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Economía General

Novedoso: Gobierno quiere que los hogares le vendan electricidad a la red

El Gobierno busca financiar paneles solares para que los usuarios pongan en sus casas con el fin de abaratar los costos de la energía ecológicamente

De consumidor a productor de energía: esa es la gigantesca metamorfosis que busca generar el Gobierno en los hogares argentinos en un plazo relativamente corto.

Según informó Pablo Fernández Blanco para La Nación, el plan se pondrá en marcha el año próximo, y la figura del productor-consumidor ya prolifera en algunas provincias, como Santa Fe.

La clave de la transformación tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables, uno de los sectores que hasta ahora le trajo las mejores noticias del sector privado al presidente Mauricio Macri, con promesas de inversión por casi US$ 2000 millones en grandes proyectos.

Para los hogares, el Ministerio de Energía pretende tentar a los consumidores para que instalen en los techos de sus viviendas paneles solares que permitan tomar la radiación del sol para convertirla en electricidad, algo que podría aplicarse en casas y viviendas de propiedad horizontal (PH).

Quienes elijan esa opción tendrán dos beneficios inmediatos en términos de su economía cotidiana: como producirán parte de la energía que utilizan (habitualmente las instalaciones no alcanzan para cubrir todas sus necesidades), se les achicará la factura que reciben de las distribuidoras, como Edenor y Edesur y, en los períodos que no usen la energía podrán vender la producción excedente.

“Está la decisión de llevar el plan adelante y queremos que las leyes salgan antes de fin de año”, explicó el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind.

El proyecto legal del futuro desarrollo energético en los hogares ya está en el Congreso. El diputado nacional Cali Villalonga (Cambiemos), ex titular de Greenpeace en el país, presentó un proyecto para regular la generación en las casas.

Semanas atrás, Kind le mandó una carta al presidente de ese cuerpo para pedirle que acelere su tratamiento. Se trata nada menos que del ex ministro de Planificación, Julio De Vido: “La ley permitirá que sea legal la generación distribuida, que puedas tener paneles solares en la terraza. Desde que esté reglamentada la ley, las casas podrían vender luz. También habría que contemplar algunos incentivos para que eso pase, hay varias alternativas”, sostuvo Kind, quien no quiso dar más precisiones sobre los planes oficiales.

Las alternativas, de todas maneras, se pueden resumir: es probable que contemplen financiamiento especial para esa clase de proyectos y una conveniencia económica para quien haga la inversión.

Economía

El documento que interpela a Cristina: “No hay manera de aumentar el gasto público”

La vicepresidenta de la Nación hizo pública su postura a favor de incrementar el gasto por parte del Estado. Sin embargo, su propuesta está en la médula de la decadencia económica argentina

La derrota electoral que sufrió el oficialismo en las PASO no sólo generó una crisis política interna que derivó en un cambio de Gabinete sino que dejó entrever las dificultades económicas que atraviesa el Estado y a las cuales debería enfrentarse el Gobierno actual; entre ellas, el creciente gasto público que no pareciera ser un tema a resolver para Cristina Kirchner.

En lo que va del 2021, los recurrentes desembolsos de dinero que realiza la gestión actual han aumentado respecto a años anteriores, a través de distintos mecanismos: la emisión de bonos del Tesoro que sólo permitieron renovar los vencimientos de deuda pública y la absorción por parte del Banco Central con Leliq y pases de aproximadamente la mitad de la emisión monetaria.

Estos datos quedaron reflejados en un informe que elaboró el Instituto de Desarrolo Social Argentino (IDESA), al comparar los primeros 7 meses del corriente año respecto al mismo período del 2020. En ese sentido, se desprendió que el gasto público primario (excluyendo el pago de intereses) aumentó un 34% que, ajustando por inflación, implica una caía del -8% en términos reales.

Por su parte, el gasto en prestaciones sociales (jubilaciones, asignaciones familiares y ayudas asistenciales) aumentó 21% que, ajustado por inflación, es una caída del -17%.

El gasto en subsidios a la luz, gas y transporte subió 80% por lo que, ajustando por inflación, implica un aumento de 29% en términos reales.

Estos datos muestran que el gasto público creció nominalmente, pero la alta inflación produjo una importante licuación en términos reales

El aumento nominal de gasto público no logra incrementos reales porque la inflación –producida por el propio aumento del gasto– lo licúa. Aumentando el gasto público –como demanda la vicepresidenta– lo único que hubiese provocado es una mayor inflación con caída de las prestaciones sociales y más fondos públicos en favor de familias de ingresos medios y altos a través de subsidios a las tarifas.

En este sentido, la vicepresidenta reúne un grupo de adeptos que defienden la idea de aumentar el gasto público. Es el reflejo de una opinión extendida en la sociedad argentina de que se puede gastar sin hacer el esfuerzo de pagar impuestos.

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Economía

Pesos “para todos”: Las medidas económicas que acordó el Alberto Fernández con los gobernadores peronistas

Desde La Rioja, el mandatario buscará avanzar con “más peronismo” en un intento de revertir el resultado electoral

En La Rioja, el presidente se reunió con gobernadores que le dieron su apoyo luego de la fuerte disputa con la vicepresidente, Cristina Kirchner y en aquel encuentro avanzó con el desarrollo de medidas económicas para dar “un shock de consumo”.

Entre las medidas que el Ejecutivo tiene en estudio figuran beneficios vinculados a jubilaciones y a una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a $175.000, según pudo saber La Nación de fuentes de la delegación que acompañó a Fernández a La Rioja.

En este sentido, otras de las medidas serán el aumento adicional del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), las mejoras para las jubilaciones, pensiones y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el incremento del piso del Impuesto a las Ganancias y los créditos a tasa 0 para la construcción, se le sumaría una ampliación del Ahora 12 con una novedad: la reincorporación de las tarjetas no bancarias.

Jubilados y beneficiarios de planes sociales también están incluidos en la batería de medidas: la opción que se baraja por estas horas en los principales despachos apunta a subir por decreto los pisos de ingresos de jubilados, pensionados y AUH.

En la reunión estuvieron presentes los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja: Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Sergio Uñac, de San Juan; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Saénz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; y Jorge Capitanich, de Chaco.

A su vez, lo hicieron de manera remota a través de la plataforma zoom el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el santafesino, Omar Perotti; el entrerriano, Gustavo Bordet; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; y Arabela Carreras, de Río Negro.

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Economía

El Gobierno sumó al presupuesto los Derechos Especiales de Giro del FMI

En medio de la crisis, el oficialismo realizó una maniobra contable para poder gastar en planes y campaña los dólares extra que envío el FMI.

El Gobierno nacional tomó la decisión de incorporar al presupuesto de este año los recursos por USD 4.334 millones que había transferido recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La acción se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 622) y con la firma de los integrantes del anterior Gabinete. De esta manera, el Gobierno dispuso sumar los recursos de la cuota del FMI con el fin de evitar exceder el 20% de la recaudación del último año.

El pasado mes de marzo, el FMI realizó una asignación general de DEG por un total de USD 650 mil millones para reforzar la liquidez global que se vio afectada por la pandemia. El complemento estuvo destinado a 190 países miembros, en el caso de Argentina su cuota equivale a USD 4.334 millones.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969 para complementar las reservas internacionales oficiales de sus países miembros.

Ese dinero fue depositado como reserva en el Banco Central con el objetivo de fortalecer la posición cambiaria del país. Pero tras la crisis por la derrota en las PASO, el oficialismo decidió sumar esa suma al presupuesto de este año.

El objetivo de esta acción es poder aumentar el gasto en las próximas semanas sin incumplir la carta orgánica del Banco Central, tal como lo había planteado Cristina Kirchner en un fragmento de la carta que publicó hace unos días. Allí había criticado la gestión económica a cargo de Martín Guzmán y la subjecución presupuestaria.

“Posiblemente haya una devaluación”: el pronóstico de un economista del IAE tras las PASO

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