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Política

Definen quienes cobrarán el bono de fin de año

Sólo los de haberes más bajos podrían acceder a una suma no remunerativa que treparía por encima de 3.000 pesos. Te contamos los detalles

Momentos de definiciones en la política argentina. El Gobierno avanza con su plan para pagarle un bono de fin de año a los estatales nacionales.

Aunque decidió estirar definiciones públicas para evitar cortocircuitos con los gobernadores que no pueden hacer frente al plus para sus empleados públicos y para no condicionar las negociaciones de la CGT con el sector privado, el Presidente se reunió ayer con Andrés Ibarra (Modernización) y Jorge Triaca (Trabajo), sus dos ministros que conducen las negociaciones con los gremios, y se especula que recién en quince días habría un anuncio.

Según indica el diario Clarín, el bono será para unos 150 mil empleados públicos nacionales. De ese universo, sólo un sector minoritario -entre el 10 y el 15%, los de haberes más bajos- podría acceder a una suma no remunerativa que treparía por encima de 3.000 pesos.

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“Se hará un esfuerzo enorme para ayudar a los que menos ganan”, admitieron desde el Gobierno. “Pero -advirtieron- todavía no está cerrado”.

La masa trabajadora que recibirá el bono es baja si se tiene en cuenta que, a nivel nacional, hay unos 739 mil empleados públicos. Pero representa casi el 70% de los 215 mil que pertenecen a la Centralizada y Descentralizada del Ejecutivo.

¿Qué sucederá con el resto? “Muchos van a arreglar bonos con sus respectivas áreas, no les vamos a pagar doble bono”, explicaron en el Gobierno.

Se evalúa hacer un anuncio recién a mediados de noviembre, casi en simultáneo con el adicional para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo sobre el que trabaja la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.

Judiciales

Un fiscal pidió el procesamiento de dirigentes de la TV Pública por el retiro de $11,4 millones de pesos en bolsos

Se trata de cinco dirigentes de alto rango y una proveedora de servicios escenográficos para una producción que nunca salió a la luz. Las penas incluyen la inhabilitación de la función pública y hasta seis años de prisión. Según el fiscal, la presidente de RTA, Rosario Lufrano, estaría exenta de toda sospecha

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública y RTA (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que preside Rosario Lufrano, en el marco de la causa que investiga el retiro irregular de $11,4 millones de pesos en efectivo del cajero ubicado dentro del edificio. En ese sentido, el fiscal los acusó de los cargos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra involucraría a los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, todos ubicados en puestos de jerarquía, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri y otros empleados. Por su parte Rosario Lufrano, máxima autoridad de la empresa, estaría exenta de toda sospecha. Más aún, la línea argumental de Pollicita es que los inculpados habrían actuado “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”. Sin embargo, hace seis meses renunciaba Eliseo Álvarez, mano derecha de la presidente de RTA.

Pollicita señaló que al retirar el efectivo, “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE (…) perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Cuando se destapó el escándalo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, admitió que hubo tres extracciones por un total de $11.400.000 de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública: dos por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos. La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la supuesta intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Quiénes son los acusados

Las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión y la inhabilitación en la función pública.

Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Lo misma suerte corrió el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, tienen prohibido el ingreso al canal en tanto los sumarios administrativos estén abiertos. Una vez concluida la investigación se determinará si permanecerán o no en sus cargos.

Adriana Maestri es la única que no ocupa un cargo en la función pública, sino que fue señalada por el fiscal por obtener “indebidos beneficios” porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie.

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Política

“El Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”: la advertencia de un ministro brasilero a Argentina

Lo afirmó el titular de la cartera económica, Paulo Guedes, quien apoyó a Uruguay en su puja por una mayor liberalización del comercio dentro del grupo

El Mercosur atraviesa un complicado momento a raíz de las marcadas diferencias entre sus socios sobre como debe continuar el grupo respecto a las restricciones comerciales que hoy existen. Al respecto, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que su país no se retirará del bloque, pero no aceptará que el grupo sea una herramienta de ideología.

“Un día Argentina nos dijo eso: el Mercosur es como es, el que quiera que se retire. Nosotros devolveremos eso a Argentina: el Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”, afirmó Guedes en un evento en línea organizado por la Cámara de Comercio Internacional.

Las tensiones comenzaron en la cumbre celebrada en marzo pasado cuando el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmara que el Mercosur se había transformado en un “lastre” en referencia al poco margen de acción que tenían los países para avanzar con acuerdos de librecomercio con terceros países.

“Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Eso hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho. Terminemos con esas ideas que ayudan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco“, fue la respuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, invitando a su par de Uruguay a que abandone el grupo si no estaba de acuerdo con las condiciones.

Hoy, seis meses después, el ministro Guedes recoge el guante de esa situación y se posicionó claramente del lado de Lacalle Pou en una disputa que seguirá dando que hablar. Por lo pronto, Uruguay ya avanza por su cuenta con acuerdos de libre comercio con potencias extranjeras como china

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Judiciales

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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