Política

Interés y sospechas de lavado: quiénes pagaron las campañas presidenciales

Empresarios, funcionarios y, sobre todo, un ejército de empleados públicos aparecen entre las 10.000 personas que aportaron en los tres comicios nacionales de 2015

domingo 11 de diciembre de 2016 - 8:25 am

La nacion data y Cippec analizaron casi 10.000 registros de aportantes de las principales alianzas para desenredar quiénes fueron los principales financistas de los candidatos.

El listado incluye a grandes empresarios y reconocidos funcionarios, pero está invadida, sobre todo, por un ejército de miles de empleados públicos. La Justicia investiga ilícitos en la campaña sobre dos tendencias: por un lado, las donaciones indirectas de empresas -prohibidas por la ley- y, por el otro, lavado de dinero de actividades ilícitas como la corrupción que -sospechan- se pudo haber blanqueado con el uso de empleados públicos como pantalla para justificar los aportes.

Cambiemos fue la fuerza política con más ingresos declarados durante 2015: $ 286 millones. Utilizó $ 162 millones para hacer frente a las tres campañas electorales y, además, recaudó otros $ 124 millones en las cuentas de Pro en 2015. Este último dinero -según declararon sus autoridades- también fue invertido en la campaña. El oficialismo se apoyó en empresarios de confianza de Mauricio Macri.

El caso de San Luis es muy particular. El gobernador Alberto Rodríguez Saá sentó a su lado el martes 12 de abril a cuatro empresarios que construirán el megaproyecto parque La Pedrera, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales y un hospital. Seis meses antes, esas empresas puntanas habían desembolsado los millones que permitieron financiar la campaña presidencial del hermano del gobernador.

Las compañías usaron empleados de confianza para concretar las donaciones. Cecilia Ciccarone, empleada de Rovella Carranza SA, aportó $ 385.000. Esta firma construirá el estadio único ($ 600 millones) y el autódromo de San Luis. Pero los vínculos de Rovella Carranza con la política no se limitan a esta provincia: ganó obras públicas por $ 17.000 millones durante el kirchnerismo. Las refacciones en la Pedrera ($ 300 millones) quedaron a cargo de Lumma SA, una empresa puntana que suele construir casas para la provincia. Meses antes, la familia Moreno -a cargo de la firma- había desembolsado $ 700.000 para la campaña de Rodríguez Saá.

Por su parte, unas 4248 personas aportaron pequeños montos para financiar las campañas de Daniel Scioli. Un verdadero ejército de empleados públicos. Un 70% entre los 100 principales donantes son de la planta estatal. La mayoría aportó unos $ 10.000. Así justificó el sciolismo los $ 110 millones de gastos declarados en proselitismo.

“Smurf laundry” o “lavado pitufo” lo llaman los especialistas. Es decir, blanqueo a través de pequeñas cantidades de dinero sobre un amplio universo de personas físicas que permiten justificar fácilmente esos ingresos. Sobre esa hipótesis trabajan distintos estamentos de la Justicia. Aun con los pequeños montos, el Frente para la Victoria (FPV) ya quedó en jaque: la Cámara Electoral detectó más de 200 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 40.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.

La administración bonaerense domina la planilla del FPV. Entre los nombres más salientes aparecen siete directores del Banco Provincia que figuran entre los donantes más generosos, con aportes por $ 40.000 cada uno. También seis empleados del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, una de las cajas más explotadas por el sciolismo.

La manipulación de los empleados públicos llegó hasta la Justicia cuando tres empleados de ARBA denunciaron haber sido incluidos en la nómina oficial sin su consentimiento y sin haber realizado donación alguna.

La alianza UNA (Sergio Massa) también hizo uso de los recursos del Estado. En su lista de aportantes (menos de 40 nombres) aparecen algunos funcionarios cercanos al candidato, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes -todos con bajos montos- están en la planta de empleados de Tigre, territorio propio para el líder opositor.

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