Luego de la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner, por fraude al Estado, la Corte Suprema de Justicia decidió reactivar la demanda civil contra la Vicepresidenta por 22.300 millones de pesos, para que pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción.

Si bien, la demanda había sido presentada en 2018, por Javier Iguacel, quien era en ese entonces quien administraba el área de Vialidad Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, recién pudo reactivarse ahora, tras la condena a los imputados.

De este modo, el máximo tribunal del país, resolvió por unanimidad, que sea el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, quien intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra la titular del Senado.

En esta instancia se reclama por los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, en la adjudicación, direccionamiento y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, por los que ayer fue condenada la ex mandataria, junto con el empresario Lázaro Báez y demás funcionarios públicos.

En tanto, la causa que está caratulada como “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños”, también se extiende a aquellos que sean responsables por los daños ocasionados al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y que en algunos casos quedaron inconclusas.

Por eso involucra del mismo modo a Báez y a José López, entre otros ex funcionarios, que en caso de ser condenados deberán también enfrentar los gastos.

Vale destacar que esta demanda, Iguacel, la había presentado ante el Tribunal Oral Federal Nro. 2, que falló contra la ex presidenta, en 2018, para que en el mismo juicio oral se resuelvan tanto la causa penal como la civil.

Sin embargo, el tribunal declinó su competencia en materia civil en favor de la Justicia Civil y Comercial Federal, por lo que quedó en suspenso a la espera de la sentencia en el fuero penal.

Diego Luciani, fiscal que interviene en la causa Vialidad, apelará la sentencia que condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner. Pedirá que a la vicepresidenta también se la condene por asociación ilícita, delito por el cual fue absuelta.

Para los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu no se configuró la asociación ilícita, en tanto para el juez Andrés Basso, sí se hizo. La apelación también será por las absoluciones de algunos de los acusados, como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

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Fue por eso que los fiscales dijeron en su comunicado: “En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”.

Según informó Clarín, también habrá una denuncia contra Máximo Kirchner a raíz de una serie de mensajes que se extrajeron del celular de José López. Allí se le consultaba al hijo de la ex presidenta dónde debían ubicarse las cien cuadras de pavimento que terminaron en manos de Lázaro Báez.

El ex ministro de Planificación Federal y ex diputado nacional Julio De Vido resultó absuelto en el juicio conocido como Vialidad.

La fiscalía había pedido una pena de diez años por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, por decisión de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Según los argumentos a los que tuvo acceso NA, el TOF 2 decidió absolverlo “con motivo de sus limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados, la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que lo coloque en una clara posición de garante para evitar el resultado lesivo”.

“Llegamos a la conclusión de que nos encontramos ante un cuadro de duda sobre la tipicidad de su conducta. En consecuencia, por imperio del principio in dubio pro reo la absolución resulta la única solución conforme derecho”, subrayó el tribunal.

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“Es la tercera vez que me traen a un juicio oral en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del estado”, había resaltado De Vido en su últimas palabras en el marco del juicio.