Este domingo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una nueva carta pública titulada “De penas y olvidos”, donde apunta contra la Justica y profundizó los argumentos que ya expuso en su presentación del viernes, cuando presentó sus alegatos en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras desde 2003.

Primero, se ocupó de descreditar a Bonadío: “No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados”, inció así sua articulo la actual presidenta del Senado.

Y agregó: “El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel”, escribió.

“El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, afirmó la vicepresidenta.

“Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?”, explicó la vicepresidenta, en forma irónica.

“Las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso”, concluyó.

En el mes de agosto, la canasta básica aumentó 7,33%  en el octavo mes del año. Una familia promedio necesitó obtener ingresos en torno a los 121.158 pesos para no ser pobres, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadìsticas y Censos (INDEC).

En este contexto de inestabilidad y apriete al bolsillo, los gremios reclaman la apertura de paritarias y los principales referentes del oficialismo, coinciden. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, coinciden. “Que cada gremio saque lo que más pueda”, sugirió el superministro en diálogo con la ex mandataria.

Desde la CGT, el pronóstico inflacionario para este año es letal: por arriba del 90%, pero en ese contexto, el desfasaje es enorme, ya que los gremios que mejor pactaron salarios lo hicieron entre el 65% y el 80%.

“Vamos a presionar para que las empresas otorguen a los que están dentro y fuera de convenio una mejora que permita llegar a ese porcentaje porque sabemos que con una inflación superior al 90 % los salarios perderán este año frente a la inflación”, sostuvo un referente de la Confederación General del Trabajo.

La lista de las entidades sindicales que renegociarán los salarios cada vez es más amplia, tanto en el sector de la alimentación, metalúrgicos, mecánicos, camioneros, cuero, construcción, mineros, navales, papeleros, portuarios y ferroviarios, en otras.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), tal como lo realiza desde el año 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional elaborada por Poliarquía Consultores. Este último valor es 47 por ciento inferior al primer mes completo del gobierno de Alberto Fernández.

El estudio se llevó a cabo entre el 5 y el 14 de septiembre, a través de una encuesta telefónica realizada en 44 localidades de Argentina. Específicamente, 1.001 residentes en ciudades de más de 10 mil habitantes respondieron el cuestionario. Mediante diferentes variables como la evolución mensual, el género, la edad, la zona geográfica, el nivel de instrucción, las víctimas de delitos y las perspectivas económicas, el monitoreo arroja el ICG según una escala de 0 a 5.

El ICG de septiembre fue de 1,23 puntos, con un aumento de 4,1 por ciento respecto al mes de agosto, y en términos interanuales el índice tuvo una variación negativa de 22 por ciento. Mientras que el nivel de confianza actual es 37 por ciento inferior al de la última medición del gobierno de Mauricio Macri (diciembre de 2019), y 47 por ciento menor al del primer mes completo del gobierno del actual Presidente (enero de 2020).

“La pequeña mejora, estadísticamente no significativa, en el ICG de septiembre mantiene al índice en los niveles más bajos de la gestión de Alberto Fernández. El trabajo de campo se llevó luego del atentado contra la vida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que sugiere que ni el hecho en sí mismo, ni sus repercusiones, tuvieron un impacto notorio en la confianza en el gobierno respecto del mes de agosto. Tampoco parece haber tenido un impacto apreciable la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía”, evaluaron.