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Judiciales

Otra denuncia de Carrió: Cámara confirmó embargo por 300 millones de pesos

En un juicio que dura 15 años, Casación declaró inadmisibles los pedidos del banquero Carlos Rohm

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró hoy inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos contra las decisiones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, que rechazaba los planteos de nulidad de las declaraciones indagatorias prestadas por el ex vicepresidente del Banco General de Negocios Carlos Rhom.

Los reclamos de Rhom también iban contra las de la Sala II de la Cámara Federal, que confirmaban el embargo dispuesto por la jueza federal María Servini de Cubría de cien millones de pesos por cada una de las entidades financieras Dresdner Bank, Credit Suisse y J.P. Morgan, involucradas en la causa donde se investiga a los hermanos Rhom.

La suma del embargo de 300 millones tiene el propósito de garantizar, cuanto menos, la indemnización civil derivada de la mega estafa denunciada y las costas del proceso; según detalla el informe de Clarín.

Esta causa comenzó a fines de 2001, cuando las entonces diputadas del ARI Elisa Carrió y Graciela Ocaña denunciaron que tras decretarse ese año el corralito financiero, el BGN habría sacado del país depósitos de sus clientes.

En aquel momento la jueza Servini consideró que el BGN realizó operaciones encubiertas para sacar dinero, como dar préstamos a quienes no tenían capacidad de devolver o “captar depósitos de terceros fuera del circuito financiero, en efectivo o en títulos”.

La jueza agregó que la Compañía General de Negocios, firma uruguaya del grupo, captaba “depósitos de terceros en nuestro país, sin la autorización de la Ley de Entidades Financieras y fuera de la regulación del Banco Central de la República Argentina”.

Esas operaciones marginales llevaron al BGN “a la falta de liquidez y a la necesidad de, ante el total quebranto del sistema financiero argentino, trasladar recursos desde la plaza uruguaya a la argentina”.

El ex vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN) estuvo detenido en el 2002 por haber sido el jefe de una asociación ilícita que incurrió en fuga de capitales.

Así lo determinó la Sala II de la Cámara Federal, que revocó en el 2002 una resolución de la jueza federal María Servini de Cubría, quien había concedido a Rohm el beneficio de la excarcelación previo pago de una caución de un millón de pesos.

El 15 de julio de 2002, la misma Sala había confirmado el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de cien millones de pesos sobre los bienes de Rohm, que había dictado la magistrada el 6 de marzo de ese mismo año.

En aquella oportunidad, los camaristas afirmaron que existían “diversos elementos que permiten concluir que (Rohm) ejercía la función de jefe de la organización” por “la posición que mantenía tanto en lo atinente a la estructura del grupo como en punto al proceso de toma de decisiones concretas”.

“Las decisiones vinculadas con operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en la Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN provenían de directivas emanadas del nombrado”, dijeron los jueces.

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

El diputado liberal había respondido a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre el conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia y los tildó de “son falsos mapuches y terroristas”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, fue denunciado en la Justicia por “apología del crimen e intimidación pública”, luego de que se expresara en las redes sociales en contra de las protestas mapuches en el sur argentino y pedir “encarcelar o meter bala” a los manifestantes.

Las declaraciones del legislador se dieron días después del ataque en Chubut que se vincula a la organización Resistencia Ancestral Mapuche, cuando en un vivo de Instagram, ante la consulta de una seguidora: “cómo resolverías la situación con los pseudo mapuches en nuestra Patagonia?”, el economista respondió: “Yo creo que hay que declarar un Estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los mapuches si se resisten”.

En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, prosiguió en su vociferación el Diputado. Sus palabras iniciaron una catarata de opiniones, a favor y en contra de este tipo de expresiones que fomentan el odio.

En ese sentido, el diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, denunció penalmente al legislador por “apología del crimen e intimidación pública”.

Mansilla formalizó la presentación ante la Oficina de Recepción de Denuncias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que consideró que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo Código”.

Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, señaló el diputado sureño, que se mostró muy molesto por este tipo de insinuaciones.

Por su parte, Espert hizo eco de las denuncias, a través de sus redes sociales en donde publicó el video y escribió: “Buscate un trabajo digno Mansilla”. A lo que el legislador neuquino respondió: “Laburo desde pibe, búscame en la Afip hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso”.

En cuanto al hecho que desató la furia del economista liberal y ex candidato a Presidente, aun se investiga el supuesto atentado y la aparición de panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fueron encontrados entre los restos de un incendio que destruyó la cabaña donde funcionaba la Dirección de Bosques, en el paraje El Pedregroso, ubicada sobre la ruta 40 de Chubut.

 

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