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Política General

El Gobierno y los organismos de Derechos Humanos se cruzaron en Washington por la detención de Milagro Sala

El secretario de Derechos Humanos debatió con Verbitsky ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington con un mensaje: la Casa Rosada no tiene “ningún interés” en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios “de un estado de derechos”. Esa garantía, dijo cuando se tocó el caso de la detenida Milagro Sala, no ha sido violada en Jujuy.

“El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente”, agregó Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.

“Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho”, agregó.

Los organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.

“En Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema”, dijo Verbitsky.

Avruj aprovechó su exposición ante la CIDH para anunciar que el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el código penal, que excluye el delito de sedición ante un hecho que involucra el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación.

El CELS solicitó a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de la líder de Tupac Amaru, pero, aun si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina.

Todos los representantes de organizaciones civiles y sindicatos presentes en la audiencia plantearon el mismo panorama de persecución judicial a trabajadores, criminalización de protestas y ofensivas para “disciplinar a los sindicatos”. Verbitsy incluso denunció la “intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda protesta por parte de un gobierno que sólo permite que se escuche su propia voz”.

Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, negó las acusaciones y dijo que las organizaciones sociales excedieron “los límites de la protesta” al crear un “sitio a todo el centro de la ciudad” apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.

La CIDH enviará una delegación a Jujuy en mayo, invitada por el propio gobierno de Morales. Miranda dijo que será un “honor” recibirlos.

Política General

Valdés, a días de la convención radical: “No es hora de especular con fórmulas”

El gobernador de Corrientes escribió una carta pública en la que exige a los integrantes del radicalismo “terminar con las mezquindades” y dejar de “formular elucubraciones conspirativas”; además, envió un guiño a Larreta, Macri y Bullrich

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, escribió una carta pública horas antes de la convención de la UCR y envió varios mensajes internos al partido. Desde el inicio de la misiva, Valdés dejó en claro su postura de que la UCR participe de Juntos por el Cambio, en el marco de los cruces que se dieron en las últimas semanas entre referentes radicales e integrantes del PRO.

“El 27 de mayo próximo, cuando se celebre en La Plata la Convención Nacional de la UCR, nuestra fuerza afrontará quizás como nunca antes la hora de la responsabilidad que le cabe como garante de las instituciones democráticas y las libertades ciudadanas. De allí que sea necesario explicitar en ese encuentro la pertenencia del partido y de sus valores y de la totalidad de sus referentes al espacio de Juntos por el Cambio”.

Publicada por La Nación, en la misiva, Valdés aclara que “no es hora de hacer nombres ni de especular con fórmulas electorales, sino de promover ideas y de mostrar futuros posibles, juntos, en un espacio mayor”.

Por otro lado, Valdés aseguró que “no es hora de levantar el dedo con mezquindades ni acusaciones, que no es hora de gritar ni de descalificar a quienes piensan distinto, que no es hora de formular elucubraciones conspirativas en una sociedad hastiada de internismos y asustada por el horizonte económico y social”.

En otro tramo de su carta pública, Gustavo Valdés -quien arrasó en las últimas elecciones locales superando el 75% de los votos- indicó que, desde el radicalismo, “debemos enviar un mensaje de unidad en la Convención Nacional de la UCR y explicitar que trabajaremos incansablemente para estar a la altura de nuestra historia, acompañando en las próximas elecciones a un espacio mayor, respondiendo a las demandas de la era”.

Y luego envió un guiño al PRO, en el marco del debate interno que cruza a la UCR sobre apoyar, o no, una eventual candidatura del ex presidente: “Elegiremos autoridades y confiamos en lograr listas de unidad. Estamos seguros de contar con el respaldo de todos aquellos que aspiran a una Argentina democrática, inclusiva y respetuosa, como Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrio, como Mauricio Macri y Patricia Bullrich“.

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Política General

Fiesta en Olivos: el juez aceptó la oferta de $ 3.000.000 y sobreseyó al Presidente y a Fabiola Yáñez

El juez Lino Mirabelli aceptó la oferta de 1,6 millones de pesos del jefe de Estado y de 1,4 millones de pesos de la Primera Dama, investigados por festejar el cumpleaños de esta última en plena cuarentena estricta por coronavirus

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Política

Fiesta en Olivos: el juez aceptó la oferta de $3 millones que hicieron Alberto Fernández y Fabiola Yañez y serán sobreseídos

Lino Mirabelli aceptó la donación ofrecida por la pareja presidencial; el acuerdo había sido alcanzado con el fiscal Fernando Domínguez

Lino Mirabelli, el juez federal de San Isidro homologó hoy el acuerdo alcanzado entre el fiscal Fernando Dominguez y Alberto Fernández por la Fiesta en Olivos. De esta forma, el presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yañez, deberán pagar la suma de 3 millones de pesos (1.6 y 1.4 millones respectivamente) y, una vez confirmado el pago, quedarán sobreseídos de la causa.

“No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el M.P.F., sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega: “No existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”.

Pese a que el propio presidente había firmado el decreto que establecía las consecuencias civiles y penales por violar la cuarentena y no respetar las normas de distanciamiento ni medias sanitarias, Alberto Fernández optó por realizar una erogación de dinero que será destinada al Instituto Malbrán.

Durante el proceso judicial, los abogados del mandatario realizaron varias justificaciones insólitas para restarle importancia a la participación del presidente en el cumpleaños de la primera dama celebrado en la Quinta de Olivos, pese a que en aquel momento regía la fase más estricta de la cuarentena que limitaba la circulación y prohibía cualquier tipo de encuentro social.

Al respecto, hace dos semanas la defensa de Fernández había pedido que se ponga fin al proceso penal que pesaba sobre él al justificar que no violó ninguna normativa, pues “la autoridad superior del gobierno nacional estuvo exceptuada de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el ejercicio de sus actividades y servicios. Entonces, sólo por ello, jamás podría ser imputado penalmente el Presidente por ningún acto funcional cumplido en inobservancia de aquellas normas sanitarias”.

Resuelta la situación judicial Fernández y Yañez, todavía está pendiente la definición sobre el resto de los imputados. Algunos de ellos ya han ofrecido realizar pagos en torno a los 300 mil pesos y esperan la respuesta del tribunal. Por otro lado, Stefanía Dominguez, cuyo abogado es Mauricio D´alessandro , seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente.

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