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Política General

Schoklender contra Bonafini: “Desde que nosotros no estamos, cobraron más de 150 millones”

“El informe de AGN son 200 páginas con 60 mil palabras pero sólo mencionan dos nombres: Sergio y Pablo. Todo lo demás son secretarías, organismos, intendencias pero detrás de ellos había personas. Quiero que se sepa toda la verdad”, resaltó, en un reportaje que hoy publicó el matutino Perfil.

Pablo Schoklender, ex director de Compras de la fundación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini, instó a la dirigente a que diga públicamente qué pasó con los “150 millones de pesos” que cobró “con su firma” desde que a él y a su hermano Sergio los “echaron” de la entidad. Respecto del reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó un desvío de fondos millonario en el programa “Sueños Compartidos”, se quejó de que esa investigación “solo menciona a Pablo y Sergio” pero nada dice de funcionarios.
“El informe de AGN son 200 páginas con 60 mil palabras pero sólo mencionan dos nombres: Sergio y Pablo. Todo lo demás son secretarías, organismos, intendencias pero detrás de ellos había personas. Quiero que se sepa toda la verdad”, resaltó, en un reportaje que hoy publicó el matutino Perfil.
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Por otra parte, consideró que el juez Norberto Oyarbide “tiene que terminar preso por extorsión, por los aprietes y abusos que cometió; se cree impune”. Oyarbide, que había procesado por malversación de fondos públicos a Pablo y Sergio Schoklender, ex administrador de la Fundación, fue apartado del expediente por irregularidades en la investigación, por lo que la causa volvió a foja cero.
El juez Marcelo Martínez di Giorgi tiene ahora en sus manos el expediente por el presunto desvío de fondos de la Fundación.
El menor de los hermanos Schoklender dijo en la entrevista que no se sorprende de las denuncias por supuestas coimas pedidas por miembros de la brigada policial de Oyarbide en nombre de “Su Señoría y Carlos Leiva”, secretario letrado y mano derecha del juez.
Pablo Schoklender dirigió el departamento de Compras de la Fundación de Bonafini hasta junio del 2011 y firmaba, junto con la dirigente, los cheques emitidos para la construcción de viviendas del plan Sueños Compartidos.
El hombre asegura que está escribiendo un libro que “dará que hablar”.
Consultado sobre el informe recientemente difundido por la AGN que encabeza el radical Leandro Depouy, reflexionó que “tiene mucha información y datos”, pero se quejó de que solo apuntan a él y a su hermano.
De todos modos, Pablo estimó que con esa investigación, “más los informes de Banco Central, los 100 allanamientos, creo que la Justicia está en condiciones de elevar a juicio oral. Así nos miramos las caras y cada uno será responsable de sus actos”.
El informe que le entregó la Auditoría General de la Nación (AGN) esta semana es clave para el juez, ya que basará gran parte de su decisión en los resultados de esa pericia. Según ese estudio, el Estado otorgó 1.295 millones para la adjudicación de menos de 900 viviendas, y se detectaron desvíos hacia por 42 millones de pesos hacia cuentas de los Schoklender.
Interrogado a dónde fueron a parar los 42 millones, respondió: “El informe tiene falencias porque no les dejaron acceder a la información del Banco Central y les dijeron que las cuentas estaban protegidas. No es así. El destino del dinero fue claro, el uso de las cuentas también. Si observás solo el ingreso pero no preguntás qué se hizo con esa plata, cometes un error”.
“La cuenta me la abrió la Fundación con el escribano Gaitán como testigo, que trabaja con las Madres. Fue durante un tiempo determinado y todos sabían, incluso el gerente general de Credicoop y la UIF. El tema no pasa por ahí. Si una jurisdicción no rindió plata a la Nación quiero que pongan el nombre propio”, añadió. Y, sobre recientes afirmaciones de Bonafini acerca de que las Madres pagaban deudas de los Schoklender, dijo: “La Fundación, desde que a nosotros nos echaron ha cobrado más 150 millones de pesos con su firma. Yo quiero saber dónde y qué hicieron con esa plata. A quién le pagaron y cómo”.
Finalmente, dijo no haberse sorprendió por la denuncia por un supuesto pedido de coima en nombre de Oyarbide y su secretario.
“No, me sorprende que todo el mundo se sorprenda por algo que todo el mundo sabe en Tribunales”, remarcó.

Judiciales

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Política

Santiago Cafiero gastará $36 millones en cambiar 265 ventanas de Cancillería

La licitación fue autorizada el pasado 20 de Septiembre desde el Portal de Compras Públicas de la República Argentina

La llegada de Santiago Cafiero a la Cancillería en reemplazo de Felipe Solá no ha mostrado cambio alguno en la política exterior argentina que continúa respaldando en silencio a regímenes autoritarios como lo hizo el último miércoles cuando en la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvo de pedir la liberación de presos políticos en Nicaragua.

Sin embargo, una investigación de El Disenso revela que tras su arribo sí inicio una serie de reformas pero en el edificio de Cancillería ubicado en la intersección de las calles Esmeralda y Arenales

De acuerdo a los pliegos de la Licitación Pública autorizada el pasado 20 de Septiembre desde el Portal de Compras Públicas de la República Argentina, la Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes solicitó la contratación del servicio de provisión y colocación de 265 ventanas en la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, estimando el importe de la contratación en la suma de $36.050.000, a razón de $136.000 por ventana.

Cabe destacar que Cafiero decide avanzar con esta licitación en un contexto de crisis económica y un fuerte déficit fiscal que presiona a las arcas del estado que debe financiarse con emisión monetaria cuya consecuencia ya es bien sabida: inflación.

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Política

“Es una falta de respeto”: repudio de intendentes patagónicos a la carta del Presidente

“Gobierna desde la Capital”, exclamó el intendente de Bariloche; Desde Juntos por el Cambio también se sumaron a las criticas

El avance violento de los mapuches en el sur no tiene freno y en un clima caldeado, la carta del presidente, Alberto Fernández, a la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, asegurando que “no es responsabilidad del Gobierno brindar seguridad en la región”, no fue bien recibida por los intendentes cuyos distritos son los mas afectados por los actos calificados como “terroristas” por la propia gobernadora.

Uno de los primeros en expresar su repudio contra la misiva de Fernández fue el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien contradijo al presidente al asegurar que sí existe responsabilidad de Nación: “Tenemos que tener las garantías de seguridad por estar dentro del territorio nacional. Si se trata de terrorismo, como está planteado y con las denuncias en la Fiscalía federal de San Carlos de Bariloche, es un tema que tiene que ver con la Nación, obviamente”

Pogliano pidió mayor involucración de la Casa Rosada en lo que sucede en el propio territorio nacional ya que “el 99% de El Bolsón tiene miedo”. A su vez hizo un llamado a la Justicia para que acelere su accionar: “Nosotros queremos paz, esto lleva ya muchos años, ha habido diferentes hechos encadenados que tienen relación y por eso le exigimos a la Justicia federal que esclarezca y dé con los culpables porque esto no puede seguir sucediendo”.

Incendio en el Club Andino Piltriquitrón provocado un grupo de mapuches

Otro de los mandatarios municipales que expresó su repudio fue el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, al resaltar que la carta le parecía “terrible” ya que considera que Casa Rosada se esta deslindado del problema. Al respecto agregó: “Demuestra el grado de indefensión en el que estamos. Me parece una falta de respeto al federalismo en nuestro país”, dijo Gennuso, en declaraciones a Cadena 3. “Es como decirle a un vecino que se haga cargo del problema de uno”.

“Estamos cansados de que gobierne desde la capital gente que no entiende lo que pasa en el país”, se quejó el intendente, que integra el frente Juntos Somos Río Negro, espacio en el también se encuentra la gobernadora Carreras.

A las critcas contra Fernández se sumaron los principales referentes de Juntos por el Cambio. El diputado radical Luis Petri destacó: “El Presidente habla de solidaridad en el envío de fuerzas federales a Rio Negro ante los atentados terroristas, cuando es su obligación por la ley de Seguridad Interior por estar en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”.

Por su parte, la presidente del PRO, Patricia Bullrich consideró que el jefe de Estado “peca de ignorante eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad”. “El sur está en peligro y usted lo abandona. Exigimos la inmediata rectificación de su posición”, agregó la presidenta del PRO.

“El Presidente actúa como Poncio Pilatos ante la violencia de la RAM en la Patagonia. “No es mi función”, dice la máxima autoridad del Estado. Es su deber constitucional, Presidente, defender la propiedad, la libertad y la integridad física de los argentinos. No se lave las manos”, suscribió Cristian Ritondo.

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