Finalmente, tal como lo había adelantado Alberto Fernández en la cadena nacional del pasado lunes, el Gobierno denunció penalmente a los jueces, fiscales y empresarios que realizaron un viaje a la Patagonia. El mismo trascendió a partir de la filtración de supuestos chats en los que intentaban acordar una versión pública para justificar el vuelo.

En la denuncia aparecen los nombres de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials. También el actual Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

En la misma línea, fueron denunciados los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke; y el ex director de jurídicos de la SIDE, Leonardo Bergroth.

La denuncia se radicó en la fiscalía de Bariloche a partir de las instrucción que le realizó Fernández a Martín Soria, ministro de Justicia.

Martín Soria

Qué dijo Alberto Fernández

“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.

“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, analizó.

En ese sentido, el primer mandatario afirmó que “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”.

Y cerró: “Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.

Desde La Cámpora repudiaron la condena de 6 años de prisión a CFK en la causa de Vialidad y no solo cuestionaron a la Justicia sino también al presidente, Alberto Fernández, a quien responsabilizan por su pasividad para avanzar en una reforma del Poder Judicial.

El encargado de expresar la postura del grupo militante más afín a Cristina Kirchner fue su secretario general, Andrés Larroque quien le exigió al mandatario que “reaccione y vaya a fondo”:

“El Presidente tiene que reaccionar frente a esta situación de tremenda gravedad y de manera contundente. Acá hay que llamar las cosas por su nombre, terminar con las metáforas e ir a fondo”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

Respecto a la cadena nacional que brindó el presidente, Larrque consideró que “fue buena”, sin embargo no suficiente: “Todos esperamos mucho más del Presidente. Decisión y lo que quizás no se ha realizado en este tiempo”, manifestó para luego exigirle que esté “a la altura de la circunstancias”.

Pese a quedar inhabilitada para ocupar cargos públicos, CFK sorprendió al manifestar que el próximo año no iba a candidatearse a ningún puesto, una decisión que Larroque catalogó como “terminante”:

“Yo creo que ella está convocando a tomar conciencia respecto a lo delicado del momento que estamos atravesando. Este es un punto más de un proceso de descomposición política e institucional de la Argentina y su planteo tiene que ver con hacer un llamado de atención profundo a toda la dirigencia, a todos los factores de poder, porque el país de esta manera no puede funcionar. Conociéndola a ella, me parece que la decisión es terminante”, cerró.

Conocida la sentencia a seis años de prisión contra la vicepresidente, Cristina Kirchner, la Liga de Gobernadores Peronistas cerró filas y repudió la resolución del Tribunal Oral Federal N°2 con duras críticas a los jueces que la condenaron.

“Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, dijeron, tras conocerse el fallo.

En el extenso comunicado, los mandatarios provinciales peronistas reiteraron varias veces que el juicio se trataría de una farsa: “Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”.

A su vez, manifestaron que todo el proceso estuvo viciado por el “afán de imputarla penalmente” por lo que “le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos”.

UN HECHO DE ENORME GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 7, 2022

Y agregaron: “Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.

Por último vincularon el juicio a una maniobra de sectores económicos que también lo hicieron en otros países como Brasil con Lula da Silva o Ecuador con Rafael Correa: “Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”, dijeron.

Y cerraron con una polémica comparación entre la resolución y la última dictadura militar: “La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”.