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Judiciales

Se aprobó la ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina

La propuesta fue aprobada en una sesión especial por 132 votos afirmativos, contra 17 negativos y 23 abstenciones

La Cámara de Diputados convirtió en ley, pasada la medianoche, la prohibición de las carreras de galgos en una jornada donde organizaciones defensoras de animales y personas que someten a perros a esas competencias se enfrentaron en las puertas del Congreso y obligaron a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en la zona.

La propuesta fue aprobada en una sesión especial por 132 votos afirmativos, que en su mayoría correspondieron a los representantes de la alianza oficialista Cambiemos y sus habituales aliados del Frente Renovador y el bloque Justicialista, contra 17 negativos y 23 abstenciones.

La diputada radical Gabriela Burgos defendió la iniciativa en la apertura del debate y sostuvo que “es una nueva tendencia, un nuevo paradigma positivo prohibir las carreras de galgos”, y remarcó que con esta propuesta “hemos dado una respuesta a una lucha” a favor de los animales.

“Son muchísimas las situaciones de crueldad” a las que son sometidos los perros, dijo la legisladora, quien destacó la necesidad que “prohibamos este tipo de actividades”.

Por su parte, el macrista Daniel Lipovetzky sostuvo que “quedó absolutamente claro el sufrimiento” al que son sometidos los galgos y advirtió que “seguir permitiendo la realización de estas carreras es seguir explotando a estos seres”.

La kirchnerista Diana Conti calificó como “bochornosa” la norma impulsada por el oficialismo y alertó que afecta “la autonomía de las provincias porque no han delegado en el Congreso nacional facultades de policía, ni de sanidad, ni de ningún otro tipo”.

“También es inconstitucional y fascista poner una pena de hasta cuatro años de prisión no excarcelable a todo aquel que organice una carrera de galgos”, sostuvo Conti, quien remarcó: “Yo voy a votar que no aunque me linchen a la salida”.

Grupos de defensores de animales y personas que someten a perros galgos a carreras se instalaron a la mañana sobre avenida Rivadavia a metros de su intersección con Callao, pero debieron ser separados por un cordón de efectivos de la Policía Federal a raíz de la tensión entre los manifestantes.

Las organizaciones defensoras de animales denunciaron que un joven fue golpeado por los “galgueros” y en redes sociales de Internet convocaron a concurrir al lugar al expresar: “no nos dejen solos, nos están pegando”.

Los defensores de las competencias, por su parte, portaban carteles en contra de la aprobación del proyecto, en los que afirmaban “no habrá ley que prohíba mi pasión”, protagonizaron forcejeos con los efectivos y profirieron insultos a las proteccionistas.

El proyecto de ley fue aprobado en agosto de 2015 por el Senado y prohíbe las carreras de perros en todo el país.
El texto, impulsado por las organizaciones y presentado por la senadora del ARI-Coalición Cívica de Río Negro María Magdalena Odarda, castiga con prisión de 1 a 4 años y multas de hasta 80 mil pesos a quien “organice, participe o promueva” esas competencias.

El presidente Mauricio Macri expresó el domingo en redes sociales de Internet su respaldo a “los proyectos que proponen terminar con las carreras de galgos en todo el país, para evitar que se siga lucrando con el sufrimiento de los animales”.

Organizaciones defensoras de animales advirtieron que los perros sometidos a correr carreras son drogados, viven hacinados en jaulas diminutas, atados para realizar montas forzadas por la cría indiscriminada de la raza, privados de sus necesidades afectivas, transportados en baúles o cajas y castigados con látigos.

La vida “útil” de esos animales es de menos de tres años y después de un tiempo de competir “quedan completamente destrozados”, advirtieron las organizaciones, y dijeron que “la mayoría son abandonados o sacrificados, porque para sus explotadores, los galgueros, les generan un gasto innecesario”.

Fuente DyN

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Caso Marcela López: cómo sigue la causa que salpica a los Kirchner en Santa Cruz

Lleva desaparecida hace ya más de 100 días. El suceso judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la ex familia presidencial

Uno de los casos más resonantes del año, en la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no tiene desenlace: se trata de la desaparición de Marcela López; no se sabe de ella desde el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, la causa judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la familia Kirchner.

Según detalla el sitio Realpolitik, las decisiones que tomó la magistrada parecieran haber encontrado más interrogantes que respuestas.

Se baraja la hipótesis de un secuestro “por haber visto algo que no debía ver”. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, presentó un pendrive con pruebas que apuntarían a ese hecho.

También se pidió la separación de la magistrada por haberse negado a continuar con los allanamientos y por estar vinculada a la ex familia presidencial.

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Denuncian al abogado de Máximo K por abuso de poder y desobediencia a funcionario público

Se trata de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien días atrás había denunciado a un grupo de jueces por haber fallado en su contra; la denuncia contra el abogado de Máximo Kirchner recayó en el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El tiutlar de la Inspección General de Justicia y abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue denunciado esta semana por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y obstrucción a la Justicia.

La causa recayó sobre el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tras una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Recordemos que Nissen había denunciado ante el INADI a los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial y había pedido su destitución, por haber anulado tres resoluciones suyas que imponían el cupo de género en los directorios de las empresas.

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Por esta decisión, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron a Nissen y consideraron que la medida era un “amedrentamiento”.

¿Cómo escaló el conflicto?

En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.

La medida fue discutida en la Justicia. Y en su fallo, los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín plantearon que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”. Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”. El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.

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Pero el titular de la IGJ no toleró el revés. En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que le iba a iniciar juicio político a los dos jueces por haber anulado su medida.

Nissen, enfrentado a denuncias de acoso

No es la primera vez que Nissen enfrenta incómodas situaciones judiciales. A finales del 2020, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina realizó una presentación para dar a conocer las situaciones que habrían pasado varias mujeres que pretendían cubrir cargos en la IGJ. Según dijeron, Nissen habría tenido con dos de estas mujeres actos lesivos en su contra: ambas relataban haber sido acosadas sexualmente a los efectos y promesas de que si accedían a la solicitud indecorosa, podían ocupar cargos vacantes en dicho organismo.

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En aquel entonces, la Fundación puso en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entonces a cargo de Marcela Losardo.

Las chicas tenían miedo, entonces nosotros le presentamos la denuncia ante la ministra Marcela Lossardo. Nissen. Tiene muchas denuncia de acoso, maltratos y manoseo, al escrito lo presentamos por mesa de entrada, pero pensamos que la doctora Losardo nos llamaría para ratificar personalmente ante ella nuestros dichos, cuestión que esto jamás ocurrió”, resaltó el titular de la Fundación, Fernando Miguez.

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Se empieza a caer la causa penal contra el juez federal de Mendoza Walter Bento

Salieron a la luz falsos testimonios de los arrepentidos en el marco de la investigación plagada de irregularidades y comandada por el fiscal Dante Vega contra el único magistrado con competencia electoral en la provincia cuyana

La causa contra el titular del juzgado federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, sigue sumando irregularidades. Recientemente, salieron a la luz nuevas contradicciones de los arrepentidos que hacen que la investigación penda de un hilo.

En el marco de esta causa contra el único juez con competencia electoral en Mendoza, el fiscal Dante Vega apostó a convencer con la Ley del Arrepentido a muchos de los imputados de la causa, con el objetivo de que cada uno se acogiera al régimen, declarando en contra de Bento bajo el pacto de obtener a cambio la libertad.

Las pruebas que con el paso del tiempo fueron ingresando al expediente de la causa echan por tierra las declaraciones de dos abogados arrepentidos. Los letrados Martín Ríos y Matías Aramayo aceptaron acuerdos de manera exprés, sin siquiera corroborar datos y al solo efecto de declarar contra Bento.

Martín Ríos fue el primer abogado detenido. En la Justicia aseguran que su error fue elegir como defensor a un amigo de Vega, quien le habría recomendado falsear su testimonio para perjudicar a Bento y recuperar su libertad. Y así fue: la recuperó.

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Sin embargo, el abogado no acompañó sus declaraciones con pruebas y luego, con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas pruebas que se sumaron al expediente, se demostró la falsedad de parte de lo pronunciado. Casualmente, las pocas pruebas de descargo que realizó fueron aceptadas por el fiscal Vega en connivencia con el juez Eduardo Puigdéngolas.

Ríos se refirió en una entrevista a una hipotética reunión de la supuesta banda liderada por Bento, que se habría realizado en el Barrio Privado Palmares. Sin embargo, las constancias remitidas por la empresa de seguridad del lugar constatan que en los posibles días en los cuales pudo haberse llevado a cabo la reunión ninguno de los supuestos concurrentes ingresó al barrio. Además, contrastados los ingresos, no coincide con ninguno de los concurrentes mencionados.

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Tampoco salió del barrio el hoy difunto ex corredor de aduanas Diego Aliaga a buscar a Ríos, quien había dicho que lo hicieron ingresar al lugar por no llevar carnet de conducir. Asimismo, Ríos dijo haber visto a Bento en un vehículo Volkswagen Amarok gris, cuando para esa fecha tenía una camioneta blanca.

Finalmente, durante la investigación, fue solicitado que se corroboraran las ubicaciones de los teléfonos celulares de los involucrados, pero el fiscal rechazó el pedido de manera llamativa.

Estas contradicciones flaquean la investigación, que comienza acumular tropiezos.

Por otra parte, el segundo abogado arrepentido es Matías Aramayo, quien designó al mismo abogado defensor que Ríos y, al igual que lo sucedido con él, citó dichos incomprobables, incluso dichos de personas que están muertas.

Pese a ello, al igual que Ríos, Aramayo recuperó su libertad.

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