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Política

El hundimiento de Scioli: la Justicia extiende el cerco junto a ex funcionarios

En el último tiempo, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su entorno político solamente acumulan causas judiciales. ¿Cómo es la situación de cada uno?

Un político que se sigue hundiendo con causas en la Justicia. Cada vez más, crecen las investigaciones sobre la gestión del ex gobernador de la Provincia, Daniel Scioli.

Según detalla el diario Perfil, son más los ex funcionarios investigados y hoy se conoció una nueva causa sobre presunta corrupción en el Astillero Río Santiago contra ex ministro de la Producción bonaerense, Cristian Breitenstein.

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El ex gobernador fue denunciado por la diputada Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto por “defraudación a la administración pública y lavado de dinero”.

Para la diputada chaqueña, el exgobernador bonaerense “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”, y pidió que se investigue al exfuncionario por “presuntas irregularidades durante su gestión y por “enriquecimiento ilícito”.

Por último, el senador provincial por Cambiemos Andrés de Leo relató cómo encontraron un presunto testaferro de Scioli: “Aquí en Bahía Blanca la AFIP empezó a investigar facturas apócrifas del empresario José Ignacio Suris y allí detecta dos empresas de Juan Carlos Mancinelli. Él usaba las facturas apócrifas de Suris para la prestación de obra pública en la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Y argumentó que “Mancinelli tiene una relación con Scioli por ser el director técnico del equipo de fútbol de Villa La Ñata, donde juega el ex gobernador. Mancinelli necesitaba financiamiento y tercerizar obra pública a empresas fantasmas que lo único que hacían eran facturas apócrifas. Esto es lo que denunciamos, uno cuando gana una licitación debe hacerlo teniendo una capacidad técnico y financiera”.

¿Qué otros casos se investigan?

Alberto Pérez y Walter Carbone. El ex Jefe de Gabinete de la Provincia ya fue imputado por administración fraudulenta y citado a indagatoria para el próximo lunes por autorizar facturas apócrifas. Por otro lado, el exdirector de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense irá a declarar el miércoles próximo por la misma causa.

El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta citó a declarar al ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pérez, en el marco de una causa en la que se investiga el “lavado de activos”, por una presunta maniobra destinada a “encubrir gastos” que eran autorizados con la firma del exfuncionario y que supondrían irregularidades por más de $ 10 millones.

En el escrito, Garganta asegura que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

En esta causa hay otros cinco funcionarios que estarían involucrados, quienes también fueron llamados a declarar en la causa.

Guillermo Scarcella. La Justicia investiga irregularidades en Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). La denuncia de Carrió apuntó en gran medida al rol de Scarcella, clave en el esquema sciolista, como supuesto testaferro del ex gobernador.

Garganta empezó a indagar en los contratos que unían a tres empresas con la compañía estatal y que estarían vinculadas a la conducción del gremio que controla el 10 por ciento de Aguas Bonaerenses.

Alberto Peluso. El ex titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense también fue denunciado por Elisa Carrió por ser, según describe la denuncia que presentó la diputada, uno de los “recaudadores de campaña” de Scioli y como el hombre que “administraba las loterías en las sombras” durante la gestión anterior.

Carrió citó un artículo periodístico en el que se sostiene que Peluso se reunió con empresarios vinculados a los bingos, les habría pedido un millón de dólares y el 1,5% de la recaudación bruta mensual como aportes de campaña.

La líder de la Coalición Cívica sostiene que “durante la gestión de Scioli, entre 2007 y 2015 se crearon 1340 agencias de lotería que negociaba en persona Peluso” y consignó además que en muchos de esos casos se les cobraba un adicional al canon para “solucionar” los trámites administrativos.

Cristian Breitenstein. El ex ministro de la Producción bonaerense quedó involucrado hoy en una causa por corrupción en el Astillero Río Santiago, tras la declaración de uno de los imputados que aseguró que el ex funcionario de Daniel Scioli cobró “en persona” sueldos de empleados que supuestamente él mismo había pedido nombrar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval.

Judiciales

Un fiscal pidió el procesamiento de dirigentes de la TV Pública por el retiro de $11,4 millones de pesos en bolsos

Se trata de cinco dirigentes de alto rango y una proveedora de servicios escenográficos para una producción que nunca salió a la luz. Las penas incluyen la inhabilitación de la función pública y hasta seis años de prisión. Según el fiscal, la presidente de RTA, Rosario Lufrano, estaría exenta de toda sospecha

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública y RTA (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que preside Rosario Lufrano, en el marco de la causa que investiga el retiro irregular de $11,4 millones de pesos en efectivo del cajero ubicado dentro del edificio. En ese sentido, el fiscal los acusó de los cargos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra involucraría a los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, todos ubicados en puestos de jerarquía, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri y otros empleados. Por su parte Rosario Lufrano, máxima autoridad de la empresa, estaría exenta de toda sospecha. Más aún, la línea argumental de Pollicita es que los inculpados habrían actuado “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”. Sin embargo, hace seis meses renunciaba Eliseo Álvarez, mano derecha de la presidente de RTA.

Pollicita señaló que al retirar el efectivo, “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE (…) perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Cuando se destapó el escándalo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, admitió que hubo tres extracciones por un total de $11.400.000 de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública: dos por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos. La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la supuesta intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Quiénes son los acusados

Las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión y la inhabilitación en la función pública.

Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Lo misma suerte corrió el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, tienen prohibido el ingreso al canal en tanto los sumarios administrativos estén abiertos. Una vez concluida la investigación se determinará si permanecerán o no en sus cargos.

Adriana Maestri es la única que no ocupa un cargo en la función pública, sino que fue señalada por el fiscal por obtener “indebidos beneficios” porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie.

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Política

“El Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”: la advertencia de un ministro brasilero a Argentina

Lo afirmó el titular de la cartera económica, Paulo Guedes, quien apoyó a Uruguay en su puja por una mayor liberalización del comercio dentro del grupo

El Mercosur atraviesa un complicado momento a raíz de las marcadas diferencias entre sus socios sobre como debe continuar el grupo respecto a las restricciones comerciales que hoy existen. Al respecto, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que su país no se retirará del bloque, pero no aceptará que el grupo sea una herramienta de ideología.

“Un día Argentina nos dijo eso: el Mercosur es como es, el que quiera que se retire. Nosotros devolveremos eso a Argentina: el Mercosur se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”, afirmó Guedes en un evento en línea organizado por la Cámara de Comercio Internacional.

Las tensiones comenzaron en la cumbre celebrada en marzo pasado cuando el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmara que el Mercosur se había transformado en un “lastre” en referencia al poco margen de acción que tenían los países para avanzar con acuerdos de librecomercio con terceros países.

“Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Eso hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho. Terminemos con esas ideas que ayudan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco“, fue la respuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, invitando a su par de Uruguay a que abandone el grupo si no estaba de acuerdo con las condiciones.

Hoy, seis meses después, el ministro Guedes recoge el guante de esa situación y se posicionó claramente del lado de Lacalle Pou en una disputa que seguirá dando que hablar. Por lo pronto, Uruguay ya avanza por su cuenta con acuerdos de libre comercio con potencias extranjeras como china

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Judiciales

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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