Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

El periodista e influencer, Eduardo Prestofelippo, deberá concurrir el próximo 1 de febrero a una audiencia de juicio oral y público por “hostigar digitalmente” a Fabiola Yáñez. La primera dama fue quien inició la denuncia contra “El Presto” quien podría recibir un castigo de 30 días de arresto.

Según indicó Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el influencer “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yáñez, a través de medios digitales”.

La fiscal remarcó que “El Presto” actuó “mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y el honor de la víctima”.

Mientras CFK zafa por corrupción, El Presto va a juicio oral por “hostigamiento”

Con rapidez, el juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 11, a cargo de Marcelo Bartumeu Romero, instó al periodista a concurrir a una audiencia de juicio oral y público el 1 de febrero a las 10. “El Presto” asistirá y ya está organizando una entrada colorida para las 9:30 de ese día.

Bajo la consigna “Si quieren circo, vamos a darle circo”, el influencer llegará acompañado por una colorida murga que le pondrá música al evento judicial. “El Presto” arribará disfrazado del “dictador de Costa Pobre”, arrojando polenta sobre los asistentes y acompañado de una modelo representada como “la Justicia prostituida”.

Novedades en el mundo judicial: el radicalismo presentó un proyecto de ley para encarar una reforma al Consejo de la Magistratura, con varias diferencias respecto al que ya envió el oficialismo durante diciembre.

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, presentó la idea para reformar la composición del espacio y restituir el número de 20 miembros a ese cuerpo, que actualmente cuenta con 13.

El Congreso debe discutir una nueva composición de ese organismo porque la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley vigente y otorgó un plazo hasta abril próximo para sancionar una nueva norma.

2) Consejo de la Magistratura.
Al volver a los 20 miembros, terminamos con el vicio que acarreó la ley de 2006 de Cristina K que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos. Ahora ninguno de los dos sectores tendrá quórum propio, que queda en 12.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 12, 2022

En todos los casos se subraya que se deberá mantener la equidad de género por cada una de las categorías a elegir.

“En primer lugar, al volver a los 20 miembros, terminamos con el vicio que acarreó la ley de 2006 que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos. Ahora ninguno de los dos sectores tendrá quórum propio, que queda en 12”, explicó Negri.

Si bien se mantiene el procedimiento de selección de magistrados, se encaran modificaciones que buscan mayor “transparencia y celeridad”, según se explica, acortando los plazos, estableciendo mecanismos para una más eficiente integración de jurados, garantizando legalmente el anonimato en las pruebas de oposición, estableciendo porcentajes en la ley para los antecedentes (40%) y para la oposición (60%).