Muy serio: Gobierno pone más límites al acceso a la información

Legisladores de la oposición, ONG y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema (algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas, cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante cada pedido de información que formulan.

La génesis del problema es la falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.[pullquote position=”right”]Muy serio: Gobierno pone más límites al acceso a la información[/pullquote]

El problema, en el caso de los legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación Nuevas Generaciones, del ex diputado de Pro Julián Obiglio.

Acotada la vía del pedido de informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo en casos de corrupción.

Ante el silencio oficial, la Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172 es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.

Algo similar ocurrió con la Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou. El radical, junto con la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del empresario Lázaro Báez.

Fuente: La Nación