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Nacionales

Crece el número de comercios ilegales en todo el país: En enero vendieron por $ 1800 millones

Según CAME, en el país hay 522 “saladitas”, con más de 36.000 puestos instalados; los manteros en las vías públicas ya son más de 15.000

Los comerciantes formales ya hablan de un “invasión” de vendedores ilegales o que rozan la ilegalidad en la Argentina. Esa opinión se fundamenta en distintos estudios que muestran un crecimiento en el número de manteros y de “saladitas”, cuyas ventas, sólo en el primer mes de este año, ya bordearon los $ 1800 millones.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en enero de este año había 522 “saladitas” (centros comerciales que operan en su mayoría en negro) en el país, 38 más que en julio de 2013, cuando se había hecho el último relevamiento.

De acuerdo con el estudio, en esas 522 ferias informales, localizadas en 111 ciudades, había 36.390 puestos instalados. “En las ciudades donde se detectaron saladitas se encontraron, además, 15.179 manteros, lo que completa un caudal de al menos 51.569 vendedores ilegales (entre manteros y puestos en esos centros) en esas 111 localidades invadidas por la ilegalidad”, dice el informe, que resalta que la Capital Federal, Lomas de Zamora (donde está la megaferia de La Salada, de cuyo crecimiento exponencial informó ayer LA NACION), La Matanza, San Salvador de Jujuy y San Miguel de Tucumán “son actualmente las cinco localidades con mayor presencia de puestos ilegales. Allí se concentra el 44,1% de los puestos detectados en las ciudades con «saladitas».”[pullquote position=”right”]Crece el número de comercios ilegales en todo el país: En enero vendieron por $ 1800 millones[/pullquote]

El estudio de CAME destaca, además, que en enero “la venta ilegal en las ciudades con «saladitas» alcanzó los $ 1784 millones”. De ese total, 1310 millones corresponden a ventas en “saladitas” y $ 474 millones a ventas realizadas por manteros en la vía pública. El informe aclara que “la cifra no incluye los vendedores ambulantes, que sobre todo en las ciudades turísticas se vieron en forma abundante en diciembre, enero y también febrero”.

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La cifra que denuncia CAME no es menor. En diciembre de 2013, según el Indec, las ventas en los shoppings de la Capital Federal y el conurbano bonaerense sumaron $ 3428 millones. Es decir, las ventas ilegales que, según CAME, se llevaron a cabo en enero equivalieron al 52% de las ventas que se hicieron en los shoppings del Gran Buenos Aires en un mes en el que, además, las ventas son altas.

El secretario de Prensa de CAME, Vicente Lourenzo, explicó que las “saladitas”, que en promedio tienen entre 40 y 60 puestos, “se caracterizan, sobre todo, por la rotación diaria o semanal de esos puestos precarios”, lo que dificulta su control. Además, según Lourenzo, las “saladitas” constituyen un “gran negocio inmobiliario” para los dueños de los predios, que cobran alquileres igualmente diarios o semanales.

Otros estudios dan cuenta del crecimiento del comercio informal en el país. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en enero la venta ilegal callejera en la Capital Federal aumentó 22,8% frente al mes anterior y 26,8% frente a enero de 2013. De acuerdo con ese informe, la cuadra más afectada en la ciudad por las ventas ilegales fue la avenida Avellaneda al 2900, mientras que los rubros más comercializados fueron “indumentaria y calzado” y “óptica, fotografía, relojería y joyería”.

Pese al aumento de las ventas ilegales en enero, el presidente de la CAC, Carlos de la Vega, destacó las acciones del gobierno porteño para detener esas actividades. En los últimos días, de hecho, la Policía Metropolitana ha confiscado mercadería de vendedores informales en la zona del barrio de Once, lo que ha ocasionado enfrentamientos y cortes de tránsito.

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Para De la Vega, las “saladitas” y los vendedores callejeros constituyen una competencia desleal para los comercios formales, “que pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales”. Según el presidente de la CAC, sólo por las obligaciones impositivas los comerciantes formales enfrentan costos 50% mayores que los informales. Esa diferencia y el “dudoso origen” de los productos que venden los comerciantes informales les permiten ofrecer precios más bajos, lo que, a su vez, fomenta el crecimiento de una actividad que, según De la Vega, está dominada por organizaciones con grandes capitales.

El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, en tanto, encuentra una relación entre el crecimiento del comercio informal y la situación macroeconómica de la Argentina. El analista explicó que en el país existe un nivel de “evasión estructural” -que se evidencia en el 35% de empleo en negro-; sin embargo, también hay un “componente cíclico de la evasión, que aumenta cuando la economía se estanca, y algunos comerciantes dejan de pagar impuestos como una manera de mantener su rentabilidad”.

En ese sentido, Argañaraz cree que el aumento del comercio informal puede explicarse, en parte, por comerciantes que, ante una baja en sus ventas, han optado por empezar a vender en negro y también por personas que no encuentran empleo y “se la rebuscan” con un puesto de venta callejero.

Lo cierto es que el aumento de la venta informal es un fenómeno que preocupa a comerciantes de todo el país. Un reciente informe de la Federación Gremial de Comercio e Industria, con sede en Rosario, destaca que en el cuarto trimestre de 2013 esa actividad aumentó 11,8% frente a un año atrás. El estudio cubrió las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Salta, Neuquén, Posadas, Mendoza, Paraná y Santa Fe.

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Fuente: La Nación

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Nacionales

Causa Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuan denunció penalmente a Tolosa Paz

Es por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entiende que la titular del ministerio de Desarrollo Social no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios del mencionado programa

Novedades sobre la causa Potenciar Trabajo: el fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por el presunto delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”.

Entiende que no dio de baja a los más de 250.000 beneficiarios de ese programa con las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFIP.

Había 2.800 personas fallecidas cobrando el beneficio social, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.

Estos fueron los primeros números que denunció el fiscal Guillermo Marijuan por el delito de defraudación, entendiendo que el 20% de los beneficiarios finales, no debían estar percibiendo el plan social que representa una erogación mensual de casi 7.000 millones de pesos al Estado.

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Frente a ese número que constató, dijo en su denuncia, en base a dos informes proporcionados por la AFIP que se encargó de realizar el entrecruzamiento de datos, el fiscal Marijuan pidió la suspensión de los más de 253.000 planes.

Dudas en la oposición sobre la “confidencialidad” en la compra de vacunas contra el Covid por 1.700 millones de dólares

Sin embargo, la ministra Tolosa Paz que está frente a la cartera hace poco más de un mes, resolvió dar de baja sólo a 2.243 programas asistenciales.

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Interior del País

La Corte de Tucumán habilitó la candidatura a vicegobernador de Manzur en 2023

El jefe de Gabinete armaría una fórmula junto al mandatario que hoy lo reemplaza en la gobernación. Dejaría su cargo en el Gobierno Nacional

Durante las últimas horas, la Corte de Tucumán habilitó la candidatura a vicegobernador de Juan Manzur para el 2023.

De esta forma, se acelera su salida del Gabinete. El jefe de Gabinete armaría una fórmula junto al mandatario que hoy lo reemplaza en la gobernación de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

“Lo que hubo fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la cual los cinco miembros ratificaron que no hay objeción en el que caso de que yo decida que yo pueda ocupar un cargo electivo”, afirmó Manzur en conferencia de prensa.

Sin embargo, evitó dar precisiones electorales al sostener que “hoy no hay candidaturas, es muy precoz y esas cuestiones se van a decidir el año que viene” y que “la provincia de Tucumán está enfocada en la gestión”.

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En el Art. 90 de la Constitución de Tucumán se prohíbe la reelección del Gobernador y vicegobernador para sus respectivos cargos después de cumplir dos mandatos consecutivos.

Tras el pedido de Tolosa Paz, la Justicia levantó el secreto fiscal en la causa por irregularidades en el Potenciar Trabajo

Sin embargo, no prevé la alternativa de que el Gobernador pueda aspirar a la vicegobernación. Por esa razón, los jueces Daniel Leiva, Antonio Estofan y Eleonora Rodríguez Campos dieron lugar al amparo de Manzur.

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Interior del País

Santa Fe: Marcelo Saín fue imputado como jefe de una asociación ilícita

Se lo acusa al ex ministro de Seguridad de dirigir una banda destinada a “cometer distintos delitos contra la administración pública” como el desvío de fondos y espionaje ilegal

Novedades desde la provincia de Santa Fe: el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado. Está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales.

En la audiencia, el protagonista dijo que cumplía “directivas expresas del gobernador” de Santa Fe, Omar Perotti.

De acuerdo al fiscal Ezequiel Hernández, los delitos fueron cometidos mientras ocupaba su cargo, entre diciembre de 2019 y marzo de 2021. Junto a él fueron imputados otros siete ex funcionarios.

“Nosotros desde el ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador. Él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en Santa Fe”, aseguró Marcelo Saín en la audiencia.

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Según planteó la fiscalía, la “organización criminal” tenía “estructura piramidal. Era encabezada por el ex ministro de Seguridad y por las dos organizadoras”.

“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por pedido de la UCR: Cecilia Moreau apelará el fallo que impide a la oposición ocupar dos bancas en la Magistratura

La defensa de los imputados planteó su rechazo frente a esa acusación. Consideran que no existió ese delito.

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