegurarse la provisión, pero terminó siendo un valor 50% más elevado que el promedio

La petrolera británica British Petroleum (BP) resultó la mayor beneficiaria de las importaciones de gas líquido (GNL) en barcos durante el kirchnerismo. Enarsa, la empresa estatal que pagaba por esas compras, accedió a pagarle un precio “con premio”, o por arriba de los valores de mercado, a la firma británica. Los datos están en manos de la actual conducción de Enarsa, pero son revalidados por información que poseen consultores de petroleras.

Entre 2014 y 2015, el Estado nacional pagó gas importado por más de US$ 6.000 millones. Entre 2016 y 2017, ese gasto rondará entre los US$ 2.000 millones y US$ 2.200 millones. La caída se explica por la baja en el precio internacional del gas en relación a los años anteriores, pero también por decisiones de compra del kirchnerismo al frente de Enarsa.

En 2014, el país importó GNL a un promedio de US$ 15,54 por millón de BTU (la unidad de medida del gas), cuando se podía conseguir a US$ 10.5/US$ 10,6. Pagó casi un 50% en exceso.

Esto sucedió porque Enarsa se quiso garantizar la provisión de gas para el invierno y accedió a abonarle un “premio” a BP, para que esa petrolera le vendiera a la Argentina y no a otros países.

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Entre 2013 y 2015, hubo -como mínimo- unos 48 cargamentos de gas comprados a BP con valores que superaraban los precios de mercado. Enarsa accedió a realizar operaciones con BP a través de estímulo adicional para asegurar los contratos.

Para entender el “premio”. hay que saber cómo se conforma el precio del gas líquido. Ese valor toma dos referencias claves en el mundo energético: el importe del gas Henry Hub y, en menor medida, el valor del barril de petróleo crudo Brent.

“En general, se toma el precio del Henry Hub y se le aplica un adicional”, explica un conocedor de ese proceso. En 2017, el país importará GNL a US$ 5,62-US$ 5.87, mientras que el Henry Hub está a US$ 3,1. Eso implica que al Hub (la referencia), se le aplicará un múltiplo menor a 2 para llegar al importe del GNL.

Eso no fue lo que pasó entre 2013 y 2015. En 2014, por ejemplo, el Henry Hub estaba a US$ 4,5, pero Argentina pagó el GNL a un promedio de US$ 15,54, aplicando un múltiplo de 3,5. En 2015, el Hub cotizó a US$ 2,6 y Enarsa pagó por el GNL alrededor de US$ 10,64, lo que implica un múltiplo de 4.

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“Hubo una decisión de pagarle a British Petroleum entre US$ 10 y US$ 12 por arriba del precio Hub”, detalla el experto consultado. “Son claúsulas que se firman en esta clase de convenios comerciales. Visto en perspectiva, está claro que resultó oneroso, o que se podría haber pagado menos”, puntualiza.

Como no existen datos oficiales sobre las importaciones de GNL hasta 2015, ya que el kirchnerismo nunca los hizo públicos, se reconstruyeron en base a fuentes oficiales y privadas.

En noviembre de 2014, por ejemplo, el país le compró GNL a Trafigura por US$ 10,6 el millón de BTU y a Shell, por US$ 10,5. Los precios internacionales ya estaban bajando. Pero Enarsa estuvo impedida de capitalizar ese ahorro, porque estaba atada al acuerdo con BP para pagarle por arriba de los precios de mercado.

Por la misma época, la rusa Gazprom también estuvo obteniendo una remuneración de US$ 15,6, por arriba del precio de mercado.

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El perjuicio al Estado nacional por estas operaciones es dificil de probar en términos legales. “Se puede suponer que Enarsa quiso garantizarse ese precio, que resultó más alto que el de mercado, por temor a que siguiera subiendo en esa época. Pero sucedió lo contrario. Evaluar lo que pasó después que sucedieron los hechos es complicado”, razona un consultado.

La importación de gas del kirchnerismo se modificó con la estatización de YPF. El ministro de Economía, Axel Kicillof, puso a YPF a realizar los llamados a licitación y selección de ofertas para esas compras. Fue una forma de quitarle poder a Enarsa, que estaba baja la órbita política del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Política

Kicillof designó como nuevo ministro de Trabajo a un sindicalista cercano a Máximo Kirchner y Pablo Moyano

Se trata de Walter Correa, titular del Sindicato de Obreros y Curtidores de la República Argentina, quien recientemente se reunió con Cristina Kirchner en un encuentro del que participaron varios dirigentes gremiales del ala peronista.

El ministerio de Trabajo de la provincia de la Nación tiene un nuevo titular a partir de este jueves. Se trata de un hombre no sólo de las filas del referente camporista, Máximo Kirchner, sino también cercano al líder de Camioneros, Pablo Moyano.

Axel Kicillof designó como nuevo titular de la cartera a Walter Correa, quien se encuentra al frente del Sindicato de Obreros y Curtidores de la República Argentina. La llegada al gobierno provincial del también ex diputado kirchnerista se produce tras la salida de Mara Ruiz Malec y su consiguiente asunción en la AFIP como directora general de los Recursos de la Seguridad Social.

Walter Correa junto a Axel Kicillof

El vinculo del ministro entrante con el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández, se arraiga en el Partido Justicialista. Es consejero por la rama gremial del PJ que preside Kirchner y uno de los dirigentes que le “lleva” la relación política con la pata sindical. Además es uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores.

En la misma línea que Moyano, Correa sostiene un perfilantiempresario“, representado a través de sus diversas formas de proceder. Entre ellas -la más reciente-, figura un reclamo que realizó contra la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Sociedad Rural y Pro por orquestar “un plan desestabilizador”. “Parar el golpe”, se tituló el panfleto que llevaba la adhesión de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero y de la seccional Oeste cegetista, sus dos áreas de influencia.

La marcha que llevó a cabo la CGT durante la jornada del miércoles y que causó un caos de tránsito en el centro porteño contó con varios condimentos a nivel político. Entre ellos, un discurso improvisado de Pablo Moyano quien le envió un duro mensaje a Alberto Fernández en plena crisis económica que azota al país y a la que el Gobierno Nacional no ha podido encontrarle solución.

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Política

Tras las últimas denuncias en su contra, Milagro Sala habló de sus problemas económicos: “Estoy jodida de plata”

La líder de la Tupac Amaru se refirió a las declaraciones de su ex mano derecha y justificó los viajes que realizó al exterior.

Tras la denuncia pública que realizó Mirta Guerrero, la ex mano derecha de Milagro Sala, y las declaraciones que brindó su ex chofer, la líder de la Tupac Amaru rompió el silencio y volvió a desmentir las versiones en torno a las acusaciones que enfrenta por lavado de activos.

En diálogo con Radio 10, la dirigente popular no sólo justificó sus viajes al exterior sino que también aseguró que atraviesa por una dura situación económica. En relación a los dichos de “Shakira” -el apodo por el cual es conocida Guerrero-, sobre las presuntas 27 propiedades que serían de su partida, sostuvo: “Dice que tengo departamentos, hoteles. Me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo, la verdad que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo”, afirmó sobre su ex mano derecha a quien tildó como una “víctima de Gerardo Morales”, el gobernador radical de Jujuy.

Sobre los viajes que realizó al exterior, argumentó: “En la mayoría de los lugares siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje, no pueden decir que me pasé viajando el mundo gastando plata de la organización”.

Al mismo tiempo, se refirió a un supuesto viaje que habría realizado a Norteamérica años atrás: “Dicen que tuve un viaje a Estados Unidos. Siendo quien soy, ¿vos te creés que Estados Unidos me va a dar un visa para que pueda entrar?”, expresó.

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Por otro lado sostuvo que no fue a España. “Únicamente que hubiésemos hecho un tránsito para el Vaticano”. “Tengo familia en España, primos de parte de mi padre, podría haber ido, pero nunca fui a España”, planteó.

Sobre su situación judicial comentó: “Quiero que la Justicia me juzgue y vea bien los expedientes. No quiero que me hagan un favor, quiero que revisen el expediente de punta a punta”.

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Notas de Opinión

En la Argentina, la calle es del más fuerte

¿Dónde está el Estado? ¿Quién pone orden en el espacio público? ¿Quién garantiza el cumplimiento de las normas? ¿Quién protege al ciudadano?; los que trabajan y producen se sienten solos

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

La imagen de un automovilista esposado cuando intentaba circular en medio de una ciudad sitiada una vez más por los piquetes tal vez esté llamada a convertirse en uno de los símbolos de una Argentina dominada por la anomia, la confusión y el lema del “sálvese quien pueda”.

Unos días antes de que ocurriera ese episodio, una mujer se bajó de su vehículo y negoció con activistas que bloqueaban una calle para que habilitaran el paso. Captada por las cámaras, fue otra escena en la que también se expresa un signo de estos tiempos. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién pone orden en el espacio público? ¿Quién garantiza el cumplimiento de las normas? ¿Quién protege al ciudadano? Detrás de las situaciones que hemos visto en estos días se esconden interrogantes de fondo. La calle se ha convertido en un espacio desarticulado, sin reglas, en el que el Estado no solo exhibe su impotencia, sino también su inoperancia. No actúa, y cuando lo hace, lo hace mal. El ciudadano se siente indefenso, tácitamente convocado a arreglarse como pueda. El Estado deja hacer a organizaciones que pisotean las normas, pero le cae encima a un automovilista solitario que intenta llegar a su trabajo. Ejerce la autoridad con anteojeras. Se asume como un Estado tuerto, que interviene cuando quiere, no cuando debe; que es implacable frente al ciudadano y se repliega frente a la patota; que por un lado, señala, y por el otro, hace la vista gorda.

Las fuerzas de seguridad –tanto locales como federales– no son una excepción en el paisaje argentino. Son un engranaje de un Estado que ha extraviado su profesionalismo y ha desertado de sus obligaciones y responsabilidades básicas. Las policías son estructuras a las que el poder político ha debilitado y confundido. Sus agentes se sienten desorientados y desautorizados, además de no contar con la capacitación, las herramientas y el respaldo indispensables. Sometidas a vaivenes permanentes y a marchas y contramarchas, salen a la calle sin saber bien cuál es su rol. Las normas se han convertido en un territorio difuso. Hacerlas cumplir no es un imperativo que goce de consenso ni de respaldo en el poder. En ese contexto debe entenderse la imagen de un ciudadano esposado mientras a otros miles se les garantiza impunidad para usurpar el espacio público, impedir la circulación del tránsito, bloquear puentes, invadir vías ferroviarias, incendiar neumáticos o acampar en la 9 de Julio.

Esta asimetría se ha impuesto en la Argentina como un “sentido común”, casi como un rasgo cultural. Desde todos los estamentos del Estado se emiten señales confusas y contradictorias. No se sabe si tiene más protección la víctima o el victimario, el socio o el barra brava de un club. Los que trabajan y producen sienten que están todo el tiempo en la mira: solos, indefensos, abandonados a su suerte. Vemos casi con naturalidad que miles de alumnos se quedan sin clases porque el gremio docente hace huelga en defensa de un sindicalista condenado por incendiar una Legislatura. Lejos de cuestionarlo, el ministro de Educación de la Nación respalda al sindicato, en la misma línea en la que el Presidente había exaltado a un dirigente sindical que hace de la extorsión y los bloqueos una estrategia de reclamo. ¿A quién protege el poder? En ese país del revés, pretender que las policías estén del lado de las normas y del ciudadano sería esperar un milagro.

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La anomia opera como una mancha de aceite que se expande en el agua. Genera desaliento y estimula, tácitamente, la ley de los hechos consumados. Cuando el cumplimiento de las normas depende de la arbitrariedad del Estado, las reglas de la convivencia se tornan difusas. No se castiga al infractor ni se reconoce al cumplidor. Las instituciones no garantizan ecuanimidad ni ejemplaridad. El viento sopla en contra del buen ciudadano. El marginal se siente habilitado, el corrupto –en cualquier escala– se anima más y el delito se torna más audaz. En esa atmósfera, es inevitable que se extienda una cultura que extrema sus rasgos más prepotentes y violentos.

Al mirar para otro lado, el Estado pierde legitimidad. ¿Con qué autoridad le pide al verdulero o al ferretero que no invada la vereda con su mercadería si consiente que el comercio ilegal ocupe plazas y avenidas? ¿Cómo les exige a bares o restaurantes que no ganen la calle con estructuras metálicas si permite la instalación de carpas y baños químicos frente a municipios y gobernaciones? Pedir permiso se ha convertido en una ingenuidad; tramitar una habilitación es “ir al muere”. El sistema invita a avanzar con prepotencia. La doble vara se ha impuesto en el espacio público: veinte camiones pueden bloquear un puente o una autopista sin ninguna consecuencia, pero un automovilista estaciona a dos centímetros de la ochava y le cae todo el peso de la grúa. Una sensación de injusticia alimenta, en la vida cotidiana, la angustia y la impotencia del ciudadano común.

Una ideología que reivindica el “Estado presente” ha acentuado, sin embargo, la deserción estatal en el espacio público. El Estado no está donde debería estar y se mete donde no debería. Pretende controlar –con resultados previsiblemente desastrosos– el dólar, los precios, la producción, la venta de granos, las importaciones, los directorios de las empresas, las relaciones laborales, los viajes y el ahorro de las personas. Inventa todo el tiempo nuevas regulaciones, cepos y restricciones. Pero a la hora de cumplir y hacer cumplir las normas más elementales, se declara prescindente. Obliga al ciudadano a arriesgarse y poner el cuerpo para defenderse como pueda.

La noción de autoridad está cada vez más desdibujada. En cualquier ciudad europea, basta que asome un uniforme a lo lejos para que los manteros recojan sus cosas a toda velocidad y salgan corriendo. En nuestros centros urbanos, en cambio, la policía custodia la expansión de “saladitas”, del mismo modo que acompaña los piquetes y facilita los bloqueos con el desvío del tránsito. Las normas se violan frente al Estado con displicencia y naturalidad. Para los que sufren el avasallamiento (sean automovilistas, comerciantes o vecinos) ni siquiera hay comprensión, sensibilidad o empatía por parte del Estado.

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La anomia no solo degrada la vida cotidiana. Es un flagelo que rompe el contrato social más elemental, el que indica que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Además, de un modo subterráneo, pero a la vez poderoso, destruye las posibilidades de progreso y desarrollo. Un país que no cumple las reglas es un país que desalienta las inversiones y favorece la corrupción. Impide proyectar a largo plazo, erosiona la confianza en “el sistema” y habilita, todo el tiempo, transas y arreglos por debajo de la mesa. La anomia resquebraja los pactos de convivencia, estimula la prepotencia y empuja a los ciudadanos a arreglarse como puedan. Como si fuera poco, aporta opacidad y transfiere el poder de la ley (que debería ser igual para todos) al arbitrio del funcionario, que decide cuándo y con quién la aplica.

Los problemas de la Argentina con las normas no nacieron ahora. Tienen raíces históricas y culturales que algunos estudiosos ubican en nuestros orígenes como nación. El filósofo y jurista Carlos Nino escribió Un país al margen de la ley hace ya treinta años. Sin embargo, es innegable que algo se ha acelerado en las últimas dos décadas, sobre todo después de la implosión de 2001. La indefensión ciudadana se ha profundizado frente a un Estado que exprime, pero, a la vez, desprotege a la sociedad. ¿Seremos capaces de amigarnos con las normas? Tal vez por allí pase el gran acuerdo nacional que nos debemos.

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