La ruta del dinero K

Ercolini procesó a CFK por asociación ilícita y dictó un embargo de $ 10.000 millones

La decisión se le suma al procesamiento que el magistrado Claudio Bonadio dictó meses atrás contra la ex presidenta en la causa "dólar futuro"

martes 27 de diciembre de 2016 - 1:52 pm

El juez federal Julián Ercolini procesó sin prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por presunta asociación ilícita, en la causa sobre direccionamiento de la obra pública, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales informaron que la resolución alcanzó a la vez al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional, Julio De Vido; y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA.

Desde la gravedad institucional, el magistrado los acusa esencialmente de "violar" su deber de administradores y de "apoderarse ilegítimamente" de fondos asignados a la obra pública, hasta el último día de gestión del gobierno anterior, más allá de endilgarles haber conformado una "asociación" para cometer delitos".

Estos son textualmente los párrafos más salientes del procesamiento: *Cristina Fernández y el resto de los procesados "habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

*Cristina Fernández y el resto del grupo de procesados "habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional, leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".

*Cristina Fernández "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

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