Venezuela

Comisión Interamericana de DD.HH condenó denuncia a medios opositores y persecución política

El órgano de la OEA se pronunció ante los hechos acontecidos en Venezuela el 12 de febrero pasado, que dejaron 3 muertos, 66 heridos y 69 detenidos, según cifras oficiales

viernes 14 de febrero de 2014 - 8:52 pm

Integrada por siete miembros independientes que no representan sus países de origen o residencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se hizo eco de los graves hechos producidos esta semana en Venezuela.

Este viernes publicó un comunicado en relación a los disturbios del 12 de febrero pasado, que terminó con 3 muertos, 66 heridos graves y 69 detenidos, según la cifra oficial. Condenó la censura a medios opositores, agresiones contra ONGs defensoras de derechos humanos y la persecución a dirigentes políticos. [pullquote position=”right”]Comisión Interamericana de DD.HH  condenó denuncia a medios opositores y persecución política.[/pullquote]

“La CIDH ha tomado conocimiento sobre los enfrentamientos violentos ocurridos durante las manifestaciones (del 12 de febrero pasado), en particular, las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes, así como el alegado uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado”.

“De acuerdo a cifras oficiales, en Caracas tres personas habrían fallecido por heridas de arma de fuego y 69 personas también habrían sido detenidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han informado que esta cifra ascendería a más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país, y que en algunos casos las personas fueron trasladadas a destacamentos militares y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), se habrían mantenido incomunicadas y no se les habría permitido contacto inicial con sus abogados y familiares”.

“La Comisión también ha recibido información sobre un supuesto bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela durante el desarrollo de estas manifestaciones y el cubrimiento noticioso que venían haciendo de las mismas. En particular, de acuerdo a información de público conocimiento, se habría sacado del aire la señal del canal colombiano de noticias NTN24, transmitido en Venezuela en la televisión por cable, mientras informaba sobre lo ocurrido durante las protestas”.

“En ese sentido, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteran su preocupación por la reducción de los espacios de debate público y que en esta coyuntura se configure la salida intempestiva de un canal y la persistente amenaza de sanción a los medios de comunicación por parte de las autoridades, por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Ello se traduce en una falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión de forma libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”.

“La CIDH observa también que estos hechos ocurren en un contexto en el cual algunas autoridades venezolanas han hecho declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. La Comisión reitera asimismo, que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no solo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza”.

“La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción.

“La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”.

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