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Judiciales

Ruta del dinero K: descubren nuevos giros de plata negra de Lázaro Báez en Panamá

Las operaciones consignadas suman en total unos 34 millones de dólares. El juez federal Sebasitán Casanello mandó un exhortó para tener la confirmación formal

Un nuevo avance en la Ruta del dinero K. Una de las operaciones de lavado que confesó Leonardo Fariña en su carácter de arrepentido acaba de ser confirmada por la Justicia: directivos de la financiera Provalor aparecen involucrados en giros de plata negra de Lázaro Báez descubiertos en Panamá y realizados, a través de “La Rosadita”, entre octubre del 2011 y fines del 2012.

Según detalla el diario Clarín, luego de recibir un trabajo de la Unidad de Información Financiera (UIF) con los detalles de esas millonarias transferencias bancarias que salieron de la Argentina, pasaron por Panamá y terminaron en Suiza, el juez federal Sebasitán Casanello mandó un exhortó a la justicia panameña para tener la confirmación formal.

Las operaciones consignadas en el exhorto suman en total unos 34 millones de dólares, algunas eran conocidas otros no.

Los detalles descubiertos -por primera vez aparecen números de cuentas- complican la situación procesal de los cuatro hijos de Báez que ya fueron indagados pero aún el juez no resolvió si los procesa, sobresee o les dicta la falta de mérito.

Mientras tanto, la fiscalía suiza informó que la respuesta a un exhorto de Casanello de agosto pasado “está en curso de ejecución”.

Una de la piezas clave de esta telaraña de empresas offshore es Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde Panamá y que tiene a Martín Báez como apoderado.

Ahora se sabe que la cuenta de Teegan está en el Credicorp Bank de Panamá bajo el número 4010182454. La cueva financiera “La Rosadita” estuvo en manos de Federico Elaskar hasta mediados del 2011 cuando la compró el entorno de Báez a través de Helvetic Services Group.

Judiciales

Denuncian penalmente a Juan Zabaleta y al “Chino” Navarro por destinar subsidios millonarios a organizaciones sociales amigas

La abogada Jimena Castiñeira Arce presentó una denuncia ante la Justicia por el destino de más de 6.500 millones de pesos en cuatro meses a distintas agrupaciones cercanas al Gobierno.

La abogada Jimena Castiñeira Arce, en representación de la agrupación “Equipo Banquemos”, presentaron una denuncia penal contra el Ministro de Desarrollo social, Juan Zabaleta, el funcionario Fernando “Chino” Navarro y Juan Grabois por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación a los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

En base al informa periodístico presentado en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, en donde se demostró que “entre enero y abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social destinó más de 6.500 millones de pesos a fundaciones y organizaciones sociales”.

Queda en evidencia que existe predilección por parte del Gobierno, para con algunas fundaciones, cooperativas y asociaciones, que mantienen un vínculo cercano a los funcionarios, por lo que los denunciantes esperan avances en la causa penal en lo inmediato, la cual ha quedado a cargo del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, Ariel Lijo.

Según el informe periodístico, la fundación “La Garganta Poderosa recibió $82.213.379,7 en los primeros cuatro meses del año”. Este flujo de fondos públicos se canalizó mediante giros que tuvieron como protagonista a Julián Mur Ríos, quien firmó los cheques como titular de la asociación.

Mur Ríos fue nombrado coordinador de Inclusión Laboral de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, desde la popular revista señalaron que el firmante de los cheques ya no forma parte de la organización.

Otro de los beneficiados por estos subsidios millonarios, fue Juan Grabois, ya que el 12 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social concretó dos giros a organizaciones vinculadas al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Se trata de la Asociación Mutual Senderos, a donde se destinaron $20.371.869,13, y la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada con unos 70 millones de pesos. Ambas funcionan en Constitución, donde está la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que tiene al abogado como uno de sus principales referentes.

También, en dos pagos, la Fundación Conurbano recibió $106.650.000. Se trata de una organización de Lomas de Zamora que tiene nexos con Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y uno de los líderes del Movimiento Evita.

El titular de la Fundación Conurbano es Alfredo Luis Fernández, que es secretario de Hábitat de la Municipalidad de Lomas de Zamora, territotio de Navarro y del intendente en uso de licencia Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete bonaerense.

 

 

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Judiciales

Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

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“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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