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Judiciales

Mafia de los contenedores: prisión preventiva para cinco integrantes de la banda

El juez Aguinsky firmó los procesamientos de Barreiro Laborda y otros integrantes de la organización, mientras que el cuñado de De Vido sigue prófugo

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó hoy por asociación ilícita y contrabando a nueve personas, a los que además embargó por más de 22 millones de pesos a cada una, en la causa que investiga a una banda de empresarios y aduaneros que buscaban liberar contenedores judicializados y en la que está prófugo desde el mes pasado un cuñado del ex ministro kirchnerista Julio De Vido.

“La maniobra que pretendió llevarse adelante no fue más que una siniestra ‘iniciativa privada’ apalancada en la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos”, sostuvo el juez en una resoluciones de más de 200 páginas.

El juez dispuso la prisión preventiva de seis de los imputados, entre ellos el empresario Carlos Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda, y confirmó la excarcelación de tres imputados -también procesados, entre ellos un “arrepentido”-, mientras que a todos les trabó embargos sobre los bienes por 22.181.818 de pesos a cada uno.

“Otros supuestos partícipes de la organización delictiva investigada, Néstor Orlando Frega y Claudio Minnicelli, se encuentran con orden de captura nacional e internacional y aún no han sido habidos”, destacó el magistrado. Minnicelli es el cuñado de De Vido y está prófugo desde el 24 de octubre pasado.

Además, la causa sigue en busca de “establecer e identificar a los restantes integrantes de la organización delictiva que aquí se investiga, y no se conoce al día de hoy el real alcance de la asociación ilícita investigada como así tampoco la identidad de todos su integrantes o intervinientes”, señaló el fallo.

Aguinsky investiga “la actividad desplegada por un grupo de personas, que formarían parte de una asociación con el objeto de cometer delitos, que habrían llevado a cabo merced a su organización y distribución de funciones, y con la connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, el ingreso a la Argentina de mercadería almacenada en contenedores declarando ante el servicio aduanero información falsa, con la que pretendieron eludir los controles dispuestos por aquel organismo”.

La causa “desnuda el plan organizado por un grupo de personas, -entre las que se encuentran funcionarios jerarquizados de la Aduana-, con miras a la obstaculización o, lisa y llanamente, al impedimento de las funciones de control encargadas al servicio aduanero sino, precisamente y en forma adicional, encaminado a eludir los nuevos controles implementados por la Aduana como consecuencia de la judicialización de casos, así como también las propias medidas dispuestas por el tribunal en el marco de esta causa”, precisó.

Para ello, añadió el juez, se buscó presentar “unos formularios denominados ‘Multinotas’, con los que se pretendió corregir y desdibujar los hechos atrapados con la denuncia penal originalmente formulada”.

Aguinsky ya venía investigando las maniobras ocurridas en la Aduana, pero el juez federal Luis Rodríguez le avisó a su colega del fuero Penal Económico que, en el marco de una causa por drogas, se encontró con escuchas que le servían para probar esas maniobras.

Según detectó, la banda habría buscado retirar contenedores que estaban frenados en la Aduana, fraguando documentación e infiltrándose en los sistemas informáticos.

La organización tenía un procedimiento de varios pasos para mover “las latas” (containers), que estaban investigados por la Justicia por tener adulterado el peso y la calidad de los materiales importados que contenían, a cambio de coimas.

Según la resolución, el grupo estaría integrado, en principio, y por lo que ha podido establecerse hasta el momento, por Oldemar Carlos Barreiro Laborda (quien fue dueño de la empresa recuperadora de autos robados Lo Jack), Edgardo Rodolfo Paolucci, Federico Ernesto Tiscornia Salort, Néstor Orlando Frega, Claudio Minnicelli, Osvaldo Alberto Giacumbo, Vanesa Valeria Calamante, Mauro Daniel Delmastro, Martín Aníbal Corral, Santiago Néstor Jiménez y Rodolfo Enrique Trebino.

Fuente: DyN

Judiciales

Caso Marcela López: cómo sigue la causa que salpica a los Kirchner en Santa Cruz

Lleva desaparecida hace ya más de 100 días. El suceso judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la ex familia presidencial

Uno de los casos más resonantes del año, en la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no tiene desenlace: se trata de la desaparición de Marcela López; no se sabe de ella desde el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, la causa judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la familia Kirchner.

Según detalla el sitio Realpolitik, las decisiones que tomó la magistrada parecieran haber encontrado más interrogantes que respuestas.

Se baraja la hipótesis de un secuestro “por haber visto algo que no debía ver”. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, presentó un pendrive con pruebas que apuntarían a ese hecho.

También se pidió la separación de la magistrada por haberse negado a continuar con los allanamientos y por estar vinculada a la ex familia presidencial.

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Judiciales

Denuncian al abogado de Máximo K por abuso de poder y desobediencia a funcionario público

Se trata de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien días atrás había denunciado a un grupo de jueces por haber fallado en su contra; la denuncia contra el abogado de Máximo Kirchner recayó en el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El tiutlar de la Inspección General de Justicia y abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue denunciado esta semana por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y obstrucción a la Justicia.

La causa recayó sobre el Juzgado 8 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tras una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Recordemos que Nissen había denunciado ante el INADI a los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial y había pedido su destitución, por haber anulado tres resoluciones suyas que imponían el cupo de género en los directorios de las empresas.

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Por esta decisión, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudiaron a Nissen y consideraron que la medida era un “amedrentamiento”.

¿Cómo escaló el conflicto?

En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.

La medida fue discutida en la Justicia. Y en su fallo, los jueces Julia Villanueva y Eduardo Machín plantearon que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”. Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”. El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.

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Pero el titular de la IGJ no toleró el revés. En una nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que le iba a iniciar juicio político a los dos jueces por haber anulado su medida.

Nissen, enfrentado a denuncias de acoso

No es la primera vez que Nissen enfrenta incómodas situaciones judiciales. A finales del 2020, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina realizó una presentación para dar a conocer las situaciones que habrían pasado varias mujeres que pretendían cubrir cargos en la IGJ. Según dijeron, Nissen habría tenido con dos de estas mujeres actos lesivos en su contra: ambas relataban haber sido acosadas sexualmente a los efectos y promesas de que si accedían a la solicitud indecorosa, podían ocupar cargos vacantes en dicho organismo.

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En aquel entonces, la Fundación puso en conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entonces a cargo de Marcela Losardo.

Las chicas tenían miedo, entonces nosotros le presentamos la denuncia ante la ministra Marcela Lossardo. Nissen. Tiene muchas denuncia de acoso, maltratos y manoseo, al escrito lo presentamos por mesa de entrada, pero pensamos que la doctora Losardo nos llamaría para ratificar personalmente ante ella nuestros dichos, cuestión que esto jamás ocurrió”, resaltó el titular de la Fundación, Fernando Miguez.

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Se empieza a caer la causa penal contra el juez federal de Mendoza Walter Bento

Salieron a la luz falsos testimonios de los arrepentidos en el marco de la investigación plagada de irregularidades y comandada por el fiscal Dante Vega contra el único magistrado con competencia electoral en la provincia cuyana

La causa contra el titular del juzgado federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, sigue sumando irregularidades. Recientemente, salieron a la luz nuevas contradicciones de los arrepentidos que hacen que la investigación penda de un hilo.

En el marco de esta causa contra el único juez con competencia electoral en Mendoza, el fiscal Dante Vega apostó a convencer con la Ley del Arrepentido a muchos de los imputados de la causa, con el objetivo de que cada uno se acogiera al régimen, declarando en contra de Bento bajo el pacto de obtener a cambio la libertad.

Las pruebas que con el paso del tiempo fueron ingresando al expediente de la causa echan por tierra las declaraciones de dos abogados arrepentidos. Los letrados Martín Ríos y Matías Aramayo aceptaron acuerdos de manera exprés, sin siquiera corroborar datos y al solo efecto de declarar contra Bento.

Martín Ríos fue el primer abogado detenido. En la Justicia aseguran que su error fue elegir como defensor a un amigo de Vega, quien le habría recomendado falsear su testimonio para perjudicar a Bento y recuperar su libertad. Y así fue: la recuperó.

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Sin embargo, el abogado no acompañó sus declaraciones con pruebas y luego, con el paso del tiempo y la recopilación de nuevas pruebas que se sumaron al expediente, se demostró la falsedad de parte de lo pronunciado. Casualmente, las pocas pruebas de descargo que realizó fueron aceptadas por el fiscal Vega en connivencia con el juez Eduardo Puigdéngolas.

Ríos se refirió en una entrevista a una hipotética reunión de la supuesta banda liderada por Bento, que se habría realizado en el Barrio Privado Palmares. Sin embargo, las constancias remitidas por la empresa de seguridad del lugar constatan que en los posibles días en los cuales pudo haberse llevado a cabo la reunión ninguno de los supuestos concurrentes ingresó al barrio. Además, contrastados los ingresos, no coincide con ninguno de los concurrentes mencionados.

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Tampoco salió del barrio el hoy difunto ex corredor de aduanas Diego Aliaga a buscar a Ríos, quien había dicho que lo hicieron ingresar al lugar por no llevar carnet de conducir. Asimismo, Ríos dijo haber visto a Bento en un vehículo Volkswagen Amarok gris, cuando para esa fecha tenía una camioneta blanca.

Finalmente, durante la investigación, fue solicitado que se corroboraran las ubicaciones de los teléfonos celulares de los involucrados, pero el fiscal rechazó el pedido de manera llamativa.

Estas contradicciones flaquean la investigación, que comienza acumular tropiezos.

Por otra parte, el segundo abogado arrepentido es Matías Aramayo, quien designó al mismo abogado defensor que Ríos y, al igual que lo sucedido con él, citó dichos incomprobables, incluso dichos de personas que están muertas.

Pese a ello, al igual que Ríos, Aramayo recuperó su libertad.

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